Ser designado como sujeto obligado no es un acontecimiento que motive una celebración. No equivale a ganar un premio, recibir un reconocimiento, conseguir un contrato lucrativo, o ser promovido para una posición más alta. Lo que trae consigo son responsabilidades, limitaciones, trámites, riesgos e inconvenientes.

Nadie dice estar en desacuerdo con los objetivos que persiguen las leyes y las normas relacionadas con la lucha en contra del lavado de activos y el terrorismo. Sería ilógico, y hasta sospechoso, oponerse a ellos. Pero estar de acuerdo con sus propósitos es distinto a tener que cumplir con todos los requerimientos que esas disposiciones establecen para quienes son catalogados como sujetos obligados, que son aquellos que desarrollan actividades susceptibles de ser utilizadas para los fines que se desea combatir. Abarca instituciones financieras, inmobiliarias, joyerías, vendedores de vehículos, casinos y demás sectores que intervienen en transacciones monetarias, o negocian con cosas en las que los delincuentes pueden invertir a fin de introducir sus fondos en el segmento lícito de la economía.

Para los sujetos obligados, cumplir equivale a aumentos de costos, reducciones de ingresos, o ambos efectos a la vez. Se limitan las operaciones en efectivo, hay reportes que elaborar y documentos que requerir. A los vendedores no les agrada importunar a los clientes. Y la informalidad crea un problema de competencia desigual, pues no todos los teóricamente obligados son realmente alcanzados.

Con tal de erradicar el narcotráfico y el terrorismo, cualquier sacrificio debe ser aceptable. Lamentablemente la batalla contra ellos, especialmente el primero, no luce que está siendo ganada, como lo atestiguan los datos acerca de las víctimas de las adicciones en los EE.UU. Y la inclusión de la evasión de impuestos como fuente de activos lavables siembra dudas acerca de cuál objetivo es el más importante.

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