Situación de nuestras áreas protegidas
Diario Libre
En nuestro país existen más de 80 áreas protegidas, las cuales constituyen el último refugio del patrimonio natural de nuestra isla e importantes muestras del legado histórico-cultural. A pesar de que existen numerosas áreas con distintas categorías de manejo, muchas de ellas están sumidas actualmente en un olvido sin precedentes. Trataremos de describir esta situación, aportando desde nuestra experiencia en el Grupo Jaragua, organización no gubernamental dedicada a la conservación de la biodiversidad del país. Nuestras reflexiones son el fruto de muchas horas de trabajo, alegrías y frustraciones en algunas de estas áreas, verdaderas arcas de los tesoros de nuestra frágil isla: nuestras especies nativas y endémicas, nuestros paisajes incomparables, nuestra irremplazable biodiversidad.
Inaplicabilidad de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad
Una de las mayores dificultades que enfrentan nuestras áreas protegidas actualmente es que nadie sabe exactamente dónde están. Para saber cómo la controvertida Ley Sectorial de Areas Protegidas y Biodiversidad 202-04 del 2004 redefinía los límites de nuestras áreas protegidas, decidimos plasmar en un mapa las coordenadas contenidas en ella. Sin embargo, tuvimos que desistir debido a que enormes poblados quedaban incluidos dentro de parques nacionales, algunos de los cuales incluso se salían de nuestra zona económica exclusiva (léase mar abierto).
¿Cómo es posible que una ley aprobada y promulgada contenga este tipo de errores? Esto se explica porque la versión final de la mencionada ley fue elaborada aceleradamente antes del último cambio de gobierno con el fin de extraer del sistema nacional de áreas protegidas terrenos que serían desarrollados por el sector turístico. El poder de estos intereses fue tan grande, que a pesar de la inaplicabilidad de la resultante ley, de innumerables protestas nacionales e internacionales, de la sociedad civil, de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, nadie pudo detener o revertir esta absurda ley.
Y esto es sólo en cuanto a los límites de las áreas protegidas en papel. En el terreno, la cuestión es mucho más confusa todavía. En algunos parques, como Jaragua, se hizo un gran esfuerzo por delimitar con estructuras de concreto los límites del parque a principios de la década de 1990, pero hoy no quedan en pie casi ninguna, derribadas por personas opuestas al parque o simplemente por ociosos sin nada mejor que hacer. Y las que quedan en pie, hoy sirven de muy poco, porque ya los límites cambiaron con leyes posteriores (no sólo la del 2004). Si unimos a todo esto el caos de registro catastral del país, la falta de referenciación geográfica de las parcelas y títulos, las áreas protegidas seguirán sufriendo constantes ataques, como la prensa ha reportado nuevamente esta semana para el Parque Nacional del Este.
Como pueden imaginarse, la falta de una delimitación clara de las áreas protegidas no permite que sean verdaderamente protegidas, valga la redundancia. Los terrenos se compran y se venden, se transfieren, se dividen, se explotan, se edifican, se arriendan, se queman, se cultivan y se invaden en toda su periferia con muy poco control. En algunos lugares, el parque nacional es casi una leyenda. Por mencionar algunos ejemplos, en las playas situadas al oeste de la laguna de Oviedo, dentro del Parque Nacional Jaragua, hemos contado en este año más de cincuenta asentamientos precarios. También cerca de la comunidad de Los Tres Charcos, las empalizadas con alambre nuevo se extienden por kilómetros en la zona de amortiguamiento. Y en los terrenos próximos a Pedernales se arrasó un área de más de medio kilómetro cuadrado del Parque Jaragua para destinarla a agricultura. Por mala suerte, el área en cuestión era uno de los tres sitios restantes de anidación de la iguana de Ricord, especie endémica y críticamente amenazada. El mismo administrador del parque no sabía si estaba dentro o fuera del parque la zona en cuestión. Y la persona que lo hizo ya había hecho lo mismo en otra zona de la Sierra de Bahoruco. Lo cual nos lleva al siguiente punto: la impunidad de los infractores de nuestras áreas protegidas y leyes ambientales.
Impunidad de infractores
Todavía muchas autoridades y otros actores de la justicia dominicana no reconocen las infracciones ambientales como verdaderos delitos, ni siquiera como algo moralmente incorrecto. No sólo se perdona rutinariamente a los pocos infractores acusados, sino que también las mismas autoridades violan las leyes ambientales en muchos casos. Desde juezas que encargan cotorras, militares que establecen fincas o se dedican a la cacería ilegal, senadores que arrasan terrenos para edificar, diputados que buscan inversionistas para zonas de playa, marinos que ayudan a lanzar redes de pesca destructivas, guardaparques que saquean nidos, en fin, hemos visto todo en nuestras áreas protegidas.
