Distribución discrecional y débil supervisión marcan el reparto del gasoil subsidiado
El programa que beneficia al transporte público significa un sacrificio fiscal anual de 3,265 millones de pesos. Otros 18,478 millones se exoneran a generadoras y mineras, principalmente
Balbiery Rosario
El Estado dominicano entrega cada mes a 21 federaciones del transporte público 5.6 millones de galones de gasoil, exentos de pagar 272 millones de pesos en impuestos, como parte de un subsidio cuyo propósito es, según el discurso oficial, evitar alzas en los pasajes.
Los 67.5 millones de galones de diésel que se entregan cada año se adjudican en partidas definidas por el Gobierno sin parámetros legales claros, se distribuyen entre las rutas según un listado elaborado por las grandes agrupaciones choferiles y se venden a los choferes bajo una supervisión insuficiente.
Este combustible subvenciona las actividades productivas del transporte urbano, interurbano, turístico, de carga y de estudiantes del Programa de Transporte Escolar (TRAE).
Fue el subsidio a las generadoras, mineras, zonas francas, constructoras y diplomáticos en 2024. (En millones de pesos)
Es el gasto anual de los subsidios al gasoil, Bonogás y Motoben.(En millones de pesos)
Del gasoil subsidiado se reparte entre Conatra, Fenatrado, Fenatrano y Fenacho.
El presidente Luis Abinader restableció este plan el 7 de septiembre de 2021 (Danilo Medina lo había suspendido), aumentó el Bonogás de 428.9 millones a 633.8 millones de pesos y creó un nuevo subsidio denominado Motoben, con el cual se entregan 1,500 pesos mensuales a los motoristas con un costo anual de 72.8 millones.
Todos ellos suman un gasto anual de 3,887 millones de pesos, de los cuales 3,265 millones corresponden al diésel.
Los más beneficiados
Las mayores beneficiarias son la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) y la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), dirigidas por los senadores Antonio Marte y Ricardo de los Santos, respectivamente.
Les siguen la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano) y la Federación Nacional de Choferes (Fenacho). Estas cuatro concentran el 74 % del subsidio.
El combustible se deposita en los tanques de las rutas según la cantidad asignada por las federaciones y, a partir de ese momento, queda bajo su responsabilidad garantizar que solo se venda a las unidades de transporte público a un precio rebajado en 48.37 pesos.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), coordinador del programa, sostiene que la gestión de Milton Morrison comenzó a aplicar mecanismos de auditoría y fiscalización a partir de enero de 2025, tres años después de su creación.
Realizaron auditorías a 417 asociaciones o sindicatos y empezaron a monitorear la distribución y recepción del combustible, revisar las facturas emitidas por los distribuidores e inspeccionar tanques y terminales de operación de los transportistas.
Desde Fenatrano, Juan Hubieres niega que exista dicha supervisión. "Si usted recibe un millón de galones y se reparte eso con algún funcionario, ¿usted está interesado en que eso se supervise? Sí hubo supervisión cuando Leonel Fernández, pero solo a nosotros; a los grandes no", explica Hubieres.
El dirigente del transporte mantiene desde hace años la denuncia de que el diésel subsidiado se reparte según conexiones políticas y que el 40 % del otro subsidio que se concede a las generadoras, las mineras, las zonas francas, las constructoras y los diplomáticos "se vende en el mercado negro".
El Ministerio de Hacienda registró un sacrificio fiscal de 18,478 millones de pesos por concepto de devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) de combustibles a los cinco sectores antes mencionados.
"Muchos amigos de políticos reciben subsidios para repartir las ganancias. ¿Cuál es la ganancia? Cuarenta pesos por un millón de galones: son 40 millones de pesos", acusa.
Por el contrario, Antonio Marte, presidente de Conatra, y Mario Díaz, de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), afirman que las autoridades son estrictas con la vigilancia y garantizan que los transportistas manejan el tema con transparencia.
Fenattransc tiene un reglamento para el uso del combustible que impide, entre otras cosas, echarlo en garrafones o en vehículos privados.
Los 30 mil galones mensuales que reciben abastecen a sus 426 camiones de carga de productos agrícolas desde el campo.
La distribución
El Intrant dirige el programa en virtud del "Acuerdo sobre cooperación al sector transporte público de la República Dominicana", suscrito con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) en 2021, de donde salen los fondos.
Los empresarios del transporte entregan el listado de beneficiarios que el Intrant remite a la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) para que esta despache a cada ruta.
Hubieres sostiene que Fenatrano es discriminada por no ser afín al Gobierno, pues moviliza cerca del 70 % de los pasajeros de la capital, pero más del 80 % de sus choferes no tienen Bonogás, mientras que Antonio Marte asegura que cerca del 40 % de los suyos sí lo reciