El parque vehicular dominicano crece con alta incidencia de unidades antiguas
Pese a la cantidad de unidades con más de dos décadas de antigüedad, más de un tercio de los vehículos que se desplazan en las calles son modernos
Jesús Vásquez
A pesar del caos constante en el tránsito y la falta de cobertura de transporte público colectivo en Dominicana, el parque vehicular ha experimentado un crecimiento con una alta proporción de vehículos antiguos, que por sus condiciones son más contaminantes y presentan riesgos para la seguridad vial y la salud pública.
Según los últimos datos disponibles en el portal de Transparencia de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la flota vehicular a diciembre de 2024 era de 6,194,052 unidades, de las cuales al menos el 62 % tenía más de una década de circulación.
Para contextualizar, al cierre de ese año, más de una cuarta parte (26.3 %) de los vehículos registrados databan del año 2000, es decir, se estima que existen al menos 1,631,006 unidades con más de 25 años de uso.
Diversas estimaciones y recomendaciones internacionales establecen que los vehículos con más de 10 años de uso pueden ser hasta 20 veces más contaminantes que los modelos más recientes.
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A esto se suma la ausencia de programas efectivos para retirar del parque los vehículos más antiguos o incentivos para eliminar las denominadas chatarras.
Si se consideran las unidades fabricadas a partir del 2000 y hasta el 2020 se estima que representan más del 78.7 % del parque vehicular dominicano.
Entre antiguos modernos
La República Dominicana presenta una compleja dualidad: convive una alta presencia de vehículos antiguos con una significativa participación de unidades modernas.
Aunque existe una brecha considerable entre esos segmentos, los datos muestran que los vehículos más nuevos, fabricados entre 2021 y 2024, son los que tenían mayor presencia hasta ese corte estadístico.
Considerando que las estadísticas corresponden al 31 de diciembre de 2024, las cifras reflejan la importancia de los vehículos nuevos o con pocos kilómetros en el mercado dominicano:
- 2024: 384,916 unidades
- 2023: 343,016 unidades
- 2021: 301,529 unidades
- 2022: 284,084 unidades
Los vehículos fabricados después del año 2000 predominan en el mercado, con especial relevancia entre 2001 y 2005. A partir de 2006, la proporción tiende a aumentar.
Los datos reflejan que a lo largo de los años el parque vehicular dominicano ha crecido a un ritmo promedio del 6.4 %, con picos y descensos en términos de importación.
El problema de las chatarras
Parte de la problemática vehicular en el país afecta la salud pública y la seguridad. El deterioro de vehículos abandonados en la vía es un riesgo constante.
El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, Williams Pérez Figuereo, ha liderado un proyecto denominado "Plan Cero Chatarra", que este año cumple su primer año de vigencia y ha eliminado más de 856 unidades en esa condición.
Determinar la cantidad de chatarras en la República Dominicana es difícil por la falta de estadísticas al respecto, pero se estima que son cientos de miles de unidades que afectan a instituciones públicas, gobiernos locales, transportistas y vehículos privados.
Los millones de unidades en el país con más de 25 años desde su fabricación, al 31 de diciembre de 2024.
Pérez Figuereo explicó que miles de vehículos permanecen abandonados en zonas urbanas, rurales y estaciones de servicio, favoreciendo la proliferación de mosquitos, ratas y cucarachas portadoras de enfermedades respiratorias y otros patógenos peligrosos para adultos y niños.
La acumulación de chatarras no solo impacta la salud pública, sino que también genera problemas de seguridad. El dirigente aseguró que los espacios con vehículos abandonados son frecuentemente utilizados por delincuentes para cometer actos violentos, incluso agresiones sexuales, aprovechando la falta de iluminación y supervisión.
El Plan Cero Chatarra es una iniciativa que busca sacar de las vías vehículos altamente deteriorados o en condiciones de abandono. Se trata de una iniciativa privada, por lo que hasta ahora solo han eliminado chatarras de propietarios particulares. En ese sentido, destacó la necesidad de que el Estado asuma un papel activo para dar respuesta a esta situación.