Todo esto ocurre a pesar de que nuestra Ley General de Medio Ambiente 64-00 tipifica claramente el delito ambiental, incluyendo las sanciones correspondientes. Así, en el Parque Nacional Los Haitises, en los últimos dos años, a los ojos de colegas que allí trabajan, las invasiones de terrenos se han multiplicado vertiginosamente. Muchos de estos invasores queman amplias zonas de bosque dentro del parque para luego sembrar víveres, especialmente yautía. Sus moradores además se oponen al Parque Nacional, y con justa razón, pues algunos estaban allí asentados cuando éste fue creado, pero nunca fueron compensados económicamente por el gobierno. Esta producción agrícola está trayendo dinero y prosperidad a corto plazo a las comunidades de la periferia del parque, lo cual a su vez atrae a más personas pobres sin tierras ni otro modo de vida. Condenar a cualquiera de estos invasores, sería muy difícil bajo estas circunstancias. Así que el Parque continúa ardiendo, perdiéndose poco a poco el último territorio que le queda a numerosas especies únicas, incluyendo nuestro majestuoso y críticamente amenazado Gavilán de La Española.
Comercio ilegal de nuestra flora y fauna
Y al hablar de la situación de nuestras áreas protegidas, no menos grave es el constante saqueo de animales, plantas y sus derivados que allí se realiza. Existe un mercado cada vez más lucrativo de algunas especies que tienen como último refugio a nuestras áreas protegidas. Tenemos el caso de las tortugas marinas: en nuestros estudios de anidación en playas del Parque Jaragua, hemos medido un saqueo de más del 90% de los nidos, y la mayoría se vende en Oviedo abiertamente o por encargo. Para la isla Saona, en el Parque del Este, esta cifra es de un 50% aproximadamente. Y esto ocurre sin importar el lugar, estando algunos nidos ubicados en lugares con un acceso verdaderamente difícil. Muchas personas creen que estos huevos son afrodisíacos, por lo cual se venden a un precio elevado. En el caso específico de la tortuga carey, también una especie críticamente amenazada, la venta de artesanía de su concha está generalizada en la gran mayoría de las tiendas turísticas o gift shops de Santo Domingo, Puerto Plata, Higüey y La Romana. Esto sucede a pesar de que numerosas leyes nacionales prohíben la captura y venta de esta especie y de que el país es parte de la Convención Internacional de Tráfico de Flora y Fauna (CITES), la cual prohíbe su comercio internacional. Y los dos sitios más importantes para el carey en República Dominicana son dos áreas protegidas: Parque Nacional del Este y Parque Nacional Jaragua.
En el caso de los nidos de nuestra cotorra, la cotorra de La Española (Amazona ventralis) hemos podido determinar que en la zona de anidación de Jaragua el saqueo de pichones es de casi el 100% de todos los nidos puestos. Este saqueo sistemático de las crías, que sabemos que ocurre en distinta medida también en los Parques del Este, Sierra de Bahoruco, y los de la cordillera central (Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez), hará que muchas poblaciones de nuestra cotorra desaparezcan. Es como si durante muchos años elimináramos todos los niños y niñas que nacen en una población; la población termina envejeciendo y extinguiéndose. Además, muchos de estos pichones ni siquiera sobreviven para ser mascotas. Tradicionalmente, los saqueadores de nidos de cotorra o "pichoneros", ubicaban los nidos y esperaban algunas semanas después de que los pichones salgan del huevo para retirarlos y comercializarlos. En años recientes, la competencia entre pichoneros ha aumentado, por lo cual los están sacando sin apenas haber recibido cuidado de sus padres, sin plumas y con los ojos todavía cerrados. Por esto, la gran mayoría de los pichones saqueados mueren antes de ser vendidos. Por esto, la tenencia de cotorras y otras aves silvestres como el perico, el cuervo, la lechuza como mascotas es algo que debe ser condenado por toda la sociedad (aparte de que es ilegal).
Y por supuesto las plantas no se escapan a esta extracción incontrolada. En Jaragua, la especie más saqueada es la canelilla (Pimenta haitiensis), una planta aromática muy utilizada para hacer té o tisanas, y en la preparación de remedios caseros y "mamajuanas" o botellas para saborizar licores. La misma se vende en todos los supermercados del país, es comercializada por varias industrias nacionales. Y es en su totalidad sacada ilegalmente del Parque Jaragua, porque no existe en otro lugar del país (ni del mundo). Pensamos que la poda indiscriminada de esta planta así como otros impactos que tienen en el bosque las personas que entran para cortarla, como quemas y cortes en el bosque para su secado son sumamente preocupantes, y no sostenibles. Otra especie de palma endémica de la región de Jaragua, el cacheo de Pedernales (Pseudophoenix ekmanii), está siendo objeto de colecciones masivas de la industria de plantas ornamentales, vendiéndose incluso por Internet (vea http://www.rarepalmseeds.com). Como si fuera poco, muchos de sus árboles jóvenes son destruidos para extraer el líquido de su interior, localmente conocido como guarapo de cacheo. Todo esto nos hace concluir que ciertas presiones de mercado están haciendo que muchas personas incursionen cada vez más en estas áreas naturales, poniendo en peligro el futuro de muchas de estas especies.
