Una historia de fracasos
Tania Molina
Desde el inicio de la historia de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) a mediados de los 50, hasta la fecha se cuentan más de diez planes generales para mejorar el servicio, pero todos han fracasado.
Hasta el momento no han valido los acuerdos, las cumbres, ni las propuestas de partidos de gobierno que se convierten en oposición, o los de oposición que se convierten en gobierno, para romper el círculo de apagones por falta de pagos, robo por falta de servicio y poca generación por deudas acumuladas.
Para el ex presidente del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, el fracaso de dichas iniciativas se debe en parte a las luchas de intereses, y en parte porque las autoridades de turno no han destinado los fondos necesarios en las áreas requeridas.
En una propuesta de estrategia para el sector eléctrico (2008-2012), que realizó a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en su condición de asesor, Moreno San Juan estima que la postergación de la solución del problema energético le ha costado al país US$2,300 millones sólo en el cuatrienio 2004-2008. En su propuesta, el especialista plantea un monto de US$ 2,800 millones que se invertirían en incorporar al sistema unos 1,200 megavatios de energía producida a carbón.
"Cuando tú miras la cantidad de dinero que se destina a cubrir el déficit del sector, que equivale a más de mil millones de dólares, de los cuales 800 van a manos de las generadoras, te das cuenta de que lo que propongo es más barato de lo que se gasta por el déficit en tres años", asegura.
Para el profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Miguel Rivas, una de las razones por la que no se logra solucionar el problema de la energía se debe a la alta incidencia estatal en las empresas que lo componen. Recuerda que el Estado es el propietario de las empresas de transmisión, las hidroeléctricas, dos de las tres distribuidoras y socio en 50% de la tercera. "La función del Estado debe ser la de regulador, porque tener tanta incidencia en el sector crea disturbio, ya que no puede ser juez y parte".
Hasta la década del 1950 el servicio energético nacional se sustentó en sistemas de generación aislados, en su mayoría administrados por los ayuntamientos, aunque el de mayor capacidad, como el caso de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, era de capital extranjero.
Sin embargo, y como detalla Moreno San Juan en su libro "Sistema Eléctrico Nacional", la negativa de la empresa Stone y Wesbster Services Corp. de extender el suministro a los barrios marginados, la hicieron entrar en conflicto con las autoridades y el dictador Rafael Leónidas Trujillo decidió adquirir las acciones de la compañía en 1955.
Al año siguiente Trujillo contrató a los antiguos propietarios para diseñar un plan de expansión del sector a 10 años. Entonces se contempló la instalación de seis plantas de 110 MW, pero al final de dicho período apenas se instalaron 52 MW. En el 1967 se contrató a la empresa Ebasco Services para elaborar un segundo plan, que abarcaba desde ese año hasta el 78 con la construcción de otras seis plantas con una capacidad de 491 MW.
"Al 73 era tal el atraso en la ejecución del plan que el país entró en crisis y la CDE debió diseñar otro plan", dice Moreno San Juan en su libro. El tercer plan abarcó desde el 1973 hasta el 1982 y preveía la construcción de ocho plantas con capacidad total de 820 MW, pero de esos sólo se lograron instalar 547.
Un cuarto plan iba desde el 1983 al 1992 y apenas alcanzó a instalar 403 MW de 802 propuestos. El documento plantea que el retraso en instalar la capacidad energética requerida y la creciente demanda del servicio llevó al Estado a comprar la energía a generadores privados, empezando en 1978 con 100 MW a la empresa Falconbridge Dominicana.
Para el 1994, se creó el programa de rehabilitación de la CDE, para lo cual el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer debió acudir a varios préstamos internacionales. Ese mismo año se gestionó US$22 millones con el Banco Europeo de Inversión para mejorar las redes de transmisión en las regiones sur y este.
Miguel Rivas cuestiona la costumbre de interponer siempre los asuntos políticos por encima del bien de la empresa. "Los gobiernos siempre velan por el interés de la ciudadanía, un ejemplo de esto es la carga del subsidio que se hace insostenible, pero que además crea distorsión en el mercado". Y sigue, "si se aclara esa distorsión de forma que en el momento que no haya fondos para comprar más de mil kilovatios, no se compraran, se evitaría caer en el círculo de tanto déficit, claro, eso implicaría que en un principio haya apagones, pero es un costo político en el que hay que incurrir".
En el 1996, con el paso de la administración reformista a la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cobra fuerza la idea de privatizar el sector, proceso que se llevó a cabo en el 1999.
Aunque el primer gobierno que presidió Leonel Fernández anunció el proceso como la solución definitiva del sector, la realidad fue otra. Aparte del pago de mayores subsidios, la población comenzó a recibir más extendidos y frecuentes apagones.
En junio del 2000, el país se vio prácticamente apagado porque tres plantas, que aportaban 345 MW, salieron de operación, por una deuda de RD$1,926 millones. Para entonces eran frecuentes las quejas contra los generadores, incluso, el propio administrador de CDE, Radhamés Segura, llegó a acusarlos de sobrevaluar las facturas por ajuste de combustible en más de 12 millones de dólares y decía que se debían revisar los contratos.
