Consideran Ley de incentivos fronterizos debe mantenerse por más años
La AIRD considera ley debe mantenerse y no eliminarse, pero sin la competencia desleal
Joaquín Caraballo
Las autoridades del Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales (Vizfre) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) consideran que la Ley 28-01 debe mantenerse debido a las condiciones desiguales de la región fronteriza de la República Dominicana.
Entienden que una política de incentivos especiales para la frontera es perfectamente procedente desde el punto de vista legal y necesario desde el punto de vista social, productivo y de seguridad nacional.
A través del boletín número 36 de diciembre de 2019 del MICM, en un artículo firmado por Adrián Lebrón Oviedo, director de Regímenes Especiales de ese ministerio, se indica que lo que se debe es repensar el diseño institucional y los instrumentos que contiene la Ley 28-01, para perseguir incentivar la actividad productiva, mirando cuáles incentivos son necesarios y cuáles no, reorientarlos hacia un modelo más eficiente desde el punto de vista socioeconómico, que evite generar distorsiones en el mercado interno y en la medida de lo posible sea menos onerosa desde el punto de vista fiscal.
Apuntan que, desde el punto de vista de la gobernanza y el diseño institucional de la Ley expresado en la estructura orgánica del Consejo de Coordinación de la Zona de Desarrollo Fronterizo (CCDF) y su oficina técnica, la misma debe ser objeto de una reestructuración que mejore su implementación, tomando en cuenta el número de integrantes del CCDF de 36 miembros lo hace disfuncional, dada la dificultad natural de reunir el quórum requerido para sesionar.
También, que la participación de los legisladores dentro de dicho consejo es improcedente desde el punto de vista constitucional y legal, ya que el rol de administrador de la Ley que juega el CCDF, es de naturaleza ejecutiva y por tanto colisiona directamente con las funciones del Congreso.
A juicio del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) la Ley 28-01 que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo debe mantenerse, indicando que la misma lo que hay es que revisarla para que pueda lograr los objetivos para lo que fue creada.
“No veo prudente eliminarla porque todavía no se ha aprovechado en la magnitud de lo que se esperaba de la ley en términos de generación de empleo, en términos de cantidad de empresas creadas y en términos de lo más importante que buscaba la ley: reducir pobreza y mejorar el índice de desarrollo humano”, indicó Alexi Martínez Olivo.
El catedrático entiende que la ley lo que hay es que revisarla, reflexionar para verificar dónde pudiese estar abiertos procesos pocos transparentes, donde se pudieran resolver los procesos de competencia desleal que empresarios locales siempre se han quejado, delimitar bien los marcos de operación, delimitar el reglamento de aplicación de la ley que sea más transparente.
De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, dijo que como la AIRD han estado participando en la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, donde se están buscando los mecanismos para viabilizar un proyecto de ley que mantenga ciertos incentivos sin crear distorsiones en el resto del país.
“Hemos estado llegando a una evaluación para ver cuál es el punto de vista de cada sector para luego intentar acercar las decisiones. Han sido muy receptivos los miembros de la Cámara de Diputados”, expresó.
El MICM indica que a su juicio, la disposición constitucional, los vínculos administrativos, la naturaleza de la Ley, su alcance sectorial, como los fundamentos legales que soportan la posición del Ministerio para impulsar tanto la extensión del plazo, como la adscripción de la Oficina Técnica del Consejo de Desarrollo Fronterizo a la estructura orgánica del MICM, justifican cualquier acción en procura de dotar a la Región Fronteriza de un nuevo instrumento legal, que incentive la atracción de inversiones, la generación de empleos de alta calificación técnica y productividad.
“En tal sentido, para el MICM, es de vital importancia apoyar la iniciativa legislativa que cursa en el Congreso y que busca modificar la Ley 28-01, con el principal objetivo de extender el plazo de aprovechamiento de la misma Ley”, expuso Adrián Lebrón Oviedo, director de Regímenes Especiales de ese ministerio, a través de su artículo en el boletín 36 del MICM.
Sin embargo, precisa que para garantizar que la futura ley pueda cumplir más eficazmente su rol, es necesario garantizar que la dicha norma contenga otras disposiciones. En el Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales proponen: lograr que se modifique la composición del Consejo de Desarrollo Fronterizo, sin la participación de los legisladores, pues esta función administrativa del Congreso choca con las facultades ejecutivas constitucionales del Poder Ejecutivo.
También, consideran que se debe extender el plazo de aprovechamiento de las exenciones fiscales por otros 20 años, o el que sea determinado por el superior gobierno; plantean, además, la adscripción formal de la Oficina Técnica del Consejo de Desarrollo Fronterizo y su Dirección Ejecutiva al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes como una sectorial dentro de su estructura orgánica.
El documento del MICM indica que se debe establecer al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, como presidente del Consejo de Desarrollo Fronterizo, por las razones expuestas precedentemente, el modelo administrativo propuesto será el mismo del Consejo Nacional de Zonas Francas.
Además, proponen alinear incentivos a la Estrategia Nacional de Desarrollo, en el sentido de hacerlos consistentes con el desarrollo de una política industrial, la competitividad y la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Incluye fortalecer el proceso de fiscalización y control de las operaciones de las empresas acogidas al régimen.
Adrián Lebrón Oviedo, director de Regímenes Especiales del MICM, apunta que, dado que el 89% de las empresas e inversión está concentrado en las provincias del Norte, resulta relevante considerar una diferenciación de las exenciones, para tratar de compensar la disparidad de ambas subregiones y evaluar posibles incentivos diferenciados para el Norte y el Sur.
“Hoy más que nunca se hace indispensable el conocimiento y aprobación de la modificación de la Ley 28-01, para evitar poner en riesgo los empleos creados por este instrumento de políticas públicas; no solo para salvar a las empresas acogidas a dicho régimen, sino para seguir levantando el muro del desarrollo productivo en la frontera que es el único capaz de garantizar su estabilidad y por ende la seguridad de la República Dominicana”, cita en su publicación en el boletín número 36 del MICM.
Joaquín CaraballoGraduado en comunicación social en la Universidad O&M. Cursó un Máster en Comercio Internacional en el Centro Europeo de Postgrado CEUPE, tiene varios diplomados en economía, aduanas, sector eléctrico, impuestos y periodismo de investigación.
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