Deficiente vigilancia
Ante todas estas quejas dirá usted, ¿dónde están los guadaparques? ¿No tiene cada área protegida un cuerpo de guardaparques repartido en distintas casetas dentro del territorio del parque, y que debe velar por su protección? Pues sí, pero en su mayoría, los guardaparques son de muy poca utilidad. La mayoría son personas muy humildes, quasi-analfabetas, y con un sueldo de RD$2,400 al mes. Este sueldo está por debajo del mínimo de los salarios mínimos nacionales (ya que nuestro país tiene estipulado más de un salario mínimo legal). Hasta hace unos años, este ridículo pago era compensado por una "dieta" de unos 800 pesos al mes, ya que estas personas cuando están de servicio pasan semanas fuera de su casa. Ya ni siquiera reciben este mínimo pago compensatorio a tiempo. Bajo estas circunstancias, ¿cómo no van a vender un nido de tortugas, que puede reportarles entre tres y cuatro mil pesos? ¿Cómo pedirles que no vendan pichones de cotorra, a un valor de la mitad de su salario? ¿Cómo no van a aceptar un soborno de un cazador adinerado para que mire hacia otro lado o incluso les sirvan de mochileros?
Aún los guardaparques que están dispuestos a trabajar seriamente, enfrentan dificultades logísticas enormes. En Jaragua, las rotaciones de guardaparques desde y hacia cada caseta, distantes de varios kilómetros, se hacen a pie o en la cola de un motor de la institución. Y ni hablar de casos de infracciones que requieran de un desplazamiento urgente. Y de cara al visitante, el guardaparques es aún más inútil. El contraste entre la humilde condición socioeconómica de muchos de ellos, su pobreza incluso de vocabulario, de vestimenta, les hace muchas veces temerosos ante cualquier visitante con aires de poder, especialmente si viene en una jeepeta y dice conocer a personas de influencia. Y no podemos culparles. En muchas de estas zonas rurales, el único orden que han conocido muchas de estas personas ha sido el abuso de poder. Esta pasada Semana Santa, por ejemplo, ni siquiera se atrevieron a entregar las normas de conducta para la playa de Bahía de las Águilas elaboradas por la Secretaría de Medio Ambiente que se les había fotocopiado para entregar junto con la boleta de entrada al Parque.
No todo está perdido
A pesar del triste cuadro que hemos descrito, no queremos terminar este análisis sin destacar aspectos positivos concernientes a la gestión de las Áreas Protegidas que han surgido en años recientes. Y hay que empezar por muchos de los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente, especialmente de las Subsecretarías de Áreas Protegidas y Biodiversidad y de Recursos Costero Marinos, el Jardín Botánico Nacional, el Acuario Nacional , el Museo de Historia Natural, el Zoológico Dominicano. En nuestra relación con estas instituciones hemos podido conocer, indistintamente del partido político de turno, a técnicos verdaderamente capaces y preocupados por mejorar la gestión de nuestro patrimonio natural aún con todas las limitantes existentes. Incluso, hemos conocido a guardaparques que desempeñan excelentemente su función a pesar de todas las precariedades, como Bienvenido Pérez Turbí (Blanco), guardaparques de la Laguna de Oviedo. Sin embargo, gran parte del personal de Medio Ambiente tiene las manos atadas debido a la falta de apoyo institucional, capital humano y presupuesto. Muchos de ellos pudieran haber escrito este artículo aún mejor que nosotros mismos.
Otro avance importante han sido las Áreas Municipales Protegidas. Estas áreas, contempladas dentro de nuestra Ley General de Medio Ambiente constituyen un recurso muy valioso para enfrentar las deficiencias mencionadas del Gobierno Central. Estas zonas son designadas y gestionadas por los propios ayuntamientos locales en terrenos públicos. Así, por ejemplo, con el apoyo técnico del Grupo Jaragua, logramos que dos pequeñas áreas de Pedernales fueran designadas Áreas Municipales Protegidas en el 2005. Una es una zona crítica para el anidamiento de la iguana de Ricord, y la otra un pequeño humedal muy importante para aves acuáticas próximo a Cabo Rojo. Aplaudimos este logro y sobre todo el entusiasmo con que el personal del ayuntamiento de Pedernales ha establecido un precedente nacional importantísimo en la descentralización del manejo de recursos naturales.
El resto de nuestro optimismo proviene de las acciones de la propia sociedad civil, y su actitud cada vez más activa hacia la protección del medio ambiente. Además del Grupo Jaragua, muchas ONGs están trabajando en la defensa de los recursos naturales, tales como el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de Samaná y su Entorno (CEBSE), la Fundación Loma Quita Espuela, Espeleogrupo, la Fundación PROGRESSIO, el Grupo Tinglar, la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola, Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Ecoparque, la Fundación Ecomar y Fundemar, entre otras, varias agrupadas bajo el Consorcio Ambiental Dominicano. Algunas de estas instituciones son las responsables de las pocas investigaciones que se realizan en las áreas protegidas, así como de importantes actividades de educación ambiental a comunidades humanas en la periferia o el interior de las áreas, de integración de las comunidades al manejo de áreas, de capacitación en prácticas ambientalmente sostenibles, y algunas incluso contribuyendo al desarrollo de alternativas económicas para estas comunidades. Muchas de estas ONGs han ayudado a la formación de grupos locales de apoyo, como los Voluntarios Comunitarios de Jaragua, y la Asociación de Guías de la Naturaleza de Pedernales, Guías Ecológicos de Paraíso, Brigada Verde de Sabana de la Mar, las cuales están formadas por jóvenes locales interesados por la preservación del medio ambiente en su zona. Y a nivel nacional, dos coaliciones formadas en fecha reciente, Salvemos las Áreas Protegidas y la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), han jugado un papel fundamental en la movilización de sociedad civil y personalidades públicas de todo el país, en torno a temas ambientales, de una manera entusiasta y eficiente. Y tímidamente, algunas empresas privadas están financiando proyectos y premiando algunas iniciativas relativas a la conservación del medio ambiente.
