Muerte de Miguel Antonio Valenzuela: ¿abuso policial o insalubridad?
Según la autopsia realizaba por el Inacif Valenzuela habría muerto por leptospirosis; sin embargo, la familia cuestiona esa versión y especulan que pudo haber muerto por presunto maltrato durante el tiempo que estuvo detenido
Ricardo de la Cruz
Era miércoles 15 de julio. El señor Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, murió en el Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina, de la provincia San Cristóbal. Habían pasado solo dos días desde que fue liberado del destacamento policial conocido como "La 17", debido a que estaba presentando complicaciones de salud.
Había permanecido detenido desde el 8 de julio por presunta posesión de un verifón utilizado para la venta de números de lotería.
El 19 de julio se revelaron los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinaron que "Miguelito", como era conocido por sus familiares y amigos, falleció a causa de una leptospirosis que le provocó trombocitopenia, una condición caracterizada por niveles anormalmente bajos de plaquetas en la sangre.
Sin embargo, los familiares rechazan esa explicación y exigen una "investigación exhaustiva e independiente" que determine las "causas reales" del fallecimiento de su pariente. Ellos aseguran que, antes de morir, Valenzuela les relató que había sido golpeado y torturado durante el tiempo que permaneció bajo custodia policial.
Miguel Maldonado Lucas, padre del fallecido, declaró que su hijo le confesó que un agente policial lo golpeaba presuntamente con una media llena de arena.
Esta discrepancia obliga a las autoridades a investigar a profundidad para poder decantarse por una de las dos versiones, pero también deja una serie de interrogantes que aún no tienen respuesta.
¿Miguel Antonio Valenzuela murió por enfermedad o por tortura y violencia policial? ¿Las condiciones de salubridad del destacamento provocaron ese fallecimiento? ¿Corre peligro la vida de los demás detenidos en ese destacamento? ¿Fue ejecutado Valenzuela por agentes policiales?
Orden de los acontecimientos
Antes de su traslado al destacamento, al hoy occiso se le realizó una evaluación médica como parte del protocolo previo al desplazamiento de personas detenidas a una dotación policial.
Según informó su abogado y familiar, Carlos Rodríguez, el certificado médico de dicha evaluación establece que el detenido no presentaba lesiones por agresión al momento de ser examinado.
Sin embargo, el 10 de julio los familiares del arrestado acudieron a visitarlo al destacamento, pero los agentes policiales no les permitieron el acceso, según contó Epifanio Lucas Maldonado, tío paterno de la víctima.
Este afirmó que hubo días en los cuales su sobrino tenía fiebre y solicitaba que llamaran a su hermana, pero que los policías nunca informaron a la familia sobre esa situación.
Luego, el 13 de julio, Valenzuela fue trasladado al Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde fue puesto en libertad.
Al salir del tribunal, la víctima manifestó que se sentía sin fuerzas, por lo que sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina. Allí presentó dificultad para respirar, erupciones generalizadas, puntos rojos en la piel y hemorragia conjuntival.
Según se reveló, la liberación se logró gracias a una abogada de San Cristóbal, identificada únicamente como "Nelly", quien, al observar el estado de salud de Valenzuela, pidió que lo dejaran en libertad.
Su hijo mayor, Danny Miguel Valenzuela, de 21 años, fue quien lo vio con vida por última vez.
Cuenta que su padre pasó sus últimos momentos con fiebre, moretones en el cuerpo, los labios agrietados y vomitando sangre.
"Ya no podía caminar, hablar ni realizar sus necesidades básicas", aseguró.
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¿Qué pasó entre el 8 y el 13 de julio?
El abogado Carlos Rodríguez cuestionó las circunstancias en las que "Miguelito", como era conocido por sus familiares y allegados, salió del destacamento días después y llegó al área de emergencias de un centro de salud, donde, según explicó, falleció apenas tres horas después de su ingreso.
"¿Qué ocurrió dentro del cuartel entre el 8 y el 13 de julio para que Miguelito tuviera que ser cargado hasta la sala de emergencias y falleciera apenas unas tres horas después de su ingreso al hospital?", cuestionó el abogado.
El 16 de julio, los familiares trasladaron el ataúd con el cuerpo de Miguelito hasta el destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal, donde permanecieron alrededor de 30 minutos en protesta para exigir justicia por su muerte.
La manifestación reunió a más de un centenar de personas, que marcharon desde el sector Calle Bonita hasta la sede policial, acompañadas por representantes de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Al día siguiente, el presidente de la República, Luis Abinader, fue cuestionado por la prensa sobre este caso. El jefe de Estado se limitó a responder que "las investigaciones se están llevando a cabo; esperemos los resultados".
El 19 de julio, la Fiscalía de San Cristóbal explicó que, como parte de la investigación del caso, recurrió a Patología Forense, entidad que emitió un informe.
Los resultados establecen que, durante su atención médica en el hospital, Valenzuela presentó "disnea, rash (dificultad para respirar y erupción cutánea) generalizado, petequias (puntos rojos en la piel) y hemorragia conjuntival".
Por este motivo, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde presentó a las 11:20 de la noche un paro cardiorrespiratorio que no pudo ser revertido.
La Procuraduría afirma que Patología Forense explicó que, durante la realización de la autopsia, encontró "alteraciones orgánicas propias de un proceso patológico inflamatorio".
El 20 de julio, acompañados de sus abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, los familiares acudieron a la sede de la Procuraduría General de la República, donde depositaron una instancia en la que cuestionan la actuación de las autoridades locales y reclaman una investigación "exhaustiva, imparcial e independiente".
Los abogados explicaron que la familia no confía en que la Fiscalía de San Cristóbal pueda conducir una investigación objetiva sobre el caso, por lo que solicitaron la intervención directa de la procuradora.
"La situación es que hoy estamos aquí solicitando a la magistrada Yeni Berenice Reynoso que designe un equipo médico forense ajeno a la Fiscalía de San Cristóbal, ya que no tenemos garantías de que en San Cristóbal se realice una investigación independiente", expresaron.
Por su parte, la procuradora fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, negó ayer que Miguel Antonio Lucas Paredes permaneciera detenido más allá del plazo establecido por la ley y aseguró que el hombre fue llevado al médico.
Al concluir la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, Santana rechazó que el Ministerio Público haya excedido el límite constitucional de 48 horas para presentar al detenido ante un juez.
"A él se le fijó su medida de coerción en el tiempo oportuno. Lo presentamos dentro del plazo correspondiente, antes de las 48 horas. Ya es el tribunal el que debe fijar la audiencia", sostuvo.
Ricardo de la CruzEstudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.