Aprestos electorales

No ha terminado el mes de marzo y ya parecemos estar en plena campaña electoral, faltando más de un año para los comicios del 2016. A ese ritmo, ésta será una de las más prolongadas campañas de que se tenga recuerdo. Y aunque se trate de un evento político, sus consecuencias económicas son innegables, pues involucra tres tipos de costos.

La campaña conlleva costos directos. Entre ellos están, lógicamente, los gastos en propaganda, combustible, viáticos, ayudas, camisetas y demás ingredientes de las caravanas, encuentros, proclamas, asambleas y viajes que forman parte de la promoción de las candidaturas y precandidaturas. Pero el tiempo utilizado por empleados, funcionarios, regidores, alcaldes y legisladores figura también dentro de los costos directos, por su efecto sobre el cumplimiento de sus obligaciones como servidores del Estado. Es común que se posponga enfrentar asuntos conflictivos, susceptibles de afectar simpatías y provocar pérdidas de votos. Y se tiene cuidado de no aplicar medidas impopulares, o que lesionen los intereses de sectores importantes.

Los costos indirectos son más diversos y pueden ser muy superiores a los directos. Forman parte de ellos los gastos públicos en actividades, obras, personal, programas, contratos y subsidios motivados por fines políticos, sin obedecer a prioridades establecidas racionalmente. La dinámica de la economía cambia en respuesta a esas variaciones en la composición de los gastos.

Una última clase de costos es más difusa, pero no menos importante. El clima electoral, con las incertidumbres que crea respecto a la continuidad de las políticas, tiene un impacto significativo sobre la inversión privada, la creación de empleos, la demanda de divisas y el inicio de proyectos, sobre todo si va acompañado de indicios inquietantes como pueden ser déficits fiscales, inflación, alzas en el tipo de cambio o descensos en las reservas de divisas.

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Gustavo Volmar