Es justo mencionar también la deuda histórica que tenemos con agencias de cooperación internacional que han invertido cuantiosos recursos apoyando investigaciones, actividades, infraestructuras, diálogos, y capacitación en el área ambiental, además de aportar expertos a distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Dichas agencias incluyen el Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Asociación Suiza para la Cooperación Internacional, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos (USAID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia (UNESCO).
Por otra parte, el país ha ratificado diversas convenciones y acuerdos ambientales globales tales como la Convención de Diversidad Biológica, el Protocolo de Protección de Áreas y Vida Silvestre (SPAW), la CITES antes mencionada, y la Convención de Humedales de Importancia Global (RAMSAR), la Convención de Cambio Climático.
Otra esperanza para el sistema de áreas protegidas es la recién creada Procuraduría Ambiental creada por la ley 64-00 cuyo fin es dar seguimiento a denuncias de tema ambiental. Sin embargo, todavía están por verse sus frutos. También encontramos muy prometedora la propuesta de Defensor Ambiental del Pueblo, cuya elección será realizada mediante vistas públicas próximamente.
Por último, entre los aspectos positivos, queremos destacar el papel reciente de los medios de comunicación masivos del país. El mismo hecho de que este artículo sea publicado es prueba de ello. Cada vez más tienen acogida en la prensa, radio y televisión los artículos, programas y opiniones de temas ambientales. Esto es un gran logro en comparación con años atrás. Por mencionar un ejemplo, el desarrollo potencial de Bahía de las Águilas ha ocupado varias primeras planas de distintos periódicos, ha iniciado discusiones en todos los medios y ha propiciado encuentros en distintos foros. Los medios de comunicación nos han ayudado a que el ciudadano común valore sitios y especies que quizás desconocía, pero siente que son su patrimonio y que los quiere preservar. Finalmente, el medio ambiente se ha convertido en noticia, y este será el elemento fundamental para que la ciudadanía ejerza la presión suficiente para que ocurran cambios en la gestión de las áreas protegidas.
Para concluir...
Cualquier análisis serio sobre la situación de nuestras áreas protegidas no estaría completo si no incluyéramos recomendaciones concretas.
Es urgente que los límites de las áreas protegidas sean establecidos con claridad y sin ambigüedades por una nueva ley y en el terreno. Estos límites deben ser definidos por criterios técnicos, y debe acompañarse esta delimitación con la clarificación de la tenencia de tierras en las áreas protegidas y su periferia. Además, todo el proceso debe de integrar a los distintos sectores involucrados y coordinarse con los planes de ordenación territorial del país (si algún día los tenemos).
Es preciso mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en nuestras áreas protegidas, especialmente los guardaparques. Es difícil que personas calificadas opten por estos puestos dado el nivel insignificante de ingresos que perciben. Incluso en algunas zonas, como Parque del Este, donde la mayoría de las personas con cualidades para ocupar estos puestos está empleada en el turismo, el cuerpo de guardaparques está formado por personas de edad avanzada, que apenas tienen la condición física para trabajar en el campo. Esta misma situación hace que no se les exija nada a los guardaparques y la falta de vigilancia continúe.
Deben de crearse infraestructuras mínimas y fomentarse la visitación de nuestras áreas protegidas. Muchas veces la ciudadanía no las defiende porque no las conoce ni tiene idea de su valor.
Se necesita crear una mayor conciencia sobre los problemas y delitos ambientales prioritarios entre los actores clave de la justicia dominicana, las fuerzas armadas, la marina de guerra, el propio personal de medio ambiente, incluyendo la Policía Ambiental, y la Procuraduría Ambiental, las comunidades aledañas a las áreas protegidas y la sociedad dominicana en general. Muchos de los debates y protestas ambientales actuales, consumen energía en temas mal enfocados, como la arborización del Distrito Nacional. La clave es proporcionar a los actores principales los elementos necesarios para que participen en protestas y reclamos pacíficos en torno a asuntos verdaderamente prioritarios del medio ambiente nacional, tales como la problemática de nuestras áreas protegidas. Además, la ciudadanía desconoce los procedimientos establecidos de denuncia ambiental y su seguimiento.
Es preciso establecer programas de monitoreo continuo de las áreas para poder enfrentar las amenazas a tiempo. Estos programas, aunque deberían ser encauzados por la Secretaría de Medio Ambiente, podrían ser apoyados por ONGs, investigadores independientes, asociaciones locales y otros voluntariados. Lo importante es que se haga de una manera regular, y la Secretaría de Medio Ambiente cree mecanismos de retroalimentación que dirijan acciones efectivas y a tiempo frente a las amenazas.
Tenemos que ayudar al desarrollo de los poblados próximos a las áreas protegidas. La pobreza que hemos visto sufrir a los habitantes del interior y la periferia de muchas de estas áreas es desoladora. La escasez de alternativas económicas y el despojo sufrido por la creación de las propias áreas en algunos casos obliga a muchos comunitarios a infringir las leyes ambientales para sobrevivir. La gente que rodea a nuestras áreas protegidas necesita ayuda para mejorar sus condiciones de vida, para que sus comunidades "progresen" como muchos de ellos anhelan. Estas áreas necesitan el apoyo de políticas de gobierno e iniciativas civiles que apoyen la generación de modos de vida ambientalmente sostenibles, que aumenten el capital humano, y quiten presión sobre la destrucción de los recursos naturales que todavía nos quedan.
