Pedro Luis Castellanos: “Distorsión hace ver al SFS como forma de financiar atención privada”

“Sea quien sea el próximo gobierno, va a tener que ir a una reforma estructural del sistema de seguridad social”. Así lo entiende el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, quien también tiene preocupaciones puntuales sobre cómo funciona el Seguro Familiar de Salud (SFS) dominicano.

El funcionario está consciente de que hay muchas quejas en la ciudadanía sobre el SFS, que entró en vigencia hace más de una década, como parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y una de ellas es que no ha logrado reducir el gasto familiar o del bolsillo.

Otra de las preocupaciones -que no deja de sorprenderle- es que el 39 % de los niños menores de 5 años en el país esté fuera del SFS.

Según estudios hechos por la Sisalril, hace dos años la mitad de los niños menores de cinco años con padres afiliados al SFS no estaban incluidos en el sistema. Aunque el porcentaje se ha reducido, sigue elevado.

Que más de 307,000 niños entre los 0-4 años estén fuera de la cobertura el superintendente explica que se atribuye en mayor medida a que muchos padres desconocen que pueden afiliar a sus hijos sin que les cueste un gasto adicional a ellos ni a los empleadores. “Lo cubre el sistema”, dijo.

Otra de las razones -en una menor proporción- es la falta de acta de nacimiento de los niños que están excluidos.

“La ciudadanía no está contenta”

En una entrevista en la que también participó el editor de Economía de Diario Libre, Edwin Ruiz, el superintendente de Salud enfatizó en la necesidad de que se reduzca el gasto familiar en el SFS, que a diciembre tenía 8,037,159 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, y en el Plan Especial de Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda. Estos representan el 76.81 % de la población del país.

“Pensamos que ha llegado la hora de hacer una revisión de fondo de la Ley 87-01”, dijo Castellanos.

Dicha ley fue modificada para enero pasado, pero los cambios se enfocaron en fortalecer a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) y en las comisiones de las Administradoras de Fondos Pensiones (AFP).

Castellanos aboga porque se haga otra revisión más estructural de la legislación y también del catálogo de procedimientos y medicamentos que cubre el SFS, para que este dé cobertura integral a necesidades y problemas de salud, no solo a procedimientos y medicamentos.

“Déjeme ponerle un ejemplo –dijo Castellanos–: una persona que es diabética necesita hemogramas, necesita hacerse periódicamente glicemia, azúcar en la sangre, necesita medicamentos, necesita consultas médicas... necesita un paquete integral de atención. Cada una de esas cosas está en una cobertura diferente en el catálogo, y luego ocurre en la práctica que unas se le acaban a la mitad del camino mientras otras todavía le quedan, al no haber un enfoque integral que diga ‘cubrimos diabetes’ ”.

El 19 de diciembre del 2006, se pactó en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) un Plan de Servicios de Salud (PDSS), al que se le han hecho modificaciones, pero nunca de su estructura.

Al preguntarle al superintendente quién decide o da la orden de cambiar la estructura, respondió que es el CNSS, pero observó que si tomó 10 años aprobar la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, no hay manera de hacer modificaciones sin un esfuerzo de todos los sectores. “Tenemos que llegar a nuevos acuerdos”, enfatizó.

Para 2006 solo se había iniciado el SFS en el régimen subsidiado con unas 30,000 personas, y se pactó el inicio del contributivo, pese a que había sectores que se oponían a que entrara en vigencia.

El sistema de las ARS en general –de autogestión, públicas y privadas– había recibido a noviembre de 2019 ingresos por más de RD$68,113.6 millones, según estadísticas que publica la Sisalril.

Trece ARS privadas tenían hasta ese mes RD$2,532.8 millones en utilidades acumuladas desde el inicio de sus operaciones, en cambio cinco de autogestión y dos públicas reportaron pérdidas.

“Ha habido una distorsión que hace ver al Seguro Familiar de Salud como una forma del contributivo, como si su responsabilidad fuera el financiamiento de la atención médica privada”, afirmó Castellanos. “Evidentemente, la atención médica privada es muy importante, por supuesto, que es importante, que se fortalezca y siga desarrollándose, pero ese no es el objetivo, el propósito del Seguro Familiar de Salud es la protección financiera de la población, de su derecho a la salud que es un derecho constitucional”.

¿Por qué se ha tardado tanto en asumir la voluntad política, inclusive para hacer cambios parciales?, le preguntó Diario Libre. Castellanos respondió que en enero de 2017 el gobierno presentó a los distintos sectores de la sociedad una propuesta de revisión integral del marco legal de la seguridad social, pero no hubo acuerdos.

“El gobierno, ante la resistencia que encontró, optó por ir avanzando progresivamente con pequeñas reformas. De hecho, yo no descarto la posibilidad de que antes de que termine el actual gobierno presente otras al Congreso (Nacional)”, dijo.

Recuerda que una de las reformas presentadas fue la de modificar la forma de tomar decisiones en el CNSS y la eliminación del régimen contributivo subsidiado –aún no vigente– para que el trabajador independiente con capacidad de pago vaya al contributivo.

Entre los pendientes está que el CNSS se ponga de acuerdo para definir cuánto será el aporte de los pensionados y jubilados del régimen contributivo para que estos sigan contratando con los beneficios del SFS.

Mientras tanto, el gobierno ejecuta un plan transitorio para proteger a unos 100,000 pensionados y sus familiares hasta que entren al régimen contributivo.

Mariela Mejía

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Editora de Economía y docente de periodismo. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos.