El PRM explica los cuatro puntos que exige en el Pacto Eléctrico
Afirma que “no está de acuerdo con un pacto que deje exactamente igual las fuentes de politización e ineficiencia de las empresas distribuidoras”
Diario Libre
El director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antonio Almonte, afirmó este domingo que en términos prácticos el documento del Pacto Eléctrico propuesto por el Gobierno no plantea solución a las cuatro causas principales de la larga y tormentosa crisis del sector eléctrico dominicano, que por respeto a la sociedad no podía firmar, lo cual haría bajo esas cuatro condiciones.
Esos cuatro puntos en los que fundamenta la organización opositora su rechazo a la firma del pacto son “las razones técnicas, económicas y de transparencia”.
En un documento enviado a los medios, Almonte dice que “se esperaba que el Pacto Eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar el personal gerencial de las empresas públicas y otras medidas para acabar con el despilfarro y agregar eficiencia empresarial. Pero no lo hizo.
Agrega que por su lado, el PRM propuso que se fusionaran los tres consejos administrativos de las distribuidoras para crear uno solo, y que sus miembros fueran seleccionados mediante concurso público competitivo para reducir o evitar la influencia política, propuesta que, asegura, fue rechazada por el Gobierno.
“En el documento oficial el Palacio (Nacional) propone mantener los tres consejos y no sugiere ningún cambio en el mecanismo de escogencia de gerentes y en la dinámica de administración y controles que obligue competir y garantice eficiencia y despolitización”, indica.
Sostiene que el PRM “no está de acuerdo con un pacto que deje exactamente igual las fuentes de politización e ineficiencia de las empresas distribuidoras”.
Seis a diez años para bajar un 10% despilfarro de las EDES
“En esa mezcla aparentemente lógica”, explica Antonio Almonte, especialista en materia energética, “se termina proponiendo que para reducir los exagerados costos operativos de las distribuidoras a un mínimo de 10% respecto a sus ingresos se requerirían inicialmente seis años, tiempo a partir del cual se haría otra evaluación para llevarlo a estándar internacional que es entre 4 y 6%, lo cual, afirma, plantea un horizonte de casi 10 años para llegar a ese estándar.
“¿Por qué hay que esperar seis años para reducir personal superfluo y nominillas políticas? ¿Por qué hay que esperar seis años para eliminar subcontrataciones innecesarias, sueldos y viáticos escandalosos de empresas profundamente quebradas? ¿Por qué pedirle al PRM que firme y se comprometa con eso?”, se preguntó Almonte.
De igual manera el documento del pacto propone una tarifa de transición, no técnica o eficiente, por seis años y luego otra tarifa también transitoria hasta que diez años después pueda aplicarse una tarifa técnica que refleje los costos. Se trata de un esquema inexplicable y que contradice la ley, el fundamento de cualquier mercado y también todos los estudios sobre tarifas contratados por la propia Superintendencia y el Gobierno en pasado reciente.
Generación
En cuanto a la generación, el director ejecutivo de la Comisión de Energía del PRM agrega que la reticencia del sector privado en la inversión en proyectos de generación al ritmo y escala necesarios se debió, principalmente, a la profunda crisis financiera de las distribuidoras, la incertidumbre en la regulación y, también, a las propias lógicas y legítimas estrategias de optimización de utilidades de sus empresas.
Expone en el documento que esa experiencia demostró que el modelo de mercado mayorista, conformado por la dinámica de transacciones entre generadoras y empresas distribuidoras según la Capitalización del 1999, carecía de incentivos y condiciones estructurales suficientes para garantizarle al sistema inversiones a tiempo y de adecuada tecnología, tamaño y localización geográfica.
“Quiere decir, que el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto Eléctrico ese tema fuera abordado directa y profundamente y que se propusieran iniciativas innovadoras para corregir tan grave falla en el mercado mayorista palmariamente revelada por la dura experiencia de casi 20 años.
Sin embargo, el pacto propuesto por el Gobierno no dice nada al respecto”, dice.
Almonte afirmó que los técnicos del PRM elaboraron y presentaron propuestas de cambio “que también fueron olímpicamente rechazadas por el Gobierno”.
“¿Cómo puede pedírsele al PRM que firme un pacto que ni menciona, ni propone nada sobre tan crucial aspecto estructural del sector para atraer de manera automática y eficiente inversiones privadas [¡no estatales!] continuas en nuevas plantas de generación?”, se pregunta Almonte.
No hay regulación sin independencia
Cita que otra debilidad estructural del mercado eléctrico dominicano es su débil y muy dependiente regulación que incluye la violación frecuente de la Ley de Electricidad y otras normativas, lo que, asegura, se hace sin la Superintendencia de Electricidad (SIE).
“Todo mundo sabe que en un mercado con participación de poderosas empresas privadas locales y extranjeras, y también de empresas estatales directamente articuladas con el poder político, la regulación efectiva requiere fortaleza técnica, independencia política e independencia económica. La independencia del regulador es la primera garantía de su eficiencia operativa”, apostilla el técnico y dirigente político.
Dice que, consciente de lo anterior, el PRM propuso que en el Pacto Eléctrico se introdujera una modificación al mecanismo de designación del cuerpo regulador de la Superintendencia de Electricidad, y otras para eliminar o reducir su actual dependencia económica tan directa respecto a los aportes de las empresas públicas y privadas bajo su regulación y supervisión.
“Sin embargo, esas propuestas fueron rechazadas y se consignó en el documento oficial dejar igual la discrecionalidad absoluta del presidente de la Republica para la designación de los reguladores y también que la SIE tenga que seguir haciendo gestiones directas con las empresas privadas que regula para que le paguen la cuota mensual y lo mismo con las empresas estatales. Según el Pacto propuesto la regulación del sector anda muy bien, la ley se cumple y nada hay que mejorar”, explica.
“¿Cómo se le pide al PRM que firme un documento supuestamente de reforma con tales distorsiones?”, insistió Almonte.
Detalla que el documento del Pacto Eléctrico, a pesar de sus 58 páginas escritas, “no contesta ninguna de las preguntas sobre las cuatros patas que han sostenido el insaciable monstruo de la crisis eléctrica nacional”.
El PRM afirma que fundamenta su posición sobre la firma del Pacto Eléctrico “en un genuino interés general para que se haga una reforma” y se relance el sector eléctrico que beneficie a la gente y agregue transparencia, eficiencia y sustentabilidad al mercado eléctrico para que sirva a la competitividad económica y al desarrollo nacional, no para un movimiento cosmético, politiquero, que al final, según dice, “terminaría como ocurrió en el 1999 con la malhadada capitalización de la CDE realizada por la famosa CREP bajo orientación del PLD y Leonel Fernández”.
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