Codopyme considera “FASE es difícil, confuso y excluyente”; y desprotege a las Mipymes

La Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) califica al programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) como “ni amigable, ni ágil” y difícil de “implementar” por parte de las Mipymes. Y, por si fuera poco, además “confuso y excluyente” para ese sector

En una carta dirigida al presidente Danilo Medina, fechada el 4 de abril del presente año, el gremio empresarial le recuerda que el 16 de marzo le sugirieron al Gobierno establecer un “Plan de Contingencia” con el objetivo de implementar mecanismos que permitieran al sector mitigar el impacto negativo que podrían generar las medidas adoptadas para impedir la propagación del COVID-19.

Según la Codopyme, esas medidas debían proteger a las empresas y sus trabajadores, al garantizarles liquidez al sector durante y después de la pandemia.

Estima que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, formales e informales, representa a miles de negocios que constituyen el 98% del tejido empresarial, y que aporta alrededor del 40% del PIB, además de generar más de 2.7 millones de empleos.

Revela que después de realizar más de cuatro comunicados y múltiples reuniones, el sector llegó a la conclusión de que “no se consideró el plan de contingencia sugerido”, lo que es agravado por el hecho de que “las pocas medidas asumidas no son suficiente”, y que no se adaptan a la naturaleza de las Mipymes.

Según Codopyme, esa situación “deja al motor de la economía a la deriva y mucho más vulnerable de lo habitual”.

Al referirse al artículo 4 del decreto 143-20, la entidad se pregunta cómo las Mipymes pagarán el 30% del salario sugerido a cargo de empleador.

Ese artículo, sobre los límites de beneficios individuales para trabajadores suspendidos establece que, de acuerdo con el salario reportado a la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al mes de febrero de este año, el FASE le entregará al trabajador suspendido “una suma mensual que corresponderá al 70% del salario ordinario del trabajador, la cual nunca será menor de RD$5,000, ni mayor de RD$8,500”.

La entidad gremial argumenta que el pago del 30% aportado por el empleador “es sugerido”, pero que “los empleados lo darán como un hecho”, lo que según Codopyme, creará confusiones y posibles demandas laborales. Basado en eso pide que el Gobierno cubra el 100% de esos salarios en el caso de las microempresas.

Asimismo, se pregunta: “¿Cómo lograremos que los empleados entiendan que no tendrán cobertura de seguro en un momento de crisis sanitaria?”.

En su auto respuesta, recuerda: “Por esa razón solicitamos que se mantuviera el componente de salud al menos durante el periodo de la emergencia”.

Suspensión y seguridad social

Sobre el artículo 5 del decreto 143-20, que establece que, para acceder al apoyo, los empleadores no deben suspender a ningún trabajador durante el mes respectivo, la Codopyme se pregunta: “¿Con cuales ingresos? si la economía está detenida y se han decretado 15 días más de aislamiento social”.

Además, ese artículo obliga al empleador a cumplir y sostiene que, dado que un alto porcentaje de las microempresas tienen sus préstamos con Banca Solidaria, “resulta una necesidad imperante que esta medida sea adoptada por esta entidad financiera”.

Liberación del encaje legal

También menciona los fondos liberados del encaje para que la banca otorgue préstamos a las Mipymes, pero observa que “lamentablemente” la Junta Monetaria dispuso que esas facilidades crediticias “no serán aplicables para reestructuración, renovaciones, ni préstamos anteriores al 23 de marzo 2020”.

Informa que la mayoría de las empresas del sector tienen préstamos previamente contraídos y que se encuentran con su capacidad de endeudamiento copada con tasas y condiciones muy desfavorables, lo que las lleva preguntarse: “¿cómo relanzarnos?, y ¿cómo obtenemos capital de trabajo?”

En este contexto, solicitan al Gobierno que, con respecto a los fondos del encaje legal, se establezca un mecanismo que permita a las Mipymes renegociar préstamos existentes hasta un 100% por encima del monto adeudado, lo que les permita disponer de un capital de trabajo con las condiciones y tasas que otorga esa resolución.

Edwin Ruiz