En 2018 entrará en vigencia una tarifa eléctrica de transición

SANTO DOMINGO. En un plazo no mayor a doce meses se reestructurará la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mientras que a partir de la segunda mitad del próximo año se ajustará la tarifa de electricidad semestralmente y se iniciará la reducción del subsidio cruzado, estos dos últimos puntos condicionados a que las pérdidas de las distribuidoras se reduzcan conforme a lo pautado.

Así quedó plasmado en los puntos del Pacto Eléctrico que se acordaron en la plenaria final, el pasado 17 de octubre, al que Diario Libre tuvo acceso. El documento señala que desde 2018 se aplicará una transición que se extenderá hasta el año 2022 en la que las pérdidas deberán bajar a razón de 2.7 puntos anuales, para situarse en 15% como tope dentro de cinco años.

Mientras las pérdidas se reducen, a partir del segundo semestre de 2018 se aplicará una tarifa de transición que se revisará cada seis meses y reconocerá el valor de compra de la energía por parte de las distribuidoras, la variación de la tasa de cambio y el cumplimiento del cronograma de pérdidas. A partir del 1° de enero de 2023, y de haberse cumplido las metas, entrará en vigencia la tarifa eléctrica de referencia y un subsidio que no podrá representar más del 12% de esa tarifa.

En lo que se refiere a la reestructuración de la CDEEE, el documento hace un esbozo a que la reforma de esa institución debe hacerse ajustada a las leyes 125-01 (Ley Eléctrica), 100-13 (Ley que crea el Ministerio de Energía) y la 1-12 (Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo). En los puntos que indicaban cómo debía adelantarse esa reestructuración de la CDEEE no hubo consenso, por lo que fueron eliminados del documento.

La directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), Iraima Capriles, explicó que los compromisos del Pacto Eléctrico deberán ser supervisados por un Comité de Seguimiento y Veeduría que estará integrado por siete representantes de los sectores que participaron en las discusiones: tres por el gobierno, cuatro por el CES, dos del sector empresarial, uno por el sector laboral y otro por el social.

Uno de los representantes del sector social, Fernando Peña, señaló que desde hace dos meses no hubo reuniones formales, que todo lo acordado fue irregular y, por lo tanto, no reconoce el fin de la discusión del Pacto Eléctrico.

Como respuesta, Capriles indicó que nunca dejó de haber reuniones entre los sectores y que “hemos sido serios y respetuosos del proceso”.

Por su parte, el presidente del CNUS, Rafael “Pepe” Abreu, quien representaba al sector laboral, señaló que “no es el pacto que hubiésemos querido” porque preferían uno que beneficiara más a los usuarios, pero que el documento permite, al igual que la Ley 125-01, abrir condiciones que, de ser cumplidas, mejorarán al sector eléctrico.

Suhelis Tejero Puntes