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Especialista sugiere modificar resolución priva de medicamentos a pacientes con dolores crónicos

Bethania Martínez dijo que son medicamentos controlados y que solo 300 médicos pueden recetarlos.

La normativa afecta mayormente a las personas de bajos recursos económicos.

RD es uno de los países de la región donde se limita el cuidado de pacientes con dolencias crónicas.

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Especialista sugiere modificar resolución priva de medicamentos a pacientes con dolores crónicos
Los dolores crónicos afectan mayormente a pacientes oncológicos, con diabetes, hipertensos, con deficiencias renales y artritis reumatoide. (FUENTE EXTERNA)

A casi un año de la implementación de la resolución número 00011-2018, del Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Control de Drogas (DGCD), que facilita la adquisición de medicamentos controlados de primera línea (opioides), para el manejo de dolores crónicos de intensidad moderada a severa, la Asociación Dominicana del Dolor y Cuidados Paliativos señala que muchos pacientes no los pueden comprar, porque solo 300 médicos cuentan con permiso para indicarlos.

La presidenta de la entidad, Bethania Martínez, dijo que solo el 65% de las farmacias habilitadas se encuentran en dos ciudades del país y menos de 300 médicos cuentan con talonario de receta controlada, lo que dificulta el tratamiento de pacientes en lugares alejados y rurales.

“Esta medida claramente perjudica en mayor escala a pacientes de bajos recursos, ya que es elevado el número de profesionales en los sistemas de salud públicos, que no cuentan con la receta especial que la normativa exige. Una realidad que lleva a pacientes a buscar mecanismos alternativos para obtener su medicación, esto lo hemos podido constatar en pacientes que llegan a la asociación dominados por la desesperación”.

Martínez, quien es médico de profesión, dijo define el dolor crónico o de intensidad moderada como un cuadro clínico relacionado a diversas condiciones médicas, entre estas, la oncología, diabetes, hipertensión, deficiencias renales y artritis reumatoide, entre otras.

También, lo usan las personas que se someten a procesos quirúrgicos. Martínez asegura que en todos los hogares por lo menos una persona padece o ha padecido de dolores severos.

Indicó que en este contexto, la nueva medida obstaculiza el acceso a este tipo de medicamentos y tan solo un reducido número de pacientes, víctimas de enfermedades crónicas o terminales, consiguen mantener niveles de calidad de vida dignos.

“A esta realidad debemos sumar los desafíos de la distribución. En la actualidad, solo 1,317 farmacias cuentan con el certificado de Inscripción de Drogas Controladas Clase B, 678 están localizadas en Santo Domingo y 183 en Santiago, lo que indica que el 65% de las farmacias habilitadas se encuentran en dos ciudades del país”, comenta Martínez.

Afirma que República Dominicana es uno de los países en América Latina y el Caribe donde los servicios de salud aun ofrecen programas limitados para el cuidado de pacientes con dolencias crónicas.

Exhorta a las autoridades de salud a que permitan un mayor acceso a los medicamentos que forman parte del tratamiento del dolor en el país.

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Infografía
Los medicamentos paliativos también lo usan las personas que se someten a procesos quirúrgicos. (FUENTE EXTERNA)

“Ver el dolor en el rostro de los pacientes genera mucha impotencia y tristeza. Ante esto, debemos entender que nadie está libre de enfrentar una condición médica que nos exponga a cuadros clínicos donde se precisen cuidados especiales y opioides adecuados. Esta reflexión la venimos haciendo desde hace meses con las autoridades correspondientes y responsables. Lastimosamente, aun no escuchamos respuesta. Creemos que esto parte de un real desconocimiento de las consecuencias que esta medida trae para la vida de muchas personas”, señala Martínez.

Para poder cumplir con el tratamiento que requieren este tipo de pacientes, es necesaria la creación de lineamientos que delimiten los protocolos a seguir.

Mientras esto se lleva adelante, urge la modificación de Resolución No. 00011-2018 que hoy atenta contra los derechos básicos resaltados en la Constitución, como es garantizar el acceso a una adecuada atención de salud.

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