Inaplicabilidad de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad
Una de las mayores dificultades que enfrentan nuestras áreas protegidas actualmente es que nadie sabe exactamente dónde están. Para saber cómo la controvertida Ley Sectorial de Areas Protegidas y Biodiversidad 202-04 del 2004 redefinía los límites de nuestras áreas protegidas, decidimos plasmar en un mapa las coordenadas contenidas en ella. Sin embargo, tuvimos que desistir debido a que enormes poblados quedaban incluidos dentro de parques nacionales, algunos de los cuales incluso se salían de nuestra zona económica exclusiva (léase mar abierto).
¿Cómo es posible que una ley aprobada y promulgada contenga este tipo de errores? Esto se explica porque la versión final de la mencionada ley fue elaborada aceleradamente antes del último cambio de gobierno con el fin de extraer del sistema nacional de áreas protegidas terrenos que serían desarrollados por el sector turístico. El poder de estos intereses fue tan grande, que a pesar de la inaplicabilidad de la resultante ley, de innumerables protestas nacionales e internacionales, de la sociedad civil, de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, nadie pudo detener o revertir esta absurda ley.
Y esto es sólo en cuanto a los límites de las áreas protegidas en papel. En el terreno, la cuestión es mucho más confusa todavía. En algunos parques, como Jaragua, se hizo un gran esfuerzo por delimitar con estructuras de concreto los límites del parque a principios de la década de 1990, pero hoy no quedan en pie casi ninguna, derribadas por personas opuestas al parque o simplemente por ociosos sin nada mejor que hacer. Y las que quedan en pie, hoy sirven de muy poco, porque ya los límites cambiaron con leyes posteriores (no sólo la del 2004). Si unimos a todo esto el caos de registro catastral del país, la falta de referenciación geográfica de las parcelas y títulos, las áreas protegidas seguirán sufriendo constantes ataques, como la prensa ha reportado nuevamente esta semana para el Parque Nacional del Este.
Como pueden imaginarse, la falta de una delimitación clara de las áreas protegidas no permite que sean verdaderamente protegidas, valga la redundancia. Los terrenos se compran y se venden, se transfieren, se dividen, se explotan, se edifican, se arriendan, se queman, se cultivan y se invaden en toda su periferia con muy poco control. En algunos lugares, el parque nacional es casi una leyenda. Por mencionar algunos ejemplos, en las playas situadas al oeste de la laguna de Oviedo, dentro del Parque Nacional Jaragua, hemos contado en este año más de cincuenta asentamientos precarios. También cerca de la comunidad de Los Tres Charcos, las empalizadas con alambre nuevo se extienden por kilómetros en la zona de amortiguamiento. Y en los terrenos próximos a Pedernales se arrasó un área de más de medio kilómetro cuadrado del Parque Jaragua para destinarla a agricultura. Por mala suerte, el área en cuestión era uno de los tres sitios restantes de anidación de la iguana de Ricord, especie endémica y críticamente amenazada. El mismo administrador del parque no sabía si estaba dentro o fuera del parque la zona en cuestión. Y la persona que lo hizo ya había hecho lo mismo en otra zona de la Sierra de Bahoruco. Lo cual nos lleva al siguiente punto: la impunidad de los infractores de nuestras áreas protegidas y leyes ambientales.
Impunidad de infractores
Todavía muchas autoridades y otros actores de la justicia dominicana no reconocen las infracciones ambientales como verdaderos delitos, ni siquiera como algo moralmente incorrecto. No sólo se perdona rutinariamente a los pocos infractores acusados, sino que también las mismas autoridades violan las leyes ambientales en muchos casos. Desde juezas que encargan cotorras, militares que establecen fincas o se dedican a la cacería ilegal, senadores que arrasan terrenos para edificar, diputados que buscan inversionistas para zonas de playa, marinos que ayudan a lanzar redes de pesca destructivas, guardaparques que saquean nidos, en fin, hemos visto todo en nuestras áreas protegidas.
Todo esto ocurre a pesar de que nuestra Ley General de Medio Ambiente 64-00 tipifica claramente el delito ambiental, incluyendo las sanciones correspondientes. Así, en el Parque Nacional Los Haitises, en los últimos dos años, a los ojos de colegas que allí trabajan, las invasiones de terrenos se han multiplicado vertiginosamente. Muchos de estos invasores queman amplias zonas de bosque dentro del parque para luego sembrar víveres, especialmente yautía. Sus moradores además se oponen al Parque Nacional, y con justa razón, pues algunos estaban allí asentados cuando éste fue creado, pero nunca fueron compensados económicamente por el gobierno. Esta producción agrícola está trayendo dinero y prosperidad a corto plazo a las comunidades de la periferia del parque, lo cual a su vez atrae a más personas pobres sin tierras ni otro modo de vida. Condenar a cualquiera de estos invasores, sería muy difícil bajo estas circunstancias. Así que el Parque continúa ardiendo, perdiéndose poco a poco el último territorio que le queda a numerosas especies únicas, incluyendo nuestro majestuoso y críticamente amenazado Gavilán de La Española.
