Ordena ampliar pesquisas sobre mafia de pasaportes
Federico Méndez
SANTO DOMINGO. El juez Román Berroa Hiciano declaró complejo y ordenó la ampliación del plazo investigativo del expediente que involucra a 42 personas, entre ellos un ex funcionario de la Liga Municipal Dominicana, un subdirector de Migración, ex oficiales del Estado Civil, regidores e impostores en una alegada mafia que se dedicaba a la gestionar y conseguir pasaportes oficiales con documentos falsos.
El magistrado del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió una petición del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
Consideró que conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal, está facultado para autorizar la aplicación de las normas especiales orientadas a la investigación de asuntos complejos, en aquellos que tengan esa naturaleza, a causa del elevado número de imputados o por tratarse de delincuencia organizada.
El juez Berroa Hiciano observa que para poder realizar una adecuada investigación de los hechos, el Procurador demanda ser autorizado a aplicar las disposiciones del citado artículo.
En sus argumentaciones ante el magistrado, Domínguez Brito dice que la Procuraduría posee suficientes elementos de prueba para en su momento instrumentar cargos sobre crímenes por el artículo 2 de la Ley sobre Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como el Código Penal, contra los imputados.
El magistrado del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió una petición del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
Consideró que conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal, está facultado para autorizar la aplicación de las normas especiales orientadas a la investigación de asuntos complejos, en aquellos que tengan esa naturaleza, a causa del elevado número de imputados o por tratarse de delincuencia organizada.
El juez Berroa Hiciano observa que para poder realizar una adecuada investigación de los hechos, el Procurador demanda ser autorizado a aplicar las disposiciones del citado artículo.
En sus argumentaciones ante el magistrado, Domínguez Brito dice que la Procuraduría posee suficientes elementos de prueba para en su momento instrumentar cargos sobre crímenes por el artículo 2 de la Ley sobre Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como el Código Penal, contra los imputados.
Federico Méndez
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