Las pruebas PCR revelan si una persona ha sido contagiada por el COVID-19, pero su limitación a una por año si son gratuitas o subsidiadas revela que somos un país pobre. Se ha hablado mucho, por supuesto, del incremento del déficit fiscal y de la deuda pública, pero se ha debatido menos si contaremos con los medios necesarios para sustentar un programa estatal de vacunaciones sucesivas. Dado que la vacuna Sinovac utilizada hasta ahora, la única que hemos podido conseguir en cantidades significativas, parece otorgar un bajo nivel de protección, y dado que para todas las vacunas la inmunidad decae en pocos meses, será necesario que los ya inoculados vuelvan a ser vacunados.

Hasta el momento, todo el énfasis del programa y los despliegues en los medios de comunicación, giran en torno al número de vacunados y las etapas que siguen a fin de vacunar a los demás. Sucede así aquí y en los otros países latinoamericanos. Lo que pasará después permanece sin ser definido, pero es muy posible que los que se fueron vacunando al inicio del programa necesiten ser inoculados de nuevo, preferiblemente con un producto superior a la Sinovac, antes de que se complete el proceso de vacunación de la población por primera vez. En esas condiciones es probable que se considere más justo y prioritario seguir vacunando a los no inoculados, que restaurar o elevar el grado de inmunidad de quienes ya fueron favorecidos con la vacuna.

La conclusión parece ser que para que el programa de vacunación sea económicamente viable, el gobierno tendrá que compartir su costo con las personas y empresas, a fin de que todo el que pueda pagar por su vacuna, quizás con el apoyo de las compañías para las que laboran, efectúen dicho pago. Lógicamente, se les deberá permitir escoger la vacuna de su preferencia entre las que hayan sido aprobadas, tal como ocurre con las vacunas contra otras enfermedades, lo que podrá ser posible a medida que la disponibilidad de opciones aumente.

Temas

Economía

+ Leídas