Comercio ilegal de nuestra flora y fauna
Y al hablar de la situación de nuestras áreas protegidas, no menos grave es el constante saqueo de animales, plantas y sus derivados que allí se realiza. Existe un mercado cada vez más lucrativo de algunas especies que tienen como último refugio a nuestras áreas protegidas. Tenemos el caso de las tortugas marinas: en nuestros estudios de anidación en playas del Parque Jaragua, hemos medido un saqueo de más del 90% de los nidos, y la mayoría se vende en Oviedo abiertamente o por encargo. Para la isla Saona, en el Parque del Este, esta cifra es de un 50% aproximadamente. Y esto ocurre sin importar el lugar, estando algunos nidos ubicados en lugares con un acceso verdaderamente difícil. Muchas personas creen que estos huevos son afrodisíacos, por lo cual se venden a un precio elevado. En el caso específico de la tortuga carey, también una especie críticamente amenazada, la venta de artesanía de su concha está generalizada en la gran mayoría de las tiendas turísticas o gift shops de Santo Domingo, Puerto Plata, Higüey y La Romana. Esto sucede a pesar de que numerosas leyes nacionales prohíben la captura y venta de esta especie y de que el país es parte de la Convención Internacional de Tráfico de Flora y Fauna (CITES), la cual prohíbe su comercio internacional. Y los dos sitios más importantes para el carey en República Dominicana son dos áreas protegidas: Parque Nacional del Este y Parque Nacional Jaragua.
En el caso de los nidos de nuestra cotorra, la cotorra de La Española (Amazona ventralis) hemos podido determinar que en la zona de anidación de Jaragua el saqueo de pichones es de casi el 100% de todos los nidos puestos. Este saqueo sistemático de las crías, que sabemos que ocurre en distinta medida también en los Parques del Este, Sierra de Bahoruco, y los de la cordillera central (Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez), hará que muchas poblaciones de nuestra cotorra desaparezcan. Es como si durante muchos años elimináramos todos los niños y niñas que nacen en una población; la población termina envejeciendo y extinguiéndose. Además, muchos de estos pichones ni siquiera sobreviven para ser mascotas. Tradicionalmente, los saqueadores de nidos de cotorra o "pichoneros", ubicaban los nidos y esperaban algunas semanas después de que los pichones salgan del huevo para retirarlos y comercializarlos. En años recientes, la competencia entre pichoneros ha aumentado, por lo cual los están sacando sin apenas haber recibido cuidado de sus padres, sin plumas y con los ojos todavía cerrados. Por esto, la gran mayoría de los pichones saqueados mueren antes de ser vendidos. Por esto, la tenencia de cotorras y otras aves silvestres como el perico, el cuervo, la lechuza como mascotas es algo que debe ser condenado por toda la sociedad (aparte de que es ilegal).
Y por supuesto las plantas no se escapan a esta extracción incontrolada. En Jaragua, la especie más saqueada es la canelilla (Pimenta haitiensis), una planta aromática muy utilizada para hacer té o tisanas, y en la preparación de remedios caseros y "mamajuanas" o botellas para saborizar licores. La misma se vende en todos los supermercados del país, es comercializada por varias industrias nacionales. Y es en su totalidad sacada ilegalmente del Parque Jaragua, porque no existe en otro lugar del país (ni del mundo). Pensamos que la poda indiscriminada de esta planta así como otros impactos que tienen en el bosque las personas que entran para cortarla, como quemas y cortes en el bosque para su secado son sumamente preocupantes, y no sostenibles. Otra especie de palma endémica de la región de Jaragua, el cacheo de Pedernales (Pseudophoenix ekmanii), está siendo objeto de colecciones masivas de la industria de plantas ornamentales, vendiéndose incluso por Internet (vea http://www.rarepalmseeds.com). Como si fuera poco, muchos de sus árboles jóvenes son destruidos para extraer el líquido de su interior, localmente conocido como guarapo de cacheo. Todo esto nos hace concluir que ciertas presiones de mercado están haciendo que muchas personas incursionen cada vez más en estas áreas naturales, poniendo en peligro el futuro de muchas de estas especies.
Deficiente vigilancia
Ante todas estas quejas dirá usted, ¿dónde están los guadaparques? ¿No tiene cada área protegida un cuerpo de guardaparques repartido en distintas casetas dentro del territorio del parque, y que debe velar por su protección? Pues sí, pero en su mayoría, los guardaparques son de muy poca utilidad. La mayoría son personas muy humildes, quasi-analfabetas, y con un sueldo de RD$2,400 al mes. Este sueldo está por debajo del mínimo de los salarios mínimos nacionales (ya que nuestro país tiene estipulado más de un salario mínimo legal). Hasta hace unos años, este ridículo pago era compensado por una "dieta" de unos 800 pesos al mes, ya que estas personas cuando están de servicio pasan semanas fuera de su casa. Ya ni siquiera reciben este mínimo pago compensatorio a tiempo. Bajo estas circunstancias, ¿cómo no van a vender un nido de tortugas, que puede reportarles entre tres y cuatro mil pesos? ¿Cómo pedirles que no vendan pichones de cotorra, a un valor de la mitad de su salario? ¿Cómo no van a aceptar un soborno de un cazador adinerado para que mire hacia otro lado o incluso les sirvan de mochileros?
