Precio justo

Durante siglos, filósofos, políticos y economistas han participado en una búsqueda parecida a las de la Atlántida, el Arca de la Alianza y la Fuente de la Juventud. Han querido encontrar una regla para fijar el precio justo a que los bienes deben ser vendidos, aplicando un sinnúmero de fórmulas alternativas, sin que sus esfuerzos hayan tenido éxito.

Un mecanismo simple consiste en estimar los costos de los proveedores y añadirles un margen razonable de beneficios. El problema radica, sin embargo, en que la imposición de precios justos usualmente ocurre cuando los gobiernos, presionados por situaciones inflacionarias críticas, han tenido que racionar divisas y aplicar otros tipos de restricciones. En esas condiciones, la determinación de los costos de producción depende de los valores que sean utilizados como parámetros en el cálculo.

Y encima de esa dificultad está el componente político común en los controles de precio. Hace unos dos años, en lo que hoy se conoce como el Dakazo, el gobierno de Venezuela intervino la cadena de tiendas Daka, acusándola de “usura” por vender a sobreprecio, y dijo que en lo adelante los artículos se venderían a “precios justos”. Algunos productos fueron rebajados a una tercera parte de su valor anterior, a fin de “proteger los salarios y aguinaldos de los venezolanos”. Pero Daka no vendía alimentos ni medicinas, sino neveras, lavadoras, aparatos de aire acondicionado, televisiones, estufas, teléfonos, microondas, “home theaters”, licuadoras y objetos similares, lo que evidenció el propósito político de la intervención, en vísperas de elecciones municipales.

La semana pasada el presidente de Venezuela anunció la ampliación de la ley de precios justos, a fin de establecer precios máximos de venta de todos los bienes y servicios, para lo cual revisará todos los precios durante el mes próximo, culminando a tiempo para las elecciones pautadas para el día 6 de diciembre.

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Gustavo Volmar