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Disyuntiva fiscal

Celebrada por su civilidad, cultura y servicios públicos, Costa Rica acude el próximo domingo a una segunda vuelta electoral que podría establecer un precedente en la región. De triunfar el candidato opositor, aparte de quedar consolidada la influencia del movimiento evangélico en el país, se estaría frente a una inusual reacción nacional en contra de reformas sociales, en especial la autorización del matrimonio entre personas de un mismo sexo. No deja de ser paradójico, en una nación reconocida por sus avances sociales, que el principal factor propulsor de la candidatura opositora haya sido precisamente el rechazo al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó dicha autorización.

Pero aunque esos temas de gran impacto acaparan la atención de la prensa y las redes sociales, la economía no deja de estar presente en esos comicios. Un poco menos visible, la situación económica gravita sobre ambos contendientes, pues existe un amplio consenso de que no podrá seguirse haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora.

El problema es fiscal, lo que nos suena familiar a los dominicanos, dadas las frecuentes advertencias apocalípticas que hemos estado escuchando acerca de las funestas consecuencias a las que nos expone el aumento de nuestra deuda pública. Ya que Costa Rica sirve como referente en muchos aspectos, podría ser reconfortante que los dos países compartan una disyuntiva fiscal en su futuro, sólo que el asunto parece ser más perentorio allá que aquí.

La necesidad de un ajuste fiscal no depende sólo del nivel de la deuda pública. En un 49% del PIB, la deuda costarricense está por debajo de las de otros países de la región, entre ellos México y Brasil. Lo verdaderamente alarmante es la rapidez con la que ha estado creciendo.

La deuda se ha duplicado en la última década, desde el 24% del PIB en el 2008, y peor todavía, el déficit fiscal ronda un cuantioso 7% del PIB para el presente año.