¿Post mortem turístico?

SANTO DOMINGO. La debilidad institucional es el mayor problema de desarrollo que confrontamos. Nadie niega que este país podría dar un salto al desarrollo si se lograra solamente la aplicación cabal del entramado legal existente.

Y es desde esta perspectiva que hay que enjuiciar la propuesta creación del Instituto Dominicano de Desarrollo Turístico (Indetur). Porque el rediseño institucional implícito no necesariamente conlleva mayor institucionalidad.

Indetur fue promovido con fiereza por el anterior incumbente de la Sectur. En ello contó con el entusiasta respaldo del sector privado, quien percibió en la propuesta una real posibilidad de que aspectos claves del producto turístico, tal y como la arrabalización de los entornos, recibiera mayor atención de los responsables públicos (algo que no se ha logrado con el natimuerto Gabinete Turístico). Sin embargo, la vorágine de las elecciones presidenciales se tragó la legislación correspondiente, y hoy yace en un limbo congresional incierto.

La nueva institución sería una superagencia descentralizada investida con poderes supremos respecto al desarrollo físico de los "polos turísticos". No sólo tendría facultades hegemónicas en relación a las políticas y normas de desarrollo (incluyendo la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Turístico), sino que también trazaría el ordenamiento urbanístico y fiscalizaría su aplicación.

Además, Indetur asumiría las actuales funciones del Ceiztur (Comité Ejecutor de Obras de Infraestructura Turística manejado por la Sectur), y absorbería sus fuentes de financiamiento.

Para hacerlo todavía más proactivo, Indetur asumiría a Corphotels para tener patrimonio propio y acometer operaciones comerciales en el desarrollo de proyectos nuevos y oferta complementaria.

Resulta obvio que tales funciones plantean una amputación sustancial de las responsabilidades actuales de la Sectur. Al quitársele sus atribuciones de desarrollo, a la Sectur sólo le quedaría el manejo de la promoción institucional, la regulación de las empresas del sector y la concesión de los incentivos fiscales para nuevos proyectos.

Pero esa conclusión podría ser un espejismo puesto que su incumbente seria el Presidente del Consejo Directivo de Indetur. Al este Consejo estar conformado por tres miembros del sector público y tres del privado, no necesariamente prevalecería la influencia del sector privado en las decisiones.

Pero ambos bandos estaban dispuestos a correr ese albur. La propuesta se estancó en un comité del Congreso cuando surgieron serias objeciones al proyecto de ley correspondiente por parte de las poderosas secretarias de Hacienda y Economía.

Ambas vislumbraban una usurpación de sus facultades orgánicas. Hacienda no gustaba de la especialización de recursos tributarios para la nueva institución y recelaba de la capacidad que se le otorgaba para endeudarse sin supervisión.

La SEEPyD, por su lado, veía como un atrevimiento injustificado que sus racionales facultades respecto al ordenamiento territorial les fueran conculcadas. De nada valía que la legislación vislumbrara una estrecha coordinación entre el Indetur y esas carteras. Los objetores no permitirían que con ellos se hiciera lo que se hizo con la SEOPC y el Ceiztur.

¿Qué conviene más al país? El sector privado ha visto resultados positivos con la incursión de la Sectur -a través del Ceiztur- en el desarrollo de carreteras y playas y podría pensar que Indetur puede ayudar a focalizar y materializar el esfuerzo público.

Si para que se le preste mayor atención al reto de la desarrabalización de los polos y la planificación del desarrollo es menester este rediseño institucional, entonces es preferible "coger el toro por los cuernos", y apostar a que la composición mixta del Consejo Directivo del Indetur produciría esos resultados. Al ser el turismo la principal industria nacional, lo que le conviene al sector le conviene al país.

Hasta ahí la lógica es contundente. Pero lamentablemente, esta lógica lleva implícita algunas presunciones que estarían por probarse.

El primer desafío tendría que ver con el grado de racionalidad resultante de la composición mixta del Consejo Directivo. ¿Serían los actores privados capaces de actuar libremente y sin miedos a represalias?

El segundo desafío sería el de la selección del Director General de la institución propuesta. ¿Se buscaría un profesional idóneo o primarían los criterios partidarios? Y el tercer reto sería producir una armónica relación entre el Indetur y las demás agencias del gobierno mediante la "coordinación" vislumbrada.

Es sin duda en el cabal cumplimiento de los buenos diseños institucionales donde está el desarrollo nacional. Sin eso no vale la pena recomponer el tinglado institucional existente, y es preferible pensar en la alternativa, considerada por algunos más racional y urgente, de fusionar a la Sectur y a Semarena en una sola entidad. Hay que reconocer que muchas buenas ideas mueren en su aplicación.

Juan Lladó