Entre actuales y ex funcionarios, son más de 4,000 los que faltan por declarar patrimonio

Muchos de los funcionarios dominicanos, sean electos o designados, hacen caso omiso la disposición legal que les ordena presentar en tiempo hábil su declaración jurada de patrimonio al iniciar o terminar su mandado.

Entre los que llegaron y salieron de la administración pública tras las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de 2020, se cuentan más de 4,000 funcionarios que no han hecho su declaración como manda la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio.

Dicha legislación otorga un plazo de 30 días para que los entrantes y salientes funcionarios obligados presenten su declaración jurada.

Entre los funcionarios electos, hay 3,919, en su gran mayoría de nivel municipal, que ocupan la lista de omisos que presenta la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, actualizada hasta el 27 de abril de este 2021. Incluyen desde alcaldes y vicealcaldes, regidores, directores y subdirectores distritales, y vocales.

Los funcionarios municipales electos en las elecciones de marzo de 2020 suman 2,292, lo que muestra que muchos de la cifra anterior corresponden a salientes.

También figuran 112 de integrantes actuales y pasados de la Cámara de Diputados y una senadora.

En el grupo de los omisos nombrados por decreto, la lista es de 534 personas, de las que 462 cesaron en sus funciones y no presentaron declaración. Entre ellos, algunos que se encuentran envueltos en procesos judiciales como es el caso del pasado director ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, el presidente y la vicepresidenta del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez, respectivamente.

Otros 69 deben hacer su declaración de primera vez (recién designados), entre los que se encuentran el exfiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, miembro del Consejo de Administración de Edesur, Luis Alberto Núñez, subadministrador de la Lotería Nacional, Justino Tavarez, subdirector del CEA, Bienvenido Peña Jiménez, viceministro de Salud Pública.

Mediante el Decreto 534-20 del 2 septiembre de 2020, el presidente de la República, Luis Abinader, suspendió de forma provisional y sin disfrute de sueldo, a siete funcionarios que no habían declarado su patrimonio.

El día 30 de ese mismo mes suspendió otros ocho funcionarios, por el mismo motivo e iguales condiciones. En noviembre de ese mismo año, otro decreto, el 674-20 también suspendía de forma provisional a otros 36 funcionarios.

En sus decretos, Abinader pone como considerando el interés de la presente administración en mantener “el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de ética, transparencia, juridicidad y buena administración pero se desconoce la actitud del mandatario frente a los que faltan por declarar a más nueve meses de iniciada su gestión de gobierno.

Diputados y embajadores

Entre los declarantes obligados de primera vez se encuentran los diputados José Rafael Mendoza y Saulo Sierra. También hay varios embajadores y cónsules, entre ellos Faruk Miguel, embajador dominicano en Haití; Juan Bautista Durán, embajador en el Reino de los Países Bajos; Julio Simón Castaños, embajador en los Emiratos Árabes; Robery Takata Pimentel, embajador en Japón; Milady Cuello Ortiz, embajadora en Ecuador; Manuel Polanco, embajador en Paraguay; Fausto Rafael Quiñonez, en Chile.

La Ley 311-14 establece en su artículo 14 que “el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública”.

Tania Molina

Es periodista en Diario Libre.