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Código Penal
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Rechazan que solo se quiera sancionar a la parte médica y no a la mujer en caso de aborto

Presidente del CMD señaló deben considerar incluir las tres causales en el nuevo informe

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Rechazan que solo se quiera sancionar a la parte médica y no a la mujer en caso de aborto
Sesión de la Cámara de Diputados. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La modificación del proyecto de ley del Código Penal Dominicano continúa su curso en la Cámara de Diputados, luego de su aprobación en primera lectura el pasado 28 de abril. Para poder pasar al Senado la normativa necesita una aprobación en segunda lectura que incluye nuevas modificaciones las cuales envuelven el tema del aborto.

Dentro de los cambios hechos al proyecto, se encuentra la del artículo 109 que establece que: “quién cause la interrupción del embarazo de una mujer o coopere con dicho propósito será sancionado con uno a dos años de prisión mayor. Igual pena para los médicos, enfermeras, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causen o ayuden a causar el aborto”.

Anteriormente el párrafo contemplaba sanciones para toda aquella mujer que se induzca o consienta la interrupción del embarazo, pero debido a las nuevas modificaciones esto numeral fue eliminado.

La nueva propuesta plantea que la mujer quedaría libre en caso de realizase un aborto, debido a que no estaría tipificado como delito. En caso de la parte medica sucede lo contrario, pues se estarían enfrentando a dos años de prisión como pena máxima.

Este nuevo giro al anteproyecto de ley, no resultó del agrado del presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, quien no está de acuerdo con que se les impongan sanciones a los médicos por realizar su trabajo.

“Nosotros (CMD), estamos en contra del aborto criminal, pero apoyamos las tres causales, que es cuando la vida de la mujer está en riesgo, en caso de violación y cuando el feto presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida”, dijo Suero.

Indicó que para sancionar a un médico se debe determinar las causas por las cuales realizó la interrupción del embarazo, por lo que no considera justo perjudicar a los doctores por hacer su trabajo.

“No se debe sancionar un médico así por así, sin conocer bien la situación de la interrupción de ese embarazo, no estamos de acuerdo con eso que están planteando ahora los diputados”, enfatizó.

El abogado José Parra Báez calificó la nueva modificación realizada por los diputados como una forma de “disfrazar la negativa que tiene el Congreso Nacional de sacar un Código Penal actualizado y donde se respete el derecho de las mujeres de decidir su propia suerte”.

Manifestó que los congresistas deben modificar ese aspecto y de esa forma incluir en el informe final a presentar ante el hemiciclo, las tres causales que permitirían a la mujer interrumpir el embarazo, en esas situaciones especiales.

Parra Báez catalogó como un abuso lo que se quiere cometer contra la población médica y recordó el caso de la joven “Esperancita”, ocurrido en el 2017, enferma de leucemia, quien murió porque no pudo recibir el tratamiento ya que no se podía interrumpir el embarazo.

La presidente del Foro de mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi), Damaris Patrocinio, cuestionó el hecho de que la parte medica sea quien pague solamente cuando se realice un aborto, pero que en cambio la mujer no reciba ninguna sanción.

“Hemos visto como insisten en violar la constitución dejando sin pena a la mujer que aborte, eliminando el párrafo uno del artículo 109. Ese es primer paso para desvalorizar la vida del no nacido”, señaló Patrocinio.

Para el numeral uno del artículo 109, los diputados realizaron una pequeña modificación que establece que, si el aborto no culmina y la criatura sobrevive, pero se le causa una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo, el autor será sancionado con uno a dos años de prisión menor.

Para estos casos el Estado asumirá la tutela absoluta del niño o la niña.

Durante los dos últimos meses la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha realizado una serie de modificaciones al proyecto de Ley del Código Penal, al tiempo que se ha reunido con diversos sectores para lograr un código más actualizado.

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Licenciada en Comunicación Social, egresada de la UASD y periodista en Diario Libre.