PEPCA pide prisión para Raúl Mondesí

SAN CRISTÓBAL.

La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal conocerá hoy, a las 9:00 a.m., una solicitud de prisión preventiva en contra del alcalde Raúl Mondesí, acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de supuesta malversación por más de RD$200 millones.

Mediante el escrito de acusación, la PEPCA pide dictar apertura a juicio y la imposición de medida de coerción por hechos graves de corrupción.

Asimismo, solicita imponer a Bienvenido Araujo Japa, secretario general; Pedro Cordero Valverde, contralor; Antonio de Jesús Ferreira Guzmán, tesorero municipal, y Edward Vianelo Guerrero Pontier, funcionario del cabildo, una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica contra cada uno.

El MP acusa a Mondesí y los demás funcionarios del Ayuntamiento, de haber manejado los fondos de forma discrecional sin cumplir con los procedimientos, elaborando los estados financieros sin criterios técnicos, los impuestos retenidos no eran remesados, y no cumplían mínimamente con el presupuesto.

La dependencia de la Procuraduría General de la República precisa que se pudo establecer que confeccionaban documentos y hacían uso de documentos falsos para la realización de contrataciones de servicios, con cargo a los fondos del cabildo, como en algunos casos relativos a la recogida de basura.

Establece que los impuestos eran retenidos sin remitir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), deuda con la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), ausencia del pago 1X1000 del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), retenido a contratos de obras y el no pago del 1% de la Ley No. 6-86 sobre Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines (Fopetcons), retenido a contratos de obras.

Se atribuye la realización de pagos mensuales y consecutivos a favor de esposas, hijos, suegro, y personas con vinculación de consanguinidad, allegados, amigos y relacionados de las principales autoridades, la mayoría de las cuales no asisten, ni prestaban servicios en la institución edilicia.

La acusación establece también la venta de equipos de transporte (chatarras) en violación a las leyes y los reglamentos.

Señala que se utilizaron nombres de personas supuestas para elaborar contratos y cobrar cheques con endosos falsos.

Diario Libre