Procurador cita retos en seguridad jurídica

SANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, instó ayer al sector turismo a denunciar oportunamente los casos de embargos abusivos y de invasiones de tierra, dos de los principales retos que -dice- enfrenta el país en materia de seguridad jurídica.

El Procurador mostró su preocupación por ambos temas, así como por la falsificación de títulos, la seguridad social y la seguridad ciudadana, al participar como invitado especial del almuerzo conferencia “La Seguridad Jurídica y el Sector Turismo” organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio.

El Procurador recordó que la mayoría de los embargos que se dan en el sector turismo son de tipo laboral, y que muchas veces se tratan de mafias organizadas que se hacen valer de sentencias logradas en base a artimañas, y sin usar la fuerza pública.

Indica que muchos embargos se usan como medio de presión y chantaje y que en tal sentido, han instruido al personal del Ministerio Público para que sea cuidadoso y no permita las arbitrariedades.

“Por eso les exhorto a estar atentos a cualquier notificación, y ante cualquier amenaza acudan rápido al Ministerio Público, que tenemos órdenes de apresar y someter a la justicia a estos mafiosos. No duden en someter a esas bandas”, dijo. En ese sentido, también habló de la necesidad de que la contratación de personal en el sector turístico sea ajustada a la ley de Seguridad Social, para evitar que empleados molestos puedan incoar acciones que terminen en embargos irregulares.

Dijo que para las autoridades del país es un reto transformar el sistema de seguridad social de manera que permita hacer las afiliaciones de los trabajadores extranjeros con otros documentos, además de con una cédula.

En cuando a las invasiones de tierra indicó que muchos de estos casos son patrocinados por dirigentes políticos, y recordó que dos regidores están presos por estos hechos. Domínguez Brito recordó que el Estado está llamado a proteger la propiedad, y que trabaja seriamente para evitar invasiones sin una orden judicial.

“Cualquiera que entre a una propiedad, el Ministerio Público está obligado a desalojarlo, pero se requiere de la acción más rápida posible de los inversionistas para que denuncien los casos, y no permitan que el problema crezca, pues después que la invasión tiene años, es más difícil de desalojar”.

También instó a los inversionistas de tener un rol activo en los procesos de deslindes como garantía contra las falsedades de títulos que afecta al sector.

Una fiesta para vender sexualmente a menores

El procurador Francisco Domínguez Brito reveló ayer que fueron rescatadas varias menores de edad que eran el centro de una fiesta en las que serían vendidas sexualmente, en algunos casos por sus propios padres.

De la fiesta fueron rescatadas 17 menores, ocho de ellas con edades de 13 y 14 años,  siete con 15 y 16, y dos de 17 y 18 años.   Dijo que algunas de las niñas que iban a ser vendidas por sus padres, por lo que hoy algunas de ellas están en Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia (Conani), y en otros lugares bajo cuidado de las autoridades. El rescate se produjo durante un operativo realizado en Sosúa, hace dos semanas, según dijo.

Domínguez Brito mostró su preocupación por “una minoría del sector turismo” que vende a la República Dominicana como un lugar para la prostitución, sobre todo de menores de edad.

“La trata y abuso sexual es un reto y gran desafío.  Es un reto para el Ministerio Público  organizado no permitir que estas minorías puedan usar a la RD como un espacio de venta sexual”, dijo.

Tania Molina