“No estoy de acuerdo con el Consejo del Poder Judicial, eso tiene que reorientarse”

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, propuso una “gran ola de reforma” del Poder Judicial y el Ministerio Público como forma de reorientar una justicia que “ha perdido mucha credibilidad” y que -según explica- se ha complotado con narcotraficantes y políticos para la designación de jueces.

Al participar como invitado en el espacio Diálogo Libre que conduce el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, el precandidato peledeísta y exprocurador general de la República planteó una reforma a la Constitución para adecuar la judicatura y el Ministerio Público conforme a las experiencias que se han vivido.

Entre las reformas que tiene en mente Domínguez Brito, para otorgar mayor independencia al sistema judicial, se encuentra todo lo referente a la Suprema Corte de Justicia y la designación de su presidente que debería ser -según entiende- un juez de carrera.

También dentro de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura estimó es menester incluir a dos jueces de carrera “como un elemento importante para promover esa independencia”.

Asimismo, el precandidato peledeísta habló de la creación de un sistema de evaluación de desempeño sobre los jueces de la Suprema Corte de Justicia y demás jueces “totalmente diferente a lo que hemos tenido hasta ahora”.

“Un sistema de desempeño no es yo sentarte en una silla y preguntarte cuáles son las causas de nulidad de un contrato. ¿Son relativas?, ¿son absolutas? Eso no es”, observó Domínguez Brito.

“Un sistema tiene que ver con la calidad de sus decisiones, con la celeridad de sus decisiones y con un seguimiento ético en todo el sentido de la palabra por las decisiones que tomen”, prosiguió.

El precandidato peledeísta, quien no se esfuerza en negar sus vínculos con entidades del gobierno de los Estados Unidos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés,) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) anhela un sistema similar al de este país y pide tomar en cuenta también los principios y valores de un juez a la hora de su designación.

“No estoy de acuerdo con el Consejo del Poder Judicial, eso tiene que reorientarse”, afirmó Domínguez Brito, quien sostiene que en la práctica se ha convertido en un sistema donde hay aspirantes que ofrecen ascensos a cambio de su designación.

“Llegó a tal nivel que se creó una mafia apoyada por narcotraficantes y por algunos políticos en una unidad de criterios para asumir el Consejo del Poder Judicial”, subrayó el precandidato del PLD, quien en 2015, cuando fue procurador general de la República inició un proceso judicial contra los jueces Francisco Alberto Arias Valera, Awilda Inés Reyes Beltré, Delio Antonio Germán Figueroa, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, bajo acusación de manipulación de procesos judiciales y negociación de libertades de acusados de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

Domínguez Brito también consideró como una acción vital renovar la metodología de designación de los miembros del Ministerio Público para que a partir de una reforma constitucional sean funcionarios de carrera, incluido el cargo de procurador general de la República.

Sobre el cargo de procurador propuso una terna presentada por el presidente de la República al Consejo Nacional de la Magistratura, o viceversa, y que sea designado allí un funcionario con “inamovilidad” por un período de cuatro años.

“Igual el Consejo del Ministerio Público. Como está concebido, tampoco resuelve los problemas de desarrollo de una institución. Eso tendrá también que reorientarse”, apuntó Domínguez, quien reflexiona que las reformas no se pueden limitar al aspecto estructural de los entes de dirección de ambos sistemas.

Divorcios

Domínguez Brito alentó a iniciar una discusión sobre la justicia en materia civil y “si vale la pena” que un oficial del estado civil que tenga autoridad para unir en matrimonio a dos personas, también pueda proceder a su divorcio, previo a un plazo de conciliación.

Estimó que un 33 ó 35 por ciento de los recursos humanos, financieros y materiales que recibe la justicia se dedican a la ejecución de los divorcios, lo cual a su juicio se podría reducir si se fortalece la figura del notario y se evita que “se llenen los tribunales”.

Sostuvo que la lentitud y la falta de transparencia en el sistema de justicia afectan la seguridad jurídica, lo que tiene el mismo efecto en las inversiones extranjeras, por lo que propondría sistemas alternativos para resolver conflictos.

Carlos Reyes