El Pacto Eléctrico vuelve al debate, ¿qué dice su contenido?

Desde ayer volvió a debate el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana –o Pacto Eléctrico– tras el anuncio del presidente Luis Abinader de que el Gobierno suspenderá las alzas escalonadas a la tarifa eléctrica programadas en lo adelante, que se venían haciendo desde noviembre pasado. Además, que solicitó al Consejo Económico y Social (CES) convocar a los sectores sociales, políticos y empresariales para revisar el referido pacto.

El Pacto Eléctrico se venía consensuando desde los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al ser uno de los tres de su tipo que manda la Ley 1-12 de Estrategia Nacioanl de Desarrollo 2030. Aunque dicha legislación dio un plazo no mayor de un año para que las fuerzas políticas, económicas y sociales lo acordaran, para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, fue en febrero de 2021 cuando se firmó por los partidos políticos, empresarios y entidades sociales.

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, Diario Libre extrae algunos puntos de este pacto, a modo de recordar su contenido.

Rol del Estado

• El Estado mantendrá su participación con carácter monopólico en la generación hidroeléctrica mayor de 5 MW y la transmisión de energía del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
• El Estado promoverá la participación de los subsectores privado y solidario en las actividades de generación y distribución eléctrica, ya sea mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de la participación accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con la Constitución.

Reestructuración institucional

• La Superintendencia de Electricidad será la institución responsable de la regulación y fiscalización del subsector eléctrico, con total independencia en su actuación y con autonomía operativa y presupuestaria, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio público de electricidad conforme lo establecido en la Constitución.
• La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) será reestructurada.

Protección de los derechos de los consumidores

• Se acuerda desarrollar por parte de las Empresas de Distribución Eléctrica un programa de campo, en una primera etapa, masivo e intensivo, y en etapas subsiguientes continuo, dirigido a facilitar que el usuario irregular proceda a suscribir el correspondiente contrato de suministro de energía eléctrica con la empresa distribuidora de electricidad, tomando en cuenta las condiciones particulares del usuario, para promover el ejercicio responsable de deberes y derechos.
• Modernizar, mejorar y facilitar el acceso de los clientes o usuarios titulares a su factura, historiales de consumo, aspectos técnicos relevantes del servicio, fianzas, cortes, reclamaciones, notificaciones y avisos de suspensiones programadas del servicio, de acuerdo a la preferencia o solicitud del cliente o usuario titular.
• Se acuerda garantizar el derecho a queja y reclamación de los clientes o usuarios titulares. Los clientes o usuarios titulares, tienen derecho a procedimientos expeditos y sencillos de queja, reclamación y respuesta en los tiempos y formas establecido en la normativa.

Educación al usuario

• Se acuerda garantizar el derecho a la educación de los usuarios en materia de servicio de electricidad mediante programas permanentes de educación al usuario de los servicios de electricidad para concientizarlos sobre sus derechos y deberes en el uso de la energía eléctrica, la promoción de políticas de pago oportuno y del uso ético responsable de la energía eléctrica.

Aspectos técnicos y comerciales relacionados al alumbrado público

• Se reconoce que es de interés nacional contar con un alumbrado público suficiente, eficiente y amigable con el medioambiente.

Adecuada gestión de riesgos

• Establecer en el Sistema de Emergencias 911 capacidades de respuesta ante eventos relacionados con el subsector eléctrico que pongan en riesgo la vida, elaborando y siguiendo los protocolos de coordinación y procedimientos con las empresas eléctricas.
• Concientizar al ciudadano para establecer una cultura de qué hacer y cómo responder ante casos de riesgos y accidentes eléctricos para preservar vidas.
• El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe velar por una correcta gestión ambiental durante el periodo de construcción, operación y vida útil de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.  

Plan de negocios y estratégico par la mejora de la gestión de las empresas eléctricas

• Diseñar e implementar un Plan Integral de Reducción de Pérdidas de Electricidad, con objetivos y meta de desempeño específicos, medibles y auditables.
• Se acuerda iniciar, en un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de la firma del pacto, el diseño e implementación en cada una de las empresas del subsector electricidad de propiedad estatal, de un Plan Estratégico y de Negocios para la Mejora de Gestión para el periodo 2018-2022. El plan debe contener acciones específicas que permitan: elevar la productividad de cada empresa hasta situarla en niveles de empresas similares eficientemente gestionadas; cumplir los niveles de calidad del servicio, materiales y equipos conforme a lo establecido en la regulación.
• En un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de la firma del pacto, iniciar en cada una de las empresas distribuidoras de electricidad públicas la ejecución de un Plan Integral de Reducción de Pérdidas.
• Tan pronto se logre el nivel de pérdidas acordado de 15 % o terminado el plazo de seis años de ejecución del Plan de Reducción de Pérdidas, la Superintendencia de Electricidad establecerá una nueva meta para este indicador consistente con estándares internacionales y las condiciones prevalecientes en ese momento en las Empresas Distribuidoras de Electricidad públicas.

