Acceso a protección

Si la República Dominicana estuviese ubicada en Centroamérica, y no en una isla en el Caribe, es posible que hubiese dominicanos entre los participantes en la caravana de migrantes que tratan de ingresar en los EEUU. Tendrían, empero, menores probabilidades de éxito que sus compañeros de travesía.

Parecería que los EEUU podrían simplemente detener y expulsar al grupo que penetre a su territorio, y quizás le fuese más fácil hacerlo con ellos que con los migrantes individuales que cruzan la frontera con México, dado que su desplazamiento conjunto les hace ser más visibles. El gobierno estadounidense, sin embargo, no quiere permitir que la caravana entre, y la razón está en los motivos de los que integran la caravana. Si lo que buscan es sólo mejorar su situación económica, como sería el caso hipotético de los dominicanos, los EEUUno tendrían que aceptarlos. Pero si se tratase de refugiados que huyen de la persecución en sus países de origen, una ley de 1980 del Congreso estadounidense obliga a ofrecerles protección, luego de comprobar su condición de perseguidos. No se podría, según esa disposición, sencillamente devolverlos sumariamente.

Por esa razón los EEUU preferirían que fuese México el que detuviera la marcha, sea que permitiera a los migrantes permanecer en su territorio, o los hiciera retornar a los lugares de donde proceden. De ahí también las amenazas de retirar o reducir la ayuda a Honduras y a otras naciones del área.

En realidad, la aplicación de la ley puede ser discutible. El concepto de persecución como causa legítima de protección estaba esencialmente vinculado a las actuaciones represivas de gobiernos y fuerzas sectarias en contra de personas por éstas pertenecer a minorías étnicas, ser disidentes políticos, por su orientación sexual o por sus creencias religiosas. No estaba, por lo tanto, enfocado en la violencia desatada por bandas de delincuentes, criminales y narcotraficantes.

Gustavo Volmar