AFP en Chile: la crisis del modelo fundacional
Los resultados del sistema de pensiones chileno, después de 38 años de operación, se han traducido en la peor crisis social desde la vuelta a la democracia
Marianela González
Los resultados ahogan esperanzas. Según datos entregados por la Superintendencia de Pensiones de Chile y publicados por Fundación Sol —institución que realiza estudios sobre el mundo del trabajo—, el 50% de las personas que cotizaron durante 30 o 35 años en una AFP se jubilaron con montos equivalentes o menores al 82% del sueldo mínimo. Una tragedia, considerando el costo de la vida en el trasandino país.
A diciembre de 2018, el 50 % de los 684,000 jubilados que recibieron una pensión de vejez por edad (la modalidad más recurrente) obtuvieron menos de US$210 (unos RD$10,770) —US$188 (RD$9,600) si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado—. Ese mismo año el 50 % de los nuevos jubilados, a través de su ahorro personal y la rentabilidad conseguida por una aseguradora, recibieron pensiones menores a US$76 (RD$3,900).
¿Para qué alcanzan estas pensiones?
Los datos son de la VIII encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. En promedio los hogares chilenos gastan mensualmente US$295 (RD$15,129) en comida, US$239 (RD$12,257) en transporte, US$226 (RD$11,590) en vivienda y servicios básicos, US$119 (RD$6,100) en salud, US$102 (RD$5,231) en educación y US$54 (RD$2,770) en prendas de vestir y calzado. Hasta ahí la suma llega a US$1,035 (RD$53,081): significa que esos gastos son 1,355% más elevados de lo que puede permitirse la mitad de los nuevos pensionados del año 2018.
Este modelo de pensiones tiene un padre, el economista chileno José Piñera (hermano del actual presidente de ese país). Hace 39 años el inventor de las AFP aseguró que un buen comportamiento previsional –elevados ingresos y regularidad en la cotizaciones o alta densidad– permitiría a los trabajadores jubilar con tasas de reemplazo de hasta un 70 %: lo que se traduce como pensiones equivalentes al 70 % de la última remuneración activa, pero no se cumplió.
Elisabeth Durán Olave es contadora de profesión. Trabajó desde los 20 años en forma casi ininterrumpida. Cuando decidió jubilar, en 2018, tenía 62 años de edad y una remuneración mensual de US$2,242 (RD$114,983), una renta elevada y cercana al tope de cotización.
“La gran sorpresa es que la jubilación que me ofrecía la AFP era paupérrima, US$308 (RD$15,795) por mes”, dice Elisabeth mientras traga saliva, ahoga el llanto y logra sacar la voz para comentar “Usted comprenderá que con ese monto nadie vive. Yo me pregunto ¿Cómo lo hacen esas personas que reciben una pensión solidaria del Estado?”.
Ganancias para las AFP y pérdidas para los afiliados
El juego tiene reglas que no admiten arbitraje ni apelación: trabajadores y trabajadoras están obligados a depositar el 10 % de su remuneración mensual imponible en una cuenta de capitalización individual, que es administrada por la AFP que ellos elijan. Por esa administración deben pagar una comisión, también obligatoria, de entre un 0.77 % y un 1.45 % del sueldo imponible. Quien trabaja, mientras más gana más paga.
“Suena a un sistema de ahorro forzoso y no a un sistema de seguridad social”, advierte el profesor, abogado y político chileno Fernando Atria.
Las AFP sacan el capital de las cuentas de los afiliados y lo invierten en el mercado de capitales nacionales y extranjeros: en otras palabras, le entregan dinero fresco a banqueros y empresarios para que concreten negocios que pueden generar pérdidas o ganancias (estas últimas con un retorno parcelado).
“Nadie fiscaliza la forma en que las aseguradoras de fondos de pensiones administran el dinero de sus afiliados. Si hay pérdidas, las deben asumir por completo los trabajadores y no pueden opinar sobre el destino de sus fondos”, asegura el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez.
Como mecanismo de control, la ley obliga a las AFP a compartir el riesgo e invertir el 1% de su capital de la misma forma en que invierte el dinero de sus afiliados. Este 1 % es un monto simbólico, dice Recaredo, porque el grueso de las ganancias de las AFP, el 93 %, proviene de la comisión obligatoria que le cobran a sus afiliados y pensionados; ganancias que además no están expuestas a los riesgos que afectan la rentabilidad del ahorro previsional.
Es importante destacar que, durante los años de funcionamiento del sistema, grandes crack financieros han generado niveles de pérdida abrumadores para los fondo de pensiones de los afiliados, el último de ellos el año 2008 donde la pérdida alcanzó un 30 % en los fondos más riesgosos.
Aquí sentados, esperando a que se cumplan las expectativas
“Se nos dijo a comienzos de los 80 - Cuando se privatizó el sistema - que íbamos a jubilar con una tasa de reemplazo del 70 % de nuestra renta en vida activa y que para el año 2020 esa tasa de reemplazo sería del 100 %... Prometieron que tendríamos pensiones casi iguales a las remuneraciones de nuestra vida laboral activa” asegura Carolina Espinoza, vocera de la coordinadora ciudadana No Más AFP.
Hoy la rentabilidad anual de los fondos bordea en promedio el 8 % pero las tasas de reemplazo solo alcanzan el 20 % —sin subsidio del Estado— y un 40 % en los mejores casos. Los defensores del sistema explican que esto se debe básicamente a tres factores: una baja en la densidad de cotizaciones durante la vida laboral, el aumento de la expectativa de vida a nivel mundial y la caída de los retornos a largo plazo en el mercado internacional. Para los críticos, la razón es que el sistema traslada a las pensiones todos los costos de la desigualdad en el trabajo.
¿Cuáles son esas desigualdades?
Desempleo: el 7.1 % de las y los trabajadores en Chile se encontraba cesante a junio de 2019, según las cifras publicadas por el INE.
Bajos salarios: la media de ingresos de los trabajadores fue de US$533 (RD$27,335) –lo que se va en techo y comida.
Un estudio de la Fundación Sol, que analiza la realidad de los sueldos y pensiones en Chile, pone el foco en que el 50 % de los trabajadores gana menos de US$533 y que siete de cada 10 consiguen rentas líquidas menores a US$771 (RD$39,541) . Por otro lado, quienes laboran por cuenta propia alcanzan una media de US$492 (RD$25,232).
Desigualdad económica: el 18 % de los trabajadores recibe rentas líquidas de US$1,192 (RD$61,132) aproximadamente, un 12 % llega a US$1,400 (RD$71,800) y el 1.5 % alcanza remuneraciones iguales o superiores a los US$4,208 (RD$215,811).
Respecto a la brecha entre hombres y mujeres, las cifras oficiales dicen que ellos ganan un 29.3 % más que ellas y que este dato se eleva a un 31.8 % en Santiago de Chile.
“Todos estos factores impactan en el resultado final de la pensión”, explica Recaredo Gálvez y agrega que en el caso de las mujeres el problema se acrecienta debido a un menor acceso al mercado laboral, a que desempeñan trabajos de maternidad y cuidados del hogar sin remuneración y el cálculo de una mayor expectativa de vida.
Licuadora de pensiones
¿Por qué si Elisabeth cumplió con casi todos los requisitos para jubilarse con una tasa de reemplazo del 70 %, su pensión solo alcanzó un reemplazo del 13.78 %?
Alejandra Matus, periodista chilena y autora del libro “Mitos y verdades de las AFP”, explica que la respuesta está en el cálculo que realiza la AFP donde se utilizan factores actuariales, que son sábanas de modelos matemáticos, en los que cada posible riesgo se pondera y va restando monto. “El capital del fondo se pulveriza y nunca alcanza para entregar una pensión proporcional al último sueldo”, aclara en una entrevista televisiva.
¿Qué significa esto? Que, entre otros, para el cálculo se considera la expectativa de vida de la persona, si existen hijos o beneficiarios que puedan heredar la pensión, las probabilidades que sufrir accidentes o de morir en forma anticipada, si es hombre o mujer. Para los casados se calcula el tiempo que vivirá el cónyuge y para los solteros el tiempo que vivirán los padres.
