La CIDH debate sobre migración y haitianas en hospitales de la República Dominicana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este lunes las diferentes posiciones de la sociedad civil y del Estado dominicano sobre las políticas migratorias y su impacto en la atención a haitianos en los servicios de salud, durante una audiencia titulada "República Dominicana: Impactos de las políticas migratorias en el derecho a la salud".

La sociedad civil abogó en favor de los migrantes y afirmó que la implementación de políticas migratorias "restrictivas, discriminatorias y xenófobas" se traduce en una persecución étnico racial comprobada en la implementación del protocolo de gestión de los servicios de salud para pacientes extranjeros.

Indicó que el protocolo fortalece las políticas de Estado llamadas "15 medidas para enfrentar la migración ilegal y la soberanía nacional ante las crisis haitiana", lo que, a su juicio, tiene un impacto negativo ante la comunicación y ante las personas sin documentación.

También advirtió que "el protocolo es letal para la salud de las mujeres". Reconoció que el protocolo no niega la atención a las mujeres extranjeras, pero afirmó que "la hace inaccesible por la vía del terror", al exigir requisitos difíciles y anunciar que aquellas con problemas de documentación serán deportadas del país tras ser atendidas. Por esta razón, sostuvo que las mujeres embarazadas dejan de buscar ayuda.

Las organizaciones que conformaron la sociedad civil presentaron estadísticas sobre la reducción de parturientas en hospitales dominicanos. Señalaron que, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS), en 2024 la red pública atendió 32,967 partos de madres haitianas y en 2025, después del protocolo, atendió 18,434, lo que representa 14,533 mujeres menos en las salas de parto en un año.

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Explicaron que en enero de 2025 hubo 3,023 partos de haitianas y en enero de 2026 se registraron 1,114, una reducción interanual del 63 %. Afirmaron que la caída de la asistencia a estas mujeres es tres veces más profunda que la de partos en el país.

Según indicaron, esas casi 14 mil mujeres no desaparecieron, sino que están pariendo en sus casas sin control prenatal ni atención ante una hemorragia. "El protocolo les metió miedo", afirmaron.

Las organizaciones también aseguraron que la República Dominicana insiste en que la medida busca mejorar la atención de los dominicanos y descongestionar el sistema de salud, pero sostuvieron que se trata de desviar la verdad y ocultar la falta de financiamiento.

Citaron a la Organización Mundial de la Salud al señalar que el país es el segundo de la región con el menor gasto en ese sector.

Solicitudes a la CIDH

Durante la audiencia, la sociedad civil solicitó a la CIDH realizar una visita "in loco" (en el lugar) para documentar "violación de derechos humanos contra las personas negras haitianas y sus descendientes". También dejar sin efecto de forma inmediata la implementación del protocolo migratorio en los servicios de salud.

Entre las solicitudes también figuran llamar al Estado dominicano al cumplimiento de los estándares internacionales para la protección del derecho a la salud, en especial la materna y neonatal; informar sobre los impactos del protocolo de salud a las personas haitianas y aquellas que han sido privadas de manera arbitraria de la nacionalidad y que están en situación de apatridia; y garantizar el derecho a la salud de todas las personas en República Dominicana sin discriminación de origen, género, idioma o identidad racial.

Asimismo, solicitaron garantizar el acceso a la documentación nacional mediante el reconocimiento pleno de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

La sociedad civil estuvo representada por María Bizenny Martínez, del Movimiento Social Cultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha); la ginecóloga Lilliam Founder; Marisol Lanz, del colectivo Haitianos RD; Elena Lorac, del Movimiento Reconocidos; Guillermo Rodríguez, de Amnistía Internacional, y Flor Ángel Agustín, de la Coordinadora de Justicia Reproductiva RD.

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Intervención del Estado dominicano

De entrada, el Estado dominicano afirmó que en la audiencia se estaban mezclando temas, porque la convocatoria era para las medidas adoptadas y el tema de salud, no sobre la nacionalidad.

"Comparecemos a este momento para compartir resultados concretos y realidades operativas que reflejan el trabajo sostenido y humano de nuestras instituciones", indicaron los representantes.

Explicaron que, desde el punto de vista constitucional, la República Dominicana reconoce la salud como un derecho fundamental y promueve el acceso liberal, gratuito y progresivo a los servicios de salud, al tiempo que reconoce la protección efectiva de los derechos fundamentales para asegurar una gestión ordenada y sostenible en los servicios de salud.

El Estado sostuvo que los servicios de salud se brindan sin discriminación. Precisó que las medidas implementadas buscan la organización eficiente de la prestación del servicio y que el control migratorio se realiza conforme a los estándares interamericanos.

"No se busca restringir derechos fundamentales, sino organizar la prestación de servicios dentro de parámetros de sostenibilidad y gobernanza", señalaron.

Indicaron que el Ministerio de Salud gestiona condiciones clínicas que llegan en etapas avanzadas asociadas a la ausencia de controles preventivos, educación sanitaria y servicios de atención primaria en los lugares de origen.

Explicaron que la red pública cuenta con 2,179 establecimientos de atención médica en todo el territorio nacional. De estos, 1,982 corresponden al primer nivel de atención, donde todas las personas pueden acceder sin distinción de nacionalidad o condición migratoria a servicios como vacunación, vitaminas prenatales y orientación sanitaria gratuita.

La delegación dominicana fue representada por la embajadora Mayerlin Cordero, representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); José Antonio Matos, viceministro de Salud Pública; Estefany Arias, directora del Servicio Nacional de Salud; Laura Mariñez, directora de extranjería de la Dirección General de Migración; y Scarlet Peralta, encargada del departamento regional.

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Garantiza el acceso

También afirmaron que el Estado dominicano garantiza el acceso y libertad a la atención obstétrica de emergencia, aunque señalaron que la eficacia clínica está ligada a la prevención.

La representación explicó que el sistema hospitalario nacional atiende con frecuencia casos que ingresan en condiciones clínicas avanzadas, lo que convierte la atención hospitalaria en una intervención de salvamento en lugar de un proceso de atención preventiva oportuna.

Indicó además que el presupuesto de salud se destina en una proporción masiva a cubrir servicios de ciudadanos no contribuyentes, lo que calificó como un servicio de solidaridad que pocos países de la región igualan en términos porcentuales de su producto interno.

• Añadió que mientras la mortalidad materna en mujeres dominicanas se sitúa en 97 por cada 100 mil nacidos vivos, la tasa en la población migrante alcanza las 234 por cada 100 mil nacidos vivos.

"Una vez atendidos los extranjeros en nuestro sistema de salud, no poseemos casos de fallecimiento asociados a la atención o a la aplicación del protocolo de migración", aseguraron.

 

Lo que dice la CIDH

Al finalizar el encuentro, la CIDH manifestó la importancia de contar con datos desagregados para el análisis de la situación. Manifestó preocupación por la forma en que se ejecutan los procedimientos migratorios, especialmente aquellos que terminan en la expulsión de personas, y expresó su disposición para brindar asistencia técnica para un diálogo entre las partes.