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Guerra territorial

La lucha por el 4% para la educación fue larga y dura. Involucró marchas y proclamas, concitó un amplio apoyo, y se convirtió en una especie de cruzada nacional. La mayoría de sus propulsores no fueron los estudiantes y profesores que serían directamente beneficiados. Hubo entre ellos intelectuales, artistas y deportistas destacados, pero fue la juventud dominicana en general la que imprimió su vigor al reclamo, convencida de que detrás de los problemas del país estaba el deplorable nivel educativo de su población. Querían una solución para la marginalidad, desesperanza, falta de oportunidades, criminalidad y pérdida de valores.

Se consiguió el 4%, no referido a los ingresos fiscales sino al más voluminoso PIB. A partir de ese momento el país, es decir todos nosotros, asumió el pesado compromiso económico de tener que dedicar alrededor de una cuarta parte de las recaudaciones a fines educativos, lo que el gobierno comenzó haciendo vía un extenso programa de construcciones escolares, y continuó con alzas de sueldos, compra de laptops y suministro de materiales. Ha sido un notable sacrificio en términos de las cosas que se pudieron haber hecho con esos fondos, desde mejoras a la salud y campañas de reforestación, hasta obras de riego y disminución en el crecimiento de la deuda pública.

Aún hoy creemos que el sacrificio es valedero, aunque la efectividad de lo gastado en forma de resultados sólo se podrá demostrar más adelante, cuando sea posible evaluar si los índices de desempeño han o no han variado significativamente. Surgen dudas, sin embargo, al ver la disputa que se desató entre autoridades y líderes sindicales, calificada como una guerra por una de las partes. Ignorando el costo que implica el 4%, y defraudando las esperanzas de nuestra juventud, se batalla por funciones y atribuciones como si de un conflicto territorial se tratara, acentuando la brecha entre la educación pública y la privada.

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