“Por eso una persona que tiene altos ingresos obtiene una pensión baja, porque debe dividir los fondos en muchas pequeñas unidades que garanticen eventos extraordinarios”, complementa la periodista.
Matus abre un paréntesis y pone el foco sobre el cálculo de las tablas de mortalidad. Están diseñadas para las personas que tienen mayores ingresos económicos, mayores posibilidades de cuidar su salud y por lo tanto viven más –hay estudios que lo comprueban–, dice que la trampa está en que usan esas misma tabla para calcular las expectativas de todas de todas las personas por igual.
Retiro programado y Renta vitalicia
Como el de las AFP no es un sistema de beneficio definido ni de seguro social, el monto que recibirán los pensionados —por vejez— también estará determinado por la cantidad de años cotizados y los resultados de las inversiones en el mercado de capitales; cada uno se salva como puede, dicen los chilenos.
Para el pago de pensiones las personas pueden optar por la modalidad de retiro programado en una AFP o un plan de renta vitalicia en una Compañía de seguros ¿Cuál es la diferencia?
En el retiro programado, la AFP calcula que la pensión tendrá variaciones durante los años de sobrevivencia del cotizante porque “Los fondos se siguen invirtiendo en el mercado de capitales durante la jubilación y pueden verse expuestos a pérdidas y disminuir en forma acelerada”, explica Gálvez. Los montos iniciales del retiro programado pueden ser más altos que los de una renta vitalicia pero con el tiempo van disminuyendo en la medida en que se consume el capital y bajan las ganancias de la inversión.
“Respecto a las pensiones de las mujeres, el retiro programado calcula una expectativa mayor para el tiempo de pago, eso significa —y así lo indica la tendencia— que al final de sus años de vida sus pensiones se pueden reducir a menos de la mitad”, advierte el investigador.
Esta modalidad tiene una garantía: los fondos son heredables tras el fallecimiento del cotizante. El problema, insiste Recadero, es que la gestión es burocrática y poco activa para beneficiar a quien corresponde, sobre todo si el cotizante no realizó el trámite de designar a sus beneficiarios.
En mayo 2019, la Superintendencia de Pensiones de Chile comunicó que existen más de US$249 millones (RD$12,770 millones) que no han sido cobrados por los herederos. El beneficio que de ello obtienen las AFP se encuentra en un terreno gris, la única claridad es que esos fondos siguen dinamizando el mercado de capitales.
Quienes acceden a una renta vitalicia, a diferencia del retiro programado, pierden la propiedad sobre el ahorro y con eso el derecho a la herencia. Las personas utilizan su fondo de pensión a modo de prima para contratar una renta vitalicia, por eso no todas las personas pueden acceder a ella.
Recordemos que a Elisabeth Durán la AFP le ofreció una pensión de US$308, que le resultaron insuficientes para vivir. Ella decidió optar por un plan de renta vitalicia y consiguió finalmente un monto de US$561, el 25 % de su remuneración activa.
Pérdida por partida doble. Trabajó durante 42 años, perdió los ahorros que pudo heredar a Pedro, su único hijo, y la posibilidad de un retiro laboral. Como su pensión sigue siendo baja continuará trabajando –hasta cuando pueda durar dice ella– en la misma empresa donde lleva 15 años. Comenzando de cero, a sus 63 años de edad asegura que ahorrará y tratará de juntar un pozo de dinero para enfrentar la vejez con dignidad.
Pensiones de hambre
“La única certeza que otorga el nuevo sistema (AFP) es que en el largo plazo habría pensiones mínimas que costearía el Estado. Del resto nada, a pesar de que en materias de seguridad social se requieren certezas”, se puede leer en el libro de Alejandra Matus.
A 28 años de la puesta en marcha del modelo de Piñera, el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet se vio obligado a impulsar una reforma previsional para socorrer a quienes estaban en edad de jubilar, pertenecían a los hogares de menores ingresos y no recibían pensiones porque nunca cotizaron en una AFP.
