“Tenemos importantes retos,sobre todo lo relacionado a medioambiente y adaptación al cambio climático”

Los efectos de las inundaciones que se producen en el país cuando hay temporadas lluviosas provocan una disminución de 1.3 % en el presupuesto familiar y los vientos huracanados 4.2 %. Así lo estiman cifras preliminares de un estudio que realizó el Gobierno con el Banco Mundial y que fueron adelantadas por el ministro de Economía, Planificación y Desarrrollo, Juan Ariel Jiménez, durante su participación en el Diálogo Libre de este periódico.

Por esto, el ministro destacó que durante su gestión se estará trabajando en un plan nacional de infraestructuras para determinar cuáles son las construcciones que se necesitan en todo el territorio y sus características. Esto -garantizó- permitirá mejoras en la productividad de los sectores económicos y en la resiliencia ante el cambio climático. “Para poder priorizar”, enfatizó.

“Muchas veces lo que se necesita es un desagüe para que, cuando el río crezca, no se lleve todas las plantaciones, o se requieren unos caminos para que, cuando se da sequía en una localidad, poder mover los animales de la producción pecuaria hacia otra comunidad. Todo eso lo estamos trabajando”, informó.

En junio de 2018, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, informó que, desde 1979, el cambio climático ha provocado pérdidas en la agricultura dominicana por encima de los US$1,000 millones, un número al que -dijo- se le deben sumar los daños que han sufrido las infraestructuras.

Para 2017, la República Dominicana ocupaba la posición 37 de 181 países evaluados en el Índice de Riesgo Climático Global elaborado por la organización Germanwatch.

Jiménez indicó que, para responder mejor a los efectos de eventos climáticos, el Gobierno tiene en etapa de prueba una aplicación móvil mediante la cual la población podrá informar los daños que han ocurrido en su comunidad. “Eso activa inmediatamente un sinnúmero de protocolos”, explicó.

Salud y otros pendientes

Un fondo de cohesión territorial, que es otro de los planes, permitirá impactar las comunidades más pobres del país. “Participan en diferentes talleres y de ahí salen los proyectos que la misma comunidad prioriza. Esos proyectos pasan a un comité interinstitucional que valida y aprueba”, explicó Noel Bou, director de Gabinete del Ministerio. “Eso ayuda a evitar ‘lo quiero todo al mismo tiempo’ ”, agregó el ministro.

El país tiene pendiente cumplir con todas las pautas trazadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por las Naciones Unidas hacia ese mismo año. Dos de esos objetivos son adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos.

Jiménez informó que, con miras a conocer el cumplimiento de los ODS, se trabaja en una plataforma tecnológica para que la población le dé seguimiento a los pendientes.

“Tenemos que saber que para nosotros estar seguros si estamos cumpliendo o no los ODS necesitamos estadísticas y, por eso, estamos desarrollando un plan de desarrollo estadístico para cada uno de los indicadores”, destacó.

Reconoció que, en aspectos como la salud, la instauración plena del sistema de atención primaria sigue siendo un reto tanto económico y de cambios en la formación de recursos humanos con un enfoque de prevención y promoción de la salud. “El Gobierno ha avanzado mucho (...), pero se requiere de la colaboración de los gremios de salud, estos gremios tienen que saber que la atención especializada ya debe ser el último recurso”, dijo.

“Hay muchos ODS que nosotros, de continuar el ritmo que lleva la economía dominicana pues podemos cumplirlos”, proyectó. Citó, por ejemplo, la reducción del hambre y de la pobreza.

“Hay otros ODS donde tenemos importantes retos, sobre todo lo relacionado a medioambiente y adaptación al cambio climático”, observó.

Indicó que el cumplimiento de estos retos dependerá mucho de las políticas públicas.

En su artículo 35, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada hace casi ocho años, ordenaba que en un plazo no mayor de un año las fuerzas políticas, económicas y sociales arribaran a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional.

Mariela Mejía

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Editora de Economía y docente de periodismo. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos.