Dedo acusador

Como no pertenecen a nadie en particular, a nadie le importa lo que suceda con ellos. Esa actitud se repite sin cesar en sociedades como la nuestra, donde los bienes públicos no son valorados con igual estima que los bienes privados. Cada quien vela por que lo suyo se mantenga y crezca. De lo que es de todos, sólo una minoría de personas se interesa en preservar. El resultado son espacios públicos arrabalizados, e inmuebles abandonados y dilapidados.

Hay ocasiones en que una de esas víctimas de la desidia colectiva se erige como un implacable acusador. No hace falta que ofrezca testimonio a una corte judicial, que escriba una elocuente denuncia, o que haga llegar sus quejas a alguna agencia defensora de los derechos ciudadanos. Su propia existencia, en la que se refleja el deterioro que ha sufrido, puede ser suficiente para encender una reacción popular en su apoyo.

La reciente destrucción del Museo Nacional de Brasil, ubicado en el recinto del antiguo palacio imperial en Río de Janeiro, ha servido para que la población de esa ciudad pondere hasta dónde les ha llevado la corrupción e ineficacia de sus gobernantes, demasiado ocupados en sus fechorías e intrigas como para interesarse en la conservación del patrimonio cultural. El fuego consumió gran parte de los 20 millones de objetos que el museo poseía, muchos de ellos piezas irremplazables de épocas que abarcaban desde la prehistoria hasta la actualidad. Sin sistemas contra incendios y sin un mantenimiento adecuado, la edificación era una tragedia en espera de una fecha.

El gran problema de los bienes públicos está en que hay más de ellos que dinero para mantenerlos. Es como si en un hogar hubiera más niños que comida y fuera necesario decidir quiénes comen y quiénes no. Y a eso se añade que parte de su deterioro suele ser causado por las mismas personas que luego deploran su desaparición. Los gobiernos son responsables, pero también lo es el conglomerado social.

Gustavo Volmar