Se creó el Pilar Solidario, que actualmente paga la jubilación del 60 % de las personas más pobres de la población y subsidia a las pensiones que entrega la AFP y que están por debajo de la pensión máxima con aporte solidario. “El problema es que este monto corresponde solo al 36 % del salario mínimo y se encuentra a US$1.27 (RD$65.13) por sobre la línea de la extrema pobreza”, explica Recaredo Gálvez.
Otro investigador de la Fundación Sol, Marco Kremerman, concluye que “el de las pensiones en Chile se ha transformado en un evidente problema material y humanitario que el gobierno intenta omitir en la actual discusión de la nueva reforma”.
En los últimos 10 años las AFP y compañías de seguro han duplicado las pensiones pagadas, finalizando el 2018 con más de 1.3 millones de pensiones en todas sus modalidades, dice un informe que Fundación Sol hizo llegar a la Cámara de Diputados a inicios del 2019.
La modalidad de pensión preferida por los cotizantes es la renta vitalicia, que ha ido inyectando en el mercado de seguros una fuerte presión por el pago. “Lo peligroso de esto es que si la tendencia varía —si las personas optan por otro sistema— las compañías de seguro van a tener problemas de flujo para el pago de las pensiones que ya están comprometidas”, aclara Gálvez.
¿Qué ocurre en caso de quiebra de una compañía de seguros? Se activa la garantía estatal, que opera como salvavidas del sistema privado en caso de colapso pero “se vuelve ineficiente en términos de suficiencia porque garantiza montos por debajo de la pensión solidaria”, dice el experto.
Este sistema está lleno de problemas y el principal es que no da ningún tipo de garantías a las personas ni entrega cuentas respecto a cómo se administran nuestros fondos”, agrega Carolina Espinoza, vocera de la Coordinadora Ciudadana No Más AFP.
Conflictos de interés
Alejandra Vidal trabajó durante más de 30 años en una AFP tramitando pensiones de invalidez y poniendo todo tipo de trabas para negar el beneficio a los usuarios, por orden de su empleador, hasta que enfermó y se vio obligada a vivir lo mismo que las personas a las que ella tramitó.
En un reportaje –publicado el año 2018 por el diario electrónico theclinic.cl– Vidal contó detalladamente cómo sus jefaturas presionaban y financiaban beneficios para los trabajadores que bajaban las tasas de siniestralidad o disminuían al máximo posible la cantidad de personas que pueden acceder a cobrar su pensión de invalidez.
Las remuneraciones de los chilenos parten con un monto llamado sueldo base imponible. A ese monto se le descuenta un 7 % para autofinanciamiento de la salud, el 10 % del ahorro previsional obligatorio y la comisión para las AFP. Sobre esa misma base el empleador está obligado a pagar el 1.53 % de un seguro de invalidez y sobrevivencia llamado SIS, que también va a las AFP.
Con los aportes de los empleadores, las seis AFP que existen en Chile deben, en conjunto, llamar a licitación y contratar el SIS en una compañía aseguradora. Cuando una persona que está en edad de cotizar se ve obligada a cobrar el seguro, la aseguradora debe hacer un aporte de capital a la AFP y financiar la pensión, para que el afiliado reciba su pensión sin reparo.
Si las compañías de seguro son las que financian el aporte de capital ¿Por qué las AFP ponen trabas para cobrar el SIS?
En un artículo publicado en otro medio electrónico llamado interferencia.cl, se lee:
“Según la Superintendencia, actualmente son cuatro las AFP que participan en compañías de seguros: Capital (Sura); Cuprum (Principal); Habitat (Cámara, Confuturo y Corpseguro) y Provida (Metlife). Si bien, en las últimas dos licitaciones ninguna de ellas fue la ganadora, en los periodos anteriores a 2016, sí hubo compañías relacionadas a las administradoras que se adjudicaron el seguro, cuestión que la ley no prohíbe y que puede volver a suceder”.
En la publicación periodística se informa que la Cámara de Diputados chilena ha pesquisado varias situaciones irregulares tendientes a denegar el beneficio, como conflicto de interés entre aseguradoras y AFP, obstaculización administrativa, pérdida de documentación, dilación del proceso, revisión negligente de expedientes médicos, solicitud de exámenes irrelevantes y maltrato hacia el afiliado.
Los beneficios del sistema
El “corralito legal”, como lo definió el economista Andrés Solimano en su libro Pensiones a la chilena, dado que los fondos previsionales quedan encerrados en el sistema sin la opción de moverlos hacia un administrador sin fines de lucro, tiene como principal objetivo dinamizar el mercado de capitales nacional e internacional, dice Recaredo Gálvez.
Un estudio de la Fundación Sol, que analizó el destino, en el mercado local, del 58.4 % de los fondos obtenidos por las AFP al 28 de febrero de 2019, explica que gran parte de esos activos se invirtieron en diversas instituciones financieras, principalmente bancarias y sociedades anónimas.
Del total de US$212,860 millones (RD$10.9 billones) reunidos por los fondos de pensiones a esa fecha, US$8,956 millones (RD$459,770 millones) se destinaron al Grupo Económico Luksic y US$38,857 millones (RD$1.9 billones) se distribuyeron entre 10 bancos, encabezados por Banco de Chile, Santander y BCI.
Unos US$50,582 millones (RD$2.6 billones) fueron repartidos por 16 grandes Grupos Económicos chilenos y US$14,942 millones (RD$766,989 millones) a 11 grandes Grupos Multinacionales, de capitales extranjeros, que operan en Chile. Los seis grupos económicos de capitales nacionales, que reciben las mayores inversiones desde los fondos de pensiones son: Luksic, Said, Yarur, Saieh , Matte y Solari.
A pesar de reconocidos hechos de colusión y sanciones de la entidad reguladora, dice el informe, el Grupo Matte también recibió inversiones por un total de US$6,056 millones (RD$310,861 millones).
“Decido yo”
Las bajas pensiones, la expectativas desesperanzadoras, los escándalos de corrupción y conflictos de intereses, la poca transparencia del sistema administrativo y el mercado, además de la crisis social y humanitaria que ha provocado el sistema, han mantenido en constante movilización a la sociedad chilena desde el año 2016, cuando salieron a la calle a exigir un cambio de sistema con el slogan “No más AFP”.
Una de las últimas acciones, impulsada por la coordinadora No Más AFP y la fundación La Casa Común, consistió en llamar a todas las personas —que quisieran sumarse— a pedir la devolución de sus ahorros previsionales mediante un recurso de protección presentado ante la Corte Suprema de Chile.
“Esta campaña tiene por finalidad poner en discusión la contradicción entre el discurso del sistema y la realidad. Por un lado nos dicen que somos dueños de nuestros fondos pero en la práctica no podemos decidir sobre ellos”, asegura el abogado y político chileno Fernando Atria.
Al respecto Carolina Espinoza, vocera de No Más AFP agrega: “No tenemos libre disposición de nuestros ahorros sino en la forma y tiempo que el sistema nos impone y es injusto e insuficiente para jubilar”.
La Constitución chilena, dice Atria, asegura que nadie puede ser privado de su propiedad ni de los atributos esenciales de su propiedad y dentro de esos atributos esenciales está la facultad de administrar lo propio y decidir sobre lo propio. “Queremos que la Corte determine si los trabajadores tienen o no propiedad sobre sus fondos, para saber si el discurso de la propiedad —instalado desde la dictadura— es puramente ideológico o no”, aclara el abogado.
Ante la pregunta ¿existe en el mundo un sistema de pensiones que haya devuelto los fondos a sus cotizantes? Atria responde que no porque si ese fuera el caso se estaría hablando de un sistema de ahorro y no de pensión, ahí está el detalle.
Carolina y Fernando coinciden en la necesidad de cambiar el sistema e implementar un modelo unificado que provea seguridad social. “Aquellos países que privatizaron el sistema de pensiones, como en Chile, han logrado salir del sistema por la vía de crear alternativas para que los trabajadores opten por administraciones privadas o fiscales”, afirma Atria.
Para Carolina ese cambio podrá ocurrir en la medida en la ciudadanía se organice y se movilice para exigir derechos.
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Marianela González
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