El 17 de agosto del 2000, apenas un día después de haberse juramentado como presidente, Hipólito Mejía anunció al país la revisión de dichos contratos. Al año siguiente se firmó el llamado Acuerdo de Madrid. Pero esto tampoco logró resolver el conflicto, y al igual que la capitalización, el acuerdo fue satanizado por la oposición. En agosto del 2004, se vuelve a anunciar la revisión de los acuerdos, aunque en casi cinco años sólo se ha renegociado con la empresa Palamara- La Vega.
En 2006 también se diseñó el "Plan Gubernamental de Rescate del Sector Eléctrico", con el cual se buscaba reducir en un 50% el déficit del sector que al 2005 rondaba los 700 millones de dólares. Sería un plan de seis años e incluía la construcción de plantas a carbón y energía eólica, las cuales, finalizando el 2008, todavía no inician.
La propuesta más reciente la hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sobre lo que entiende debe ser el plan integral de solución del problema, pero el contenido de la misma ha tenido fuertes cuestionamientos de parte de los sectores del Gobierno.
Corrupción
Al sector energético también han llegado los escándalos de corrupción. Tal es el caso del contrato por valor de 20 millones de dólares que se firmó con la empresa canadiense Hidro-Quebec-Sofati, para instalar unas plantas que nunca llegaron al país, pero que tampoco se supo que pasó con el dinero. Todavía está fresco el caso de César Sánchez, descargado recientemente de las acusaciones de desvío de 2 mil millones de pesos de la bonos soberanos, mientras se desempeñó como Administrador de la CDEEE.
Todos a favor de diversificar el sistema eléctrico
Aunque entre cada propuesta existen claras discrepancias, todos los actores del sector parecen estar de acuerdo, incluyendo a generadores, empresarios, analistas y el Gobierno, en que hay que diversificar el parque de generación. Una fórmula ideal sería tener por lo menos un 50% de la generación en plantas a carbón y gas natural, un 15% con hidroeléctricas, otro 10% en parques eólicos y biocombustibles, y el restante 25% en plantas de motor. En la actualidad más del 50% de la energía del país se produce con plantas a motor. Aunque la hidroeléctrica y las eólicas resultan ser las fuentes de generación más barata y amigables con el medio ambiente, el sector considera ambos recursos poco estables, además de que sus costos de instalación son más costosos, por lo que no se recomiendan.
Hasta el momento no han valido los acuerdos, las cumbres, ni las propuestas de partidos de gobierno que se convierten en oposición, o los de oposición que se convierten en gobierno, para romper el círculo de apagones por falta de pagos, robo por falta de servicio y poca generación por deudas acumuladas.
Para el ex presidente del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, el fracaso de dichas iniciativas se debe en parte a las luchas de intereses, y en parte porque las autoridades de turno no han destinado los fondos necesarios en las áreas requeridas.
En una propuesta de estrategia para el sector eléctrico (2008-2012), que realizó a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en su condición de asesor, Moreno San Juan estima que la postergación de la solución del problema energético le ha costado al país US$2,300 millones sólo en el cuatrienio 2004-2008. En su propuesta, el especialista plantea un monto de US$ 2,800 millones que se invertirían en incorporar al sistema unos 1,200 megavatios de energía producida a carbón.
"Cuando tú miras la cantidad de dinero que se destina a cubrir el déficit del sector, que equivale a más de mil millones de dólares, de los cuales 800 van a manos de las generadoras, te das cuenta de que lo que propongo es más barato de lo que se gasta por el déficit en tres años", asegura.
Para el profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Miguel Rivas, una de las razones por la que no se logra solucionar el problema de la energía se debe a la alta incidencia estatal en las empresas que lo componen. Recuerda que el Estado es el propietario de las empresas de transmisión, las hidroeléctricas, dos de las tres distribuidoras y socio en 50% de la tercera. "La función del Estado debe ser la de regulador, porque tener tanta incidencia en el sector crea disturbio, ya que no puede ser juez y parte".
Hasta la década del 1950 el servicio energético nacional se sustentó en sistemas de generación aislados, en su mayoría administrados por los ayuntamientos, aunque el de mayor capacidad, como el caso de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, era de capital extranjero.
Sin embargo, y como detalla Moreno San Juan en su libro "Sistema Eléctrico Nacional", la negativa de la empresa Stone y Wesbster Services Corp. de extender el suministro a los barrios marginados, la hicieron entrar en conflicto con las autoridades y el dictador Rafael Leónidas Trujillo decidió adquirir las acciones de la compañía en 1955.