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Estrategia tarifaria

• Establecer un esquema de racionalización de la política de subsidios hasta llevarlos a niveles moderados, consistentes con los compromisos y programas de reducción de pérdidas y mejora de la eficiencia de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
• A partir del estudio y sus recomendaciones, el Poder Ejecutivo deberá definir la nueva política de subsidio para el subsector eléctrico en función del índice de calidad de vida y el nivel de consumo de electricidad de una vivienda digna en condiciones de pobreza del hogar, tanto en términos de subsidio cruzado y directo, como a través del programa Bonoluz que estará vigente a partir del 1ro de julio de 2018 y por un periodo no menor de cuatro años, que finaliza en 2022. A su vez, la Superintendencia de Electricidad, cumpliendo los procedimeintos establecidos en la ley, establecerá un régimen tarifario de referencia, el cual incorporará una nueva estuctura tarifaria y la nueva política de subsidio aprobada por el Poder Ejecutivo.
• A partir del 1 de julio de 2019, la tarifa a aplicar a los usuarios regulados estará ajustada trimestralmente en función de las variaciones en el precio medio de compra, las variaciones en la tasa de cambio, la reducción de pérdida y la mejora de eficiencia.
• Para asegurar que el subsidio cruzado converja hacia el subsidio cruzado moderado, la Superintendencia de Electricidad, para aplicación de las reducciones tarifarias, producto de las mejoras en eficiencia y reducción de pérdidas, a los distintos tramos tarifarios, procederá de tal forma que se diminuya gradualmente el porcentaje de subsidio cruzado vigente a partir del segundo trimestre del 2018 hasta converger al subsidio cruzado moderado acordado para cuando entre en vigencia la tarifa de referencia a más tardar en 2023. En ese momento dicho subsidio será de un máximo de 12 % de la tarifa de referencia y se excluirá a los subsectores productivos del pago de dicho subsido cruzado.
• A partir del 1 de julio de 2018, la factura del servicio eléctrico recibida por el usuario indicará de manera transparente los componentes que determinan el nivel de la tarifa y el valor de los subsidios aplicados.
• A partir del 1 de julio de 2018, la Superintendencia de Electricidad procederá a calcular trimestralmente los niveles de las tarifas correspondientes al régimen tarifario de referencia utilizando las informaciones actualizadas disponibles, a fin de evaluar la conveniencia de pasar a la adopción anticipada de dicho régimen o de mantener la estructura tarifaria de transición estalecida para el periodo 2017-2022 (como el pacto se firmó en 2021, estas fechas se ajustaron).

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Energías renovables y alternativas

• Se acuerda estudiar y promover proyectos para la producción de energía renovable gestionable, tales como los procedentes del aprovechamiento de biomasa, biogás, de desechos sólidos, alimentos, granjas, algas marinas u otros que sean factibles.
• Se acuerda promover y facilitar el uso de energías renovables a nivel domiciliario, comercial e industrial.
• Se acuerda realizar estudios para evaluar el uso del hidrógeno y en el largo plazo el uso de la energía nuclear en la generación eléctrica mediante un programa de investigación, desarrollo e innovación.

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Ahorro

• En un plazo no mayor de 12 meses contados a partir de la firma del pacto, el Ministerio de Energía y Minas deberá haber elaborado y sometido al Poder Ejecutivo, para su envío posterior al Congresio Nacional, un proyecto de ley de promoción al uso racional de la energía, que contendrá, de manera enunciativa y no limitativa, normas para la construcción que promuevan eficiencia energética en las edificacicones públicas y privadas, desincentivos a la importación de equipos eléctricos de baja eficiencia, mediante la implementación del impuesto selectivo al consumo de los mismos, estímulos al uso de equipos eléctricos eficientes.
• El Comité de Seguimiento y Veeduría es el responsable de dar seguimiento a la ejecución de las acciones derivadas para el cumplimiento de los compromisos del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.          

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