El CES: el órgano creado para debatir y opinar sobre los problemas socioeconómicos

“Se crea el Consejo Económico, Social e Institucional, como un organismo consultivo del Poder Ejecutivo (...) que tendrá como atribución general conocer y emitir su opinión sobre problemas de cualquier naturaleza que sean de interés nacional”.

Así lo establecía el artículo uno del Decreto 13-05, que daba origen al hoy Consejo Económico y Social (CES), elevado a rango constitucional en la Carta Magna de 2010, que tiene dentro de sus 17 atribuciones examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad dominicana, sea a solicitud del presidente de la República o a iniciativa propia.

El organismo está llamado a celebrar este próximo miércoles y jueves las asambleas eleccionarias para el sector social y el empresarial, respectivamente, proceso mediante el cual se busca elegir a las nuevas instituciones que compondrán su pleno.

La Ley 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social establece en su artículo ocho, párrafo uno, que “los miembros del CES serán seleccionados por sus propios sectores cada cuatro años, mediante la celebración de una asamblea eleccionaria con la participación de las organizaciones de cada sector”.

El pleno del CES está integrado por un presidente y un secretario general, 15 representantes de organizaciones laborales, incluyendo a tres de gremios profesionales, igual cantidad de comisionados de entidades empresariales, incluyendo las cámaras de comercio y de producción y de micro empresas, 15 representantes de organizaciones sociales, incluyendo iglesias, instituciones académicas y organizaciones comunitarias.

Entre las funciones del CES están lograr consensos a través del diálogo social que permitan incorporar, por acuerdo o pacto social, iniciativas de desarrollo económico, social y laboral y proponer al Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con estos aspectos.

Además, elaborar y someter anualmente al Poder Ejecutivo, en los primeros 45 días de cada año, un informe sobre la situación socioeconómica y laboral del país; propiciar las veedurías sociales, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Asimismo, la legislación faculta al Consejo a emitir un informe al final de cada año sobre el cumplimiento de los acuerdos sociales arribados y las regulaciones que guarden relación con el ámbito del CES y buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, trabajadores y organizaciones de la sociedad.

También “preparar para las autoridades electas, dentro del marco de los informes de mediano plazo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y cuando sea aplicable, conclusiones y recomendaciones sobre la adopción de nuevas medidas y la realización de acciones que permitan corregir desviaciones con respecto a las metas establecidas o impactos no previstos de las políticas adoptadas; los objetivos y líneas de acción que deberán ser considerados prioritarios para el siguiente período de gobierno”.

El Consejo Económico y Social fue el espacio donde se discutieron el Pacto Educativo, rubricado en 2014, y el eléctrico, este último ya debatido y cuya firma pudiera suscribirse por los diferentes sectores antes de que finalice el 2020.

Además, es el espacio donde deberá debatirse la reforma fiscal, discusiones que se proyectan inicien el próximo año. Los tres pactos fueron ordenados por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El CES fue también el escenario donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Revolucionario Moderno (PRM) y otras organizaciones dialogaron para buscar una solución a la crisis política generada por la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.

Pablo García

Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo por la UASD. Desde el año 2012 ha trabajado en varios medios impresos.