Al año siguiente Trujillo contrató a los antiguos propietarios para diseñar un plan de expansión del sector a 10 años. Entonces se contempló la instalación de seis plantas de 110 MW, pero al final de dicho período apenas se instalaron 52 MW. En el 1967 se contrató a la empresa Ebasco Services para elaborar un segundo plan, que abarcaba desde ese año hasta el 78 con la construcción de otras seis plantas con una capacidad de 491 MW.
"Al 73 era tal el atraso en la ejecución del plan que el país entró en crisis y la CDE debió diseñar otro plan", dice Moreno San Juan en su libro. El tercer plan abarcó desde el 1973 hasta el 1982 y preveía la construcción de ocho plantas con capacidad total de 820 MW, pero de esos sólo se lograron instalar 547.
Un cuarto plan iba desde el 1983 al 1992 y apenas alcanzó a instalar 403 MW de 802 propuestos. El documento plantea que el retraso en instalar la capacidad energética requerida y la creciente demanda del servicio llevó al Estado a comprar la energía a generadores privados, empezando en 1978 con 100 MW a la empresa Falconbridge Dominicana.
Para el 1994, se creó el programa de rehabilitación de la CDE, para lo cual el gobierno del entonces presidente Joaquín Balaguer debió acudir a varios préstamos internacionales. Ese mismo año se gestionó US$22 millones con el Banco Europeo de Inversión para mejorar las redes de transmisión en las regiones sur y este.
Miguel Rivas cuestiona la costumbre de interponer siempre los asuntos políticos por encima del bien de la empresa. "Los gobiernos siempre velan por el interés de la ciudadanía, un ejemplo de esto es la carga del subsidio que se hace insostenible, pero que además crea distorsión en el mercado". Y sigue, "si se aclara esa distorsión de forma que en el momento que no haya fondos para comprar más de mil kilovatios, no se compraran, se evitaría caer en el círculo de tanto déficit, claro, eso implicaría que en un principio haya apagones, pero es un costo político en el que hay que incurrir".
En el 1996, con el paso de la administración reformista a la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cobra fuerza la idea de privatizar el sector, proceso que se llevó a cabo en el 1999.
Aunque el primer gobierno que presidió Leonel Fernández anunció el proceso como la solución definitiva del sector, la realidad fue otra. Aparte del pago de mayores subsidios, la población comenzó a recibir más extendidos y frecuentes apagones.
En junio del 2000, el país se vio prácticamente apagado porque tres plantas, que aportaban 345 MW, salieron de operación, por una deuda de RD$1,926 millones. Para entonces eran frecuentes las quejas contra los generadores, incluso, el propio administrador de CDE, Radhamés Segura, llegó a acusarlos de sobrevaluar las facturas por ajuste de combustible en más de 12 millones de dólares y decía que se debían revisar los contratos.
El 17 de agosto del 2000, apenas un día después de haberse juramentado como presidente, Hipólito Mejía anunció al país la revisión de dichos contratos. Al año siguiente se firmó el llamado Acuerdo de Madrid. Pero esto tampoco logró resolver el conflicto, y al igual que la capitalización, el acuerdo fue satanizado por la oposición. En agosto del 2004, se vuelve a anunciar la revisión de los acuerdos, aunque en casi cinco años sólo se ha renegociado con la empresa Palamara- La Vega.
En 2006 también se diseñó el "Plan Gubernamental de Rescate del Sector Eléctrico", con el cual se buscaba reducir en un 50% el déficit del sector que al 2005 rondaba los 700 millones de dólares. Sería un plan de seis años e incluía la construcción de plantas a carbón y energía eólica, las cuales, finalizando el 2008, todavía no inician.
La propuesta más reciente la hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sobre lo que entiende debe ser el plan integral de solución del problema, pero el contenido de la misma ha tenido fuertes cuestionamientos de parte de los sectores del Gobierno.
Corrupción
Al sector energético también han llegado los escándalos de corrupción. Tal es el caso del contrato por valor de 20 millones de dólares que se firmó con la empresa canadiense Hidro-Quebec-Sofati, para instalar unas plantas que nunca llegaron al país, pero que tampoco se supo que pasó con el dinero. Todavía está fresco el caso de César Sánchez, descargado recientemente de las acusaciones de desvío de 2 mil millones de pesos de la bonos soberanos, mientras se desempeñó como Administrador de la CDEEE.
Todos a favor de diversificar el sistema eléctrico
Aunque entre cada propuesta existen claras discrepancias, todos los actores del sector parecen estar de acuerdo, incluyendo a generadores, empresarios, analistas y el Gobierno, en que hay que diversificar el parque de generación. Una fórmula ideal sería tener por lo menos un 50% de la generación en plantas a carbón y gas natural, un 15% con hidroeléctricas, otro 10% en parques eólicos y biocombustibles, y el restante 25% en plantas de motor. En la actualidad más del 50% de la energía del país se produce con plantas a motor. Aunque la hidroeléctrica y las eólicas resultan ser las fuentes de generación más barata y amigables con el medio ambiente, el sector considera ambos recursos poco estables, además de que sus costos de instalación son más costosos, por lo que no se recomiendan.
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