VIDEO | Comisiones de veeduría que han visto muy poco y no informaron nada
Por iniciativa del Gobierno se crearon 24 veedurías en las que personalidades hacían de vigilantes de los procesos de compras y contrataciones en las instituciones públicas, pero a la fecha, poco se conoce del trabajo que han realizado, porque no presentaron los informes que debían y muchas se han desintegrado o están cesantes.
Tania Molina
SANTO DOMINGO. Las comisiones de veeduría ciudadanas, creadas por el Gobierno de Danilo Medina como mecanismo de observación de las compras estatales, no han mostrado a la ciudadanía las interioridades de los procesos que deben vigilar y se suman a otras iniciativas gubernamentales por la transparencia de dudosa eficiencia.
Muchos de los honorables designados por el presidente Medina renunciaron o pasaron a formar parte de la administración del Gobierno y muchas de las 24 comisiones creadas quedaron inoperantes.
Un caso es el de la Comisión de Veeduría del Ministerio de Interior y Policía que nunca funcionó, a decir de uno de sus miembros. “Eso no funcionó. Apenas se convocó como en dos ocasiones y jamás”, sostiene Sandy Filpo, representante del empresariado de Santiago.
Una de las convocatorias, a pocos días de su creación en abril de 2014, fue para una visita al Ministerio y la otra para delimitar trabajo, recuerda. “Creo que hizo falta algún mecanismo de dirección en eso”, comenta.
La de Interior y Policía es un reflejo de la suerte de muchas de las comisiones, y cuestiona su eficacia en la carrera por mayor transparencia, sumándose a iniciativas como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la que se desconocen los casos que emprenden; o la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) que tiene récord de que los casos que presenta a la Justicia sean desestimados. Los expedientes por presunta corrupción presentados contra a los exfuncionarios, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa o Alberto Holguín, (para citar los casos más recientes), son algunos ejemplos.
En febrero de este año el presidente Medina emitió el Decreto 15-17 con el objeto de establecer “los procedimientos y controles que armonicen el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de gasto público que se originen en las compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones”, otro intento por controlar el uso del dinero público.
Decretos
La historia de las veedurías empezó en julio del 2013 cuando el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo mostró la composición de los veedores de esa dependencia. Siguieron, de manera paulatina, otros ministerios y direcciones. De la formalización de la integración de cada una se encarga el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular admitió recientemente que algunas no trabajaban al ritmo habitual, porque los miembros no le han dado el seguimiento necesario. Montalvo también se comprometió a darle más impulso.
En junio de 2014, mediante del Decreto 188-14, el presidente Medina definió el alcance y normas generales que regirían su accionar. Estableció como responsabilidad de los veedores, vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, con estricto apego a la Ley 340-06, que rige esa materia.
“Esta observación inicia con la identificación de la necesidad a través de los planes anuales de compras y contrataciones y culmina con la recepción de la obra, bien o servicio requerido”, establece el artículo 3 del decreto.
Creadas como entes independientes y autónomos, de carácter cívico y voluntario, las veedurías deben presentar ante las instituciones a las que están asignadas, informes sobre las observaciones que realizan y sus hallazgos.
El Decreto 183-15, que regula el alcance, conformación, atribuciones y competencias de las comisiones, establece en su artículo 25 que, en caso de que existan situaciones irregulares en los procesos, la comisión debe presentar informes detallando la denuncia o falta a la institución, y que si no hay respuestas, se presente ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y al Ministerio de la Presidencia.
Pocos informes
Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones, señala que su relación con las comisiones de veedurías ha sido más para aspectos de capacitación técnica, y no recuerda un solo caso en que se haya iniciado una investigación por denuncias de una veeduría.
Desde septiembre del 2012 y hasta junio pasado, Compras y Contrataciones ha registrado 280,882 procesos de licitación que involucran un monto de RD$289,626 millones. En ese período emitieron 391 resoluciones que cancelan, suspenden o anulan procesos.
Contrataciones Públicas debe suministrar a los veedores los técnicos que requieren para poder analizar las licitaciones, pero su directora admite que han tenido dificultad para proporcionarlos.
“Como son técnicos que, si bien nosotros capacitamos, son pagados con recursos de una cooperación que tiene la Dirección y hubo un problema de disponibilidad de recursos, para el desembolso. Pero ya se superó y en los próximos días eso se habrá ido resolviendo”, asegura.
Con contadas excepciones, no se conocen informes o situaciones desveladas por las veedurías, pese a que algunas entidades en las que fueron integradas han tenido escándalos por proceso irregulares.
La Comisión de Veeduría de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) se conformó en febrero de 2014 y en septiembre de 2015 ocurrió el suicido en el baño de esa entidad del arquitecto contratista David Rodríguez García, quien habría decidido terminar con su vida agobiado por las deudas que le generó un esquema de extorsión en la asignación y cubicaciones de obras en esa institución.
Los integrantes de la Comisión de la Oisoe eran Rafael Paz, quien subió al tren gubernamental en mayo de este año al ser designado como director del Consejo Nacional de Competitividad; Radhamés Mejía, rector de la Universidad Apec, el empresario Jesús Moreno, Mariluz Arias, Addys Then, Daniel Oscar y Manuel Lama.
Persio Maldonado, director del períodico El Nuevo Diario y coordinador de la Veeduría de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), resalta que ellos observaron los procesos de licitación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo que, en su mayoría no tuvieron inconvenientes. Sólo en un caso, hubo que declararlo nulo y llamar nueva vez a licitación, y en otro, se advirtió a uno de los participantes con anularlo, para que accediera a entregar informaciones, como finalmente lo hizo.
Sin embargo, Maldonado admite que en la actualidad existe un alejamiento de los integrantes de la comisión y que se requiere de un proceso de renovación.
Renuncias
Un trabajo que se hizo público fue el de los veedores del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que en enero del 2015 denunciaron la entrega de bonos que hacía esa institución y cuestionaron que los contratos para suplir alimentos en las escuelas se estaban adjudicando a proveedores que no reunían las condiciones exigidas.
En noviembre de ese mismo año renunciaron cinco de las siete personas designadas en junio de 2014 a esa comisión, alegando que no fueron tomadas en serio.
Los comisionados Ana Mitila Lora, periodista; Ramón P. Báez y Flavio Rodríguez Méndez, empresarios; y Frank de la Cruz y Johnnie Martínez, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, remitieron una carta al ministro Montalvo, exponiendo que llevan más de un año requiriendo al INABIE actualizar su portal con informaciones básicas que garanticen la transparencia de sus actividades y que no recibieron respuestas.
Los veedores del Ministerio de Obras Públicas se declararon cesantes desde principios de 2016 ante la incapacidad de la institución que dirige Gonzalo Castillo a darle respuesta a sus requerimientos.
Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), uno de los integrantes de la comisión, cuenta que, una vez creada en 2014, se tomaron unos seis meses en elaborar un reglamento interno y otros seis en diseñar un instrumento que permitiera al Ministerio evaluar cada etapa de la licitación con indicadores de cumplimiento definidos.
“Aplicar ese instrumento demandaba una capacidad de Obras Públicas que en ese momento parecía no tener y, aunque creo que los directivos del Ministerio con los que interactuábamos tenían una buena disposición, en realidad, no tuvimos forma de lograr que se implementara de manera efectiva”.
Tania Molina
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