Plantean elecciones deben ser anuladas por sentencia del TSE y luego convocar nuevo proceso

Para el diputado de Fuerza del Pueblo, Henry Merán, quien fue miembro de la comisión que tuvo a cargo el proceso de reforma a la Ley Electoral sostuvo que la decisión de anular las elecciones por parte de la Junta Central Electoral (JCE) no responde a los mandatos constitucionales y que dicha decisión es competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Explicó que la Ley del Régimen Electoral 15-19 ni la Constitución prevén la suspensión de las elecciones porque “sería atentar contra el propio principio democrático de gobierno”.

“Cuando la junta dispone de la suspensión de las elecciones lo hace al margen de la Constitución y al margen de la propia ley”, aseguró el legislador, quien también es experto en derecho constitucional.

Añadió que la Constitución no deja espacio para anular las elecciones de forma general, “sí permite, la 15-19, anular las elecciones de forma parcial en mesas electorales”.

Merán reconoció la necesidad de suspender las elecciones por parte de la JCE por la imposibilidad de que el proceso continuara debido a que no aparecían los candidatos de los partidos en el sistema de votación automatizado que se utilizó el pasado domingo 16 de febrero.

Sin embargo, planteó que para “suplir esas inobservancias” la JCE debió recurrir ante el TSE.

“Esa resolución donde la junta declara la suspensión del proceso tiene que enviarse al Tribunal Superior Electoral para que este, a su vez, conozca de esta suspensión entrecomillas, cite a los partidos políticos para que se pronuncien sobre ella y finalmente el Tribunal Superior Electoral tendría que emitir una sentencia anulando las elecciones”, argumentó el diputado.

Además indicó que el órgano rector de las elecciones está obligado a reformular el calendario electoral debido a que con la anulación de las elecciones municipales se vieron afectadas las actividades entorno a las campañas presidenciales de los distintos partidos.

Sobre el particular, insistió en que la reformulación debe ser acordada con los partidos sin afectar los plazos de ley y los plazos constitucionales.

Carlos Reyes