Un fraude en sentencia del caso Bancrédito
Una firma sin certificación hizo la auditoría al banco
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La esperanza de los dominicanos por tener una justicia fuera de toda contaminación, recibió un traspiés con la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional que condenó a Manuel Arturo Pellerano Peña y a Juan Felipe Mendoza Gómez.
La decisión judicial se fundamentó en una supuesta auditoría forense realizada por un supuesto perito contratado por la parte acusadora, que no reunía las condiciones legales ni profesionales para ese trabajo.
La historia fuera digna de un comic, si no comprometiera la integridad del Poder Judicial en la República Dominicana.
El 17 de agosto del 2006 el Primer Tribunal Colegiado declaró culpables a los señores Pellerano Peña y Mendoza Gómez por violación a la Ley Monetaria y Financiera y falsedad de documentos bancarios. Para llegar a esa conclusión, los jueces se fundamentaron en las informaciones contenidas en el Reporte de Auditoría Forense practicado al Bancrédito elaborado por la firma Duarte & Asociados.
Los trabajos de Auditoría Forense al Bancrédito (actual Banco León) fueron realizados durante el primer semestre del año 2004. Para dichos fines, el Banco Central, solicitante del experticio, notificó al Banco León, que la compañía "Duarte & Asociados Corredores, S. A." había sido designada para la realización de la auditoría forense del Bancrédito. Es decir, bajo la modalidad de grado a grado, y sin ningún tipo de licitación pública, el Banco Central designó a una empresa de corredores de seguros para que practicara una Auditoría Forense a la entidad de intermediación financiera que ocupaba el tercer lugar en la banca privada nacional. La Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas prohíbe que los corredores de seguros se dediquen a cualquier actividad que no sea la del corretaje de seguros. Asimismo, la normativa vigente en materia de servicios de auditoría reserva a los Contadores Públicos Autorizados este tipo de experticios.
Durante los meses de marzo y abril del 2004, Duarte & Asociados Corredores, S. A. fue sometida a una metamorfosis corporativa que resultó en la modificación de la razón social de la empresa al de Duarte & Asociados, S. A. (su nombre actual), así como la adecuación de su objeto social al de las actividades de auditoría y asesoría en general.
El Reglamento sobre Auditores Externos dispone en su artículo 3 la obligación a cargo de las Firmas de Auditores Externos de estar inscritos y tener autorización previa de la Superintendencia de Bancos antes del ofrecimiento de sus servicios a las entidades de intermediación financiera. El artículo 36 del mismo Reglamento consigna que Las firmas de auditores externos que infrinjan las disposiciones de la aludida normativa, serán pasibles de las sanciones previstas por el artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera.
El Banco Central, entidad que designó a Duarte & Asociados Corredores, S. A., una empresa de corredores de seguros, sin ningún tipo de trayectoria o experiencia en auditorías, para la ejecución de una Auditoría Forense al tercer banco privado nacional, es también querellante contra los señores Pellerano Peña y Mendoza Gómez en un proceso penal que actualmente se ventila en la fase de instrucción.
Sin licitación
Bajo la modalidad de grado a grado, y sin ningún tipo de licitación pública, el Banco Central designó a una empresa de corredores de seguros para que practicara una Auditoría Forense a la entidad de intermediación financiera que ocupaba el tercer lugar en la banca privada nacional.
La decisión judicial se fundamentó en una supuesta auditoría forense realizada por un supuesto perito contratado por la parte acusadora, que no reunía las condiciones legales ni profesionales para ese trabajo.
La historia fuera digna de un comic, si no comprometiera la integridad del Poder Judicial en la República Dominicana.
El 17 de agosto del 2006 el Primer Tribunal Colegiado declaró culpables a los señores Pellerano Peña y Mendoza Gómez por violación a la Ley Monetaria y Financiera y falsedad de documentos bancarios. Para llegar a esa conclusión, los jueces se fundamentaron en las informaciones contenidas en el Reporte de Auditoría Forense practicado al Bancrédito elaborado por la firma Duarte & Asociados.
Los trabajos de Auditoría Forense al Bancrédito (actual Banco León) fueron realizados durante el primer semestre del año 2004. Para dichos fines, el Banco Central, solicitante del experticio, notificó al Banco León, que la compañía "Duarte & Asociados Corredores, S. A." había sido designada para la realización de la auditoría forense del Bancrédito. Es decir, bajo la modalidad de grado a grado, y sin ningún tipo de licitación pública, el Banco Central designó a una empresa de corredores de seguros para que practicara una Auditoría Forense a la entidad de intermediación financiera que ocupaba el tercer lugar en la banca privada nacional. La Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas prohíbe que los corredores de seguros se dediquen a cualquier actividad que no sea la del corretaje de seguros. Asimismo, la normativa vigente en materia de servicios de auditoría reserva a los Contadores Públicos Autorizados este tipo de experticios.
Durante los meses de marzo y abril del 2004, Duarte & Asociados Corredores, S. A. fue sometida a una metamorfosis corporativa que resultó en la modificación de la razón social de la empresa al de Duarte & Asociados, S. A. (su nombre actual), así como la adecuación de su objeto social al de las actividades de auditoría y asesoría en general.
El Reglamento sobre Auditores Externos dispone en su artículo 3 la obligación a cargo de las Firmas de Auditores Externos de estar inscritos y tener autorización previa de la Superintendencia de Bancos antes del ofrecimiento de sus servicios a las entidades de intermediación financiera. El artículo 36 del mismo Reglamento consigna que Las firmas de auditores externos que infrinjan las disposiciones de la aludida normativa, serán pasibles de las sanciones previstas por el artículo 80 de la Ley Monetaria y Financiera.
El Banco Central, entidad que designó a Duarte & Asociados Corredores, S. A., una empresa de corredores de seguros, sin ningún tipo de trayectoria o experiencia en auditorías, para la ejecución de una Auditoría Forense al tercer banco privado nacional, es también querellante contra los señores Pellerano Peña y Mendoza Gómez en un proceso penal que actualmente se ventila en la fase de instrucción.
Sin licitación
Bajo la modalidad de grado a grado, y sin ningún tipo de licitación pública, el Banco Central designó a una empresa de corredores de seguros para que practicara una Auditoría Forense a la entidad de intermediación financiera que ocupaba el tercer lugar en la banca privada nacional.
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