Aún los guardaparques que están dispuestos a trabajar seriamente, enfrentan dificultades logísticas enormes. En Jaragua, las rotaciones de guardaparques desde y hacia cada caseta, distantes de varios kilómetros, se hacen a pie o en la cola de un motor de la institución. Y ni hablar de casos de infracciones que requieran de un desplazamiento urgente. Y de cara al visitante, el guardaparques es aún más inútil. El contraste entre la humilde condición socioeconómica de muchos de ellos, su pobreza incluso de vocabulario, de vestimenta, les hace muchas veces temerosos ante cualquier visitante con aires de poder, especialmente si viene en una jeepeta y dice conocer a personas de influencia. Y no podemos culparles. En muchas de estas zonas rurales, el único orden que han conocido muchas de estas personas ha sido el abuso de poder. Esta pasada Semana Santa, por ejemplo, ni siquiera se atrevieron a entregar las normas de conducta para la playa de Bahía de las Águilas elaboradas por la Secretaría de Medio Ambiente que se les había fotocopiado para entregar junto con la boleta de entrada al Parque.
No todo está perdido
A pesar del triste cuadro que hemos descrito, no queremos terminar este análisis sin destacar aspectos positivos concernientes a la gestión de las Áreas Protegidas que han surgido en años recientes. Y hay que empezar por muchos de los técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente, especialmente de las Subsecretarías de Áreas Protegidas y Biodiversidad y de Recursos Costero Marinos, el Jardín Botánico Nacional, el Acuario Nacional , el Museo de Historia Natural, el Zoológico Dominicano. En nuestra relación con estas instituciones hemos podido conocer, indistintamente del partido político de turno, a técnicos verdaderamente capaces y preocupados por mejorar la gestión de nuestro patrimonio natural aún con todas las limitantes existentes. Incluso, hemos conocido a guardaparques que desempeñan excelentemente su función a pesar de todas las precariedades, como Bienvenido Pérez Turbí (Blanco), guardaparques de la Laguna de Oviedo. Sin embargo, gran parte del personal de Medio Ambiente tiene las manos atadas debido a la falta de apoyo institucional, capital humano y presupuesto. Muchos de ellos pudieran haber escrito este artículo aún mejor que nosotros mismos.
Otro avance importante han sido las Áreas Municipales Protegidas. Estas áreas, contempladas dentro de nuestra Ley General de Medio Ambiente constituyen un recurso muy valioso para enfrentar las deficiencias mencionadas del Gobierno Central. Estas zonas son designadas y gestionadas por los propios ayuntamientos locales en terrenos públicos. Así, por ejemplo, con el apoyo técnico del Grupo Jaragua, logramos que dos pequeñas áreas de Pedernales fueran designadas Áreas Municipales Protegidas en el 2005. Una es una zona crítica para el anidamiento de la iguana de Ricord, y la otra un pequeño humedal muy importante para aves acuáticas próximo a Cabo Rojo. Aplaudimos este logro y sobre todo el entusiasmo con que el personal del ayuntamiento de Pedernales ha establecido un precedente nacional importantísimo en la descentralización del manejo de recursos naturales.
El resto de nuestro optimismo proviene de las acciones de la propia sociedad civil, y su actitud cada vez más activa hacia la protección del medio ambiente. Además del Grupo Jaragua, muchas ONGs están trabajando en la defensa de los recursos naturales, tales como el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de Samaná y su Entorno (CEBSE), la Fundación Loma Quita Espuela, Espeleogrupo, la Fundación PROGRESSIO, el Grupo Tinglar, la Sociedad Ornitológica de la Hispaniola, Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Ecoparque, la Fundación Ecomar y Fundemar, entre otras, varias agrupadas bajo el Consorcio Ambiental Dominicano. Algunas de estas instituciones son las responsables de las pocas investigaciones que se realizan en las áreas protegidas, así como de importantes actividades de educación ambiental a comunidades humanas en la periferia o el interior de las áreas, de integración de las comunidades al manejo de áreas, de capacitación en prácticas ambientalmente sostenibles, y algunas incluso contribuyendo al desarrollo de alternativas económicas para estas comunidades. Muchas de estas ONGs han ayudado a la formación de grupos locales de apoyo, como los Voluntarios Comunitarios de Jaragua, y la Asociación de Guías de la Naturaleza de Pedernales, Guías Ecológicos de Paraíso, Brigada Verde de Sabana de la Mar, las cuales están formadas por jóvenes locales interesados por la preservación del medio ambiente en su zona. Y a nivel nacional, dos coaliciones formadas en fecha reciente, Salvemos las Áreas Protegidas y la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), han jugado un papel fundamental en la movilización de sociedad civil y personalidades públicas de todo el país, en torno a temas ambientales, de una manera entusiasta y eficiente. Y tímidamente, algunas empresas privadas están financiando proyectos y premiando algunas iniciativas relativas a la conservación del medio ambiente.
Es justo mencionar también la deuda histórica que tenemos con agencias de cooperación internacional que han invertido cuantiosos recursos apoyando investigaciones, actividades, infraestructuras, diálogos, y capacitación en el área ambiental, además de aportar expertos a distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Dichas agencias incluyen el Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Asociación Suiza para la Cooperación Internacional, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Agencia de Ayuda Internacional de los Estados Unidos (USAID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia (UNESCO).
Por otra parte, el país ha ratificado diversas convenciones y acuerdos ambientales globales tales como la Convención de Diversidad Biológica, el Protocolo de Protección de Áreas y Vida Silvestre (SPAW), la CITES antes mencionada, y la Convención de Humedales de Importancia Global (RAMSAR), la Convención de Cambio Climático.
Otra esperanza para el sistema de áreas protegidas es la recién creada Procuraduría Ambiental creada por la ley 64-00 cuyo fin es dar seguimiento a denuncias de tema ambiental. Sin embargo, todavía están por verse sus frutos. También encontramos muy prometedora la propuesta de Defensor Ambiental del Pueblo, cuya elección será realizada mediante vistas públicas próximamente.
Por último, entre los aspectos positivos, queremos destacar el papel reciente de los medios de comunicación masivos del país. El mismo hecho de que este artículo sea publicado es prueba de ello. Cada vez más tienen acogida en la prensa, radio y televisión los artículos, programas y opiniones de temas ambientales. Esto es un gran logro en comparación con años atrás. Por mencionar un ejemplo, el desarrollo potencial de Bahía de las Águilas ha ocupado varias primeras planas de distintos periódicos, ha iniciado discusiones en todos los medios y ha propiciado encuentros en distintos foros. Los medios de comunicación nos han ayudado a que el ciudadano común valore sitios y especies que quizás desconocía, pero siente que son su patrimonio y que los quiere preservar. Finalmente, el medio ambiente se ha convertido en noticia, y este será el elemento fundamental para que la ciudadanía ejerza la presión suficiente para que ocurran cambios en la gestión de las áreas protegidas.
Para concluir...
Cualquier análisis serio sobre la situación de nuestras áreas protegidas no estaría completo si no incluyéramos recomendaciones concretas.
Es urgente que los límites de las áreas protegidas sean establecidos con claridad y sin ambigüedades por una nueva ley y en el terreno. Estos límites deben ser definidos por criterios técnicos, y debe acompañarse esta delimitación con la clarificación de la tenencia de tierras en las áreas protegidas y su periferia. Además, todo el proceso debe de integrar a los distintos sectores involucrados y coordinarse con los planes de ordenación territorial del país (si algún día los tenemos).
Es preciso mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en nuestras áreas protegidas, especialmente los guardaparques. Es difícil que personas calificadas opten por estos puestos dado el nivel insignificante de ingresos que perciben. Incluso en algunas zonas, como Parque del Este, donde la mayoría de las personas con cualidades para ocupar estos puestos está empleada en el turismo, el cuerpo de guardaparques está formado por personas de edad avanzada, que apenas tienen la condición física para trabajar en el campo. Esta misma situación hace que no se les exija nada a los guardaparques y la falta de vigilancia continúe.
Deben de crearse infraestructuras mínimas y fomentarse la visitación de nuestras áreas protegidas. Muchas veces la ciudadanía no las defiende porque no las conoce ni tiene idea de su valor.
Se necesita crear una mayor conciencia sobre los problemas y delitos ambientales prioritarios entre los actores clave de la justicia dominicana, las fuerzas armadas, la marina de guerra, el propio personal de medio ambiente, incluyendo la Policía Ambiental, y la Procuraduría Ambiental, las comunidades aledañas a las áreas protegidas y la sociedad dominicana en general. Muchos de los debates y protestas ambientales actuales, consumen energía en temas mal enfocados, como la arborización del Distrito Nacional. La clave es proporcionar a los actores principales los elementos necesarios para que participen en protestas y reclamos pacíficos en torno a asuntos verdaderamente prioritarios del medio ambiente nacional, tales como la problemática de nuestras áreas protegidas. Además, la ciudadanía desconoce los procedimientos establecidos de denuncia ambiental y su seguimiento.
Es preciso establecer programas de monitoreo continuo de las áreas para poder enfrentar las amenazas a tiempo. Estos programas, aunque deberían ser encauzados por la Secretaría de Medio Ambiente, podrían ser apoyados por ONGs, investigadores independientes, asociaciones locales y otros voluntariados. Lo importante es que se haga de una manera regular, y la Secretaría de Medio Ambiente cree mecanismos de retroalimentación que dirijan acciones efectivas y a tiempo frente a las amenazas.
Tenemos que ayudar al desarrollo de los poblados próximos a las áreas protegidas. La pobreza que hemos visto sufrir a los habitantes del interior y la periferia de muchas de estas áreas es desoladora. La escasez de alternativas económicas y el despojo sufrido por la creación de las propias áreas en algunos casos obliga a muchos comunitarios a infringir las leyes ambientales para sobrevivir. La gente que rodea a nuestras áreas protegidas necesita ayuda para mejorar sus condiciones de vida, para que sus comunidades "progresen" como muchos de ellos anhelan. Estas áreas necesitan el apoyo de políticas de gobierno e iniciativas civiles que apoyen la generación de modos de vida ambientalmente sostenibles, que aumenten el capital humano, y quiten presión sobre la destrucción de los recursos naturales que todavía nos quedan.
Diario Libre
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