Administración Pública contesta al PRM con un acto de alguacil sobre funcionarios en campaña
Le “aclara” al partido opositor que la ley sobre Función Pública permite a los servidores públicos hacer actos proselitistas con ciertas restricciones
Diario Libre
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, planteó la tarde de este lunes que la Ley 41-08, sobre la Función Pública, no tiene contemplado que los funcionarios tomen licencia ordinaria sin disfrute de sueldos o la renuncia al cargo para hacer proselitismo, como quiere el PRM que se haga en la actual campaña para las primarias.
La “aclaración” del funcionario se da luego de que varios sectores políticos y sociales hayan cuestionado que en las actividades políticas de Gonzalo Castillo, precandidato para las elecciones primarias, se han integrado servidores públicos.
La situación ha provocado cierto recelo en torno a un posible uso de los recursos de las instituciones que dirigen esos funcionarios en favor del candidato del danilismo, por lo que han reclamado que renuncien al cargo y/o tomen licencia.
Ventura Camejo hizo el planteamiento mediante un acto de alguacil notificado al opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), entidad que emplazó a varios funcionarios ante la Junta Central Electoral a renunciar o tomar licencia.
El acto explica que esa norma no refiere prohibición alguna a los servidores públicos al libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, fuera del ámbito, espacio u horario que comprende la jornada laboral. Además, destaca que la Ley 41-08 “es un régimen jurídico concebido con el propósito de regular las relaciones de trabajo de las personas que desempeñan cargos dentro de la Administración Pública, los municipios y las entidades autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores”.
En una nota de prensa, Ventura Camejo subrayó que el documento entregado al PRM, sobre los cargos de niveles directivos o ministeriales, destaca “que no existe incompatibilidad alguna entre tales funciones y la actividad política, siempre que se haga respetando los horarios, espacios laborales y funciones para los cuales hayan sido designados”.
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