"Hay que limpiar todas las instituciones del Estado, vamos a liberar los parques, vamos a liberar al pueblo de todas esas enfermedades que hay. Y después seguimos con todos los privados", dijo.
Un carro promedio cuesta alrededor de 65,000 pesos para destruir, y la organización ofrece un bono de 50,000 pesos a quienes entregan sus vehículos canjeables a través de una red de concesionarios asociados.
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que los vehículos que pierdan las condiciones mínimas de seguridad estipuladas por el Sistema de Inspección Técnica Vehicular deben ser retirados de circulación hasta que corrijan las fallas detectadas.
Según el artículo 170, estos vehículos perderán el marbete de inspección técnica y sus conductores serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado, además de la reducción de puntos en la licencia de conducir.
Además, se exige que las unidades en circulación sean revisadas paulatinamente. En la actualidad, la ley de tránsito se aplica con brechas importantes entre los vehículos de los sindicatos del transporte público y los demás usuarios de las vías. Esto hace necesario un plan integral para retirar de circulación los vehículos inadecuados y evitar una revisión desigual que excluya al transporte público.
La necesidad de reponer la Revista Vehicular
La Ley de Tránsito de la República Dominicana establece que todos los vehículos de motor deben someterse a una inspección técnica anual. Sin embargo, el país lleva más de dos décadas sin realizar este proceso, desde que cesaron las operaciones de los antiguos centros de revisión.
Desde entonces, no existe un sistema formal para controlar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos en circulación, lo que ha repercutido negativamente en la seguridad vial y en el medio ambiente.
El reglamento de Inspección Técnica Vehicular, publicado el 8 de enero de 2019, establece que la periodicidad de las revisiones dependerá del tipo de vehículo, su antigüedad y el uso que se le dé, ya sea particular o para el transporte de pasajeros. Las inspecciones podrían ser anuales, bianuales o semestrales, según corresponda.
Con este marco jurídico, en ese mismo año, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) convocó una licitación internacional para implementar el programa. Sin embargo, el 12 de junio de 2020, en plena pandemia, la convocatoria fue declarada desierta.
La única propuesta, por parte del Consorcio de Inspección Técnica Vehicular del Caribe (CWI), fue rechazada debido a "errores" en los lotes presentados, lo que comprometía significativamente el plan de inversión.
Posteriormente, en 2022, el Gobierno, a través del Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (Cnapp), declaró de interés público la iniciativa para poner en marcha el "Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular", mediante la Resolución 01-2022.
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Un año después, se convocó una nueva licitación, que hasta ahora encabeza el Consorcio Inteve, con miras a firmar un contrato de más de 15 años.
En octubre de 2025, Andrés Lugo Risk, director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), anunció que el programa se concretará con una inversión privada inicial estimada en 88 millones de dólares. Estos recursos estarán destinados a la construcción, equipamiento e implementación de estaciones de inspección en todo el país.
En ese contexto, la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) expresó su respaldo al proyecto, señalando que la implementación de la inspección técnica vehicular (ITV) contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir las emisiones contaminantes y disminuir las fatalidades en accidentes de tránsito.
En sus memorias de 2025, la entidad también destacó la importancia de este sistema para el ordenamiento y correcto registro del parque vehicular nacional.
Ante la ausencia de un sistema oficial, han surgido iniciativas particulares para demostrar la viabilidad del proyecto. En octubre de 2024, la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) realizó un simulacro de inspección en el que se revisaron decenas de vehículos. El balance fue preocupante: un 70% de las unidades estaban en condiciones muy deficientes, un 20% en estado regular y solo un 10% en condiciones óptimas.
Williams Pérez Figuereo, presidente de la CNTU, reiteró la necesidad de restablecer un sistema de inspección técnica, aunque subrayó que su implementación debe ir precedida por un plan nacional de eliminación de chatarras.
También advirtió sobre las brechas en la aplicación de la ley, particularmente en el sector del transporte público, donde muchos vehículos sindicalizados circulan en condiciones inadecuadas. Esto, afirmó, hace imprescindible un plan integral que garantice la revisión equitativa de todos los vehículos, sin exclusiones.
Jesús VásquezJoven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.