RD plantea ante la SIP libertad de expresión está amenazada en el país; leyes despiertan temores de censura

  • Denuncia la aprobación de dos leyes que establecen condena de hasta 10 años de prisión a ciudadanos y periodistas por difamación e injuria y otros delitos

La libertad de expresión en la República Dominicana está amenazada luego de que se aprobaran dos leyes que limitan el ejercicio periodístico en tiempos de campañas políticas y se discute otra similar en el Congreso Nacional, situación que ha despertado el temor de que resurjan en la nación mecanismos de censura, indica el informe de la situación dominicana preparado por Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, el cual fue leído este sábado por Adriano Miguel Tejada, miembro de la Junta de Directores de ese organismo.

Las leyes a las que se refiere el documento son las de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Electoral, que contienen “disposiciones que amenazan la libertad de expresión de los ciudadanos en tiempos de campaña proselitista” y contemplan penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra los candidatos y partidos políticos y de 3 a 10 años por violaciones normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

“A la existencia de estas leyes podrían agregarse otras que se discuten en el Congreso sobre los medios de comunicación que contemplan restricciones y normas inhibitorias”, advierte el informe leído esta tarde por el director de Diario Libre y miembro de la Junta de Directores de la SIP durante la segunda jornada de la reunión que se desarrolla en Cartagena de Indias, Colombia. Miguel Franjul, quien preparó el informe, es director del periódico Listín Diario.

Sobre la Ley Electoral advierte que contempla penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra candidatos, agrupaciones y partidos políticos, y de 3 hasta 10 años a los que violaren normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

“En lo relativo a las leyes de Partidos y la de Régimen Electoral penalizan hasta con diez años "comentarios negativos" contra precandidatos o candidatos”, indica el informe en el que se advierte, además, que el concepto de "comentarios negativos" va más allá de las figuras jurídicas de "difamación" o la "injuria", las cuales ya están sancionadas en el Código Penal vigente y en la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. Puede considerarse comentario negativo cualquier cosa que el precandidato o candidato entienda que perjudica a sus aspiraciones, aunque la afirmación sea verdad.

El informe resalta que en la República Dominicana se propuso, además, un observatorio electoral para determinar las informaciones falsas o verdaderas, lo que también resulta un mecanismo riesgoso contra la libre expresión.

“En ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresión, la Sociedad Dominicana de Diarios procura con el Congreso una nueva ley de comunicación que ofrezca más garantías”, dice el informe leído ante los directores de medios y otras personalidades que participan en la Reunión de Medio Año de la SIP, que concluye este domingo.

Cita casos

Agrega que en el último semestre se han producido 14 casos de periodistas que han padecido maltratos, agresiones y amenazas de muerte provenientes de agentes policiales y militares en la cobertura de eventos como de individuos y agrupaciones civiles.

“Al menos cinco connotados comentaristas de la radio y la televisión han denunciado que fueron inducidos a renunciar de los programas en los que trabajaban por presiones desde el Gobierno contra los propietarios de los medios, a causa de sus continuas críticas y denuncias sobre casos de corrupción. No se trató de expulsiones directas ni de cierre de sus programas, sino de cambios administrativos dispuestos por esos medios que los comunicadores no aceptaron”, precisa el informe.

Advierte que persisten temores de que queden en la impunidad los crímenes del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril del 2015 y de los comunicadores radiales Leo Martínez y Luis Manuel Medina, en febrero del 2017. Las audiencias judiciales del caso Olivo se han aplazado 316 veces en cuatro años. Por ese crimen seis personas acusadas de pertenecer a una banda de sicarios guardan prisión.

“En el caso de los comunicadores asesinados en una cabina de la estación radial de la ciudad de San Pedro de Macorís, al este del país, todavía no se ha dado a conocer el informe de la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo que sería la base para esclarecer un escándalo de corrupción denunciado por ambos con la venta de tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). El victimario de los periodistas murió horas después del crimen en lo que se describió como un intercambio de disparos con la patrulla policial que lo perseguía. El juicio, por tanto, está estancado”, resalta el informe.

“En ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresión, la Sociedad Dominicana de Diarios procura con el Congreso una nueva ley de comunicación que ofrezca más garantías”

20190330 https://www.diariolibre.com

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