Unicef rechaza endurecimiento de las penas a los menores que delinquen
Arguye que elevar las condenas no resuelve los problemas de la inseguridad ciudadana
Diario Libre
SANTO DOMINGO.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) rechazó la modificación a la Ley 136-03 del Código del Menor para endurecer las penas a los adolescentes en conflicto con la ley.
El organismo internacional entiende que los adolescentes que cometen hechos delictivos deben ser sometidos a una justicia democrática y que elevarles los años de privación de libertad es despojar "aún más a los pobres del derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a la formación y al empleo".
Citó un informe de la Procuraduría General de la República, a principios del 2012, que dice que había 22,000 adultos privados de libertad frente a 570 adolescentes, por lo que, afirma, "no son los menores de edad los responsables de la mayoría de los actos criminales que suceden en el país".
Unicef agrega que "aumentar las penas no resuelve en nada los problemas de la inseguridad ciudadana".
El proyecto de ley, aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados y que será enviado al Senado, aumenta las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión para los menores que delinquen con edades entre los 13 y 15 años; y la máxima, de 5 a 15 años de reclusión a los que tienen edades entre 16 y 18 años.
La pieza eleva, además, de 10 a 30 días la investigación a los adolescentes que sean investigados por cometer un hecho delictivo, y establece la prueba ósea para determinar si realmente es menor la persona que es sometida a la justicia.
Unicef aclaró que como organismo que trabaja por los derechos de los menores de edad no fue consultada por la Cámara de Diputados ni requerida su opinión.
En ese sentido, indica que en un Estado democrático, como es la República Dominicana, el debate de ideas y la participación social son derechos fundamentales que no pueden ignorarse por los representantes del pueblo.
Explica que cualquier propuesta de reforma legal que afecte a los derechos fundamentales, en este caso la infancia, debe tener en cuenta las opiniones, informes técnicos y dictámenes de las organizaciones especializadas, como las integrantes de la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes (Cejnna) y a esa agencia del Sistema de Naciones Unidas invitada por el Gobierno para colaborar en la realización de los derechos humanos de las personas menores de 18 años.
El organismo internacional entiende que los adolescentes que cometen hechos delictivos deben ser sometidos a una justicia democrática y que elevarles los años de privación de libertad es despojar "aún más a los pobres del derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a la formación y al empleo".
Citó un informe de la Procuraduría General de la República, a principios del 2012, que dice que había 22,000 adultos privados de libertad frente a 570 adolescentes, por lo que, afirma, "no son los menores de edad los responsables de la mayoría de los actos criminales que suceden en el país".
Unicef agrega que "aumentar las penas no resuelve en nada los problemas de la inseguridad ciudadana".
El proyecto de ley, aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados y que será enviado al Senado, aumenta las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión para los menores que delinquen con edades entre los 13 y 15 años; y la máxima, de 5 a 15 años de reclusión a los que tienen edades entre 16 y 18 años.
La pieza eleva, además, de 10 a 30 días la investigación a los adolescentes que sean investigados por cometer un hecho delictivo, y establece la prueba ósea para determinar si realmente es menor la persona que es sometida a la justicia.
Unicef aclaró que como organismo que trabaja por los derechos de los menores de edad no fue consultada por la Cámara de Diputados ni requerida su opinión.
En ese sentido, indica que en un Estado democrático, como es la República Dominicana, el debate de ideas y la participación social son derechos fundamentales que no pueden ignorarse por los representantes del pueblo.
Explica que cualquier propuesta de reforma legal que afecte a los derechos fundamentales, en este caso la infancia, debe tener en cuenta las opiniones, informes técnicos y dictámenes de las organizaciones especializadas, como las integrantes de la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes (Cejnna) y a esa agencia del Sistema de Naciones Unidas invitada por el Gobierno para colaborar en la realización de los derechos humanos de las personas menores de 18 años.
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