Poderes especiales para alcaldes manejar presupuesto generan temores

La ola de aprobaciones de estado de emergencia de hasta 100 días para los alcaldes ha despertado preocupación en algunos sectores y expertos municipalistas.

Los casos de aprobación de poderes especiales para reorientar los gastos se han dado en Santiago, con 100 días para el alcalde Abel Martínez; Santo Domingo Norte, con 60 días para Carlos Guzmán; Santo Domingo Este, con 60 días para Manuel Jiménez, y en Higüey, con Rafael Barón Duluc.

Para el municipalista Domingo Matías, ni los alcaldes ni regidores tienen potestad jurídica para declarar estado de emergencia, porque es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

Sostuvo que así lo establece la Ley Orgánica No. 21-18 sobre regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución de la República Dominicana.

El municipalista Waldys Taveras señala que las prácticas de los ediles “carecen de objeto y son violatorias de la Constitución” y afirma que los alcaldes recurren a ellas, muchas veces, para disponer de los fondos de manera discrecional, amparándose en ese estado de emergencia emitido por el Congreso Nacional para el Poder Ejecutivo.

Matías argumenta que ningún Concejo de Regidores puede darle poderes especiales a los alcaldes para que gasten fondos públicos como quieran, dónde quieran y con las empresas que quieran contratar.

Advierte que los alcaldes y regidores que han declarado su municipio en emergencia por 60 días pueden entrar en problemas legales y son pasibles de consecuencias que pueden llevarle a suspenderlos de sus funciones y hasta cárcel, por violación al artículo 21 de la Ley Municipal sobre el uso y destino de los fondos.

Plantea que lo que deben hacer es activar los instrumentos locales de participación social como el Consejo Municipal de Desarrollo, el Comité Municipal PMR (Prevención, Mitigación y Respuesta), además crear brigadas de solidaridad comunitaria para ejecutar acciones cara a cara o casa a casa de promoción de la necesaria distancia social, entrega de mascarillas, guantes, en la localización de personas envejecientes.

Matías precisó que los gobiernos locales disponen de más de 800 millones presupuestado para salud, educación y género que se pueden reorientar para la adquisición de bienes y servicios que se están requiriendo para prevenir y tratar la enfermedad.

Abel Guzmán Then