Armas en las calles

Un cuarto de millón, o una por cada 40 personas, es el número aproximado de armas de fuego registradas legalmente en el país, en su inmensa mayoría pistolas, revólveres y escopetas. A esa cifra, por supuesto, hay que añadir las que andan por ahí de forma ilegal, cuyo estimado varía desde cuarenta mil a más de cien mil. Según datos oficiales, sin embargo, la mayor parte de los hechos de violencia que ocurren aquí involucran armas registradas, sean éstas utilizadas por sus propietarios en incidentes domésticos o disputas personales, o usadas por delincuentes que las obtuvieron despojando de ellas a civiles y militares.

De particular relevancia es la escasa diferenciación entre el porte y la tenencia, en términos de tramitación y costo de la licencia, lo que promueve que la mayoría de las solicitudes sean para porte. Lo lógico sería estimular lo opuesto, a fin de que la tenencia llegue a ser la norma y el porte la excepción, estableciendo para la primera condiciones mucho más simples y asequibles que para el segundo.

Afortunadamente, el tipo de armas apropiadas para cometer crímenes masivos no se consigue tan fácilmente en nuestro país, lo que contrasta con la situación que prevalece en los EE.UU. Fusiles de asalto como el AR-15 fueron utilizados allá en Las Vegas, Florida y Nashville, en incidentes que acabaron con la vida de decenas de inocentes, muchos de ellos niños. El derecho a portar armas figura en la Constitución estadounidense, reliquia de los albores de la creación del gobierno federal. Se procuró en ese entonces proteger la soberanía y prerrogativas de los estados frente a potenciales intentos de injerencia de parte del recién creado ejército de la federación, dando a los ciudadanos estatales los medios con los que defenderse. El negocio de las armas surgido de esa disposición constitucional es tan cuantioso y lucrativo, que los intentos de desmontar esa reliquia han sido hasta ahora infructuosos.

Gustavo Volmar