Exámenes integrados

Si usted va a un restaurant y quiere tomarse un trago o disfrutar de un vino, lo normal es que lo escoja de entre los que el establecimiento ofrece. Es muy probable que al dueño del lugar no le agrade que alguien llegue, ocupe una mesa, ordene la comida y saque de un bolso la bebida que planea consumir, sobre todo teniendo en cuenta que el margen de beneficio sobre esta última suele ser más alto. Puede que le advierta, por lo tanto, que eso no está permitido o le cobre por dejar que lo haga. El restaurant puede decir que la prohibición busca impedir que su imagen y prestigio sean lesionados si los clientes llevan bebidas de baja calidad o marcas desconocidas. Pero como esa explicación sería poco creíble, usualmente no trata de ocultar que ese renglón es parte de sus ingresos y lo necesita para cubrir sus costos.

Las clínicas privadas intentan impedir que los clientes (pacientes) que vayan a ser intervenidos quirúrgicamente en ellas lleven exámenes que hayan sido preparados en otros lugares. Hablan de garantizar la calidad, proteger al usuario y librarse de responsabilidades legales, pero el motivo principal luce ser económico. Los avances en los mecanismos de evaluación, diagnóstico y seguimiento han hecho de esos exámenes un filón muy atractivo, que las clínicas quieren para ellas. No les agrada que centros externos de diagnóstico, muchos de ellos controlados por médicos, les quiten esa parte del negocio, sin tener que invertir en habitaciones, personal de planta o facilidades quirúrgicas.

En principio, las clínicas podrían lograr su objetivo ofreciendo esos servicios de diagnóstico a menor precio y con equipos más modernos. Pero si el propósito es que dichos exámenes absorban parte de sus costos fijos generales, encontrarán difícil lograrlo. Y, además, será aún más complicado si el médico actuante tiene algún interés personal en el asunto.

Si se da, serán los pacientes y sus seguros los que paguen.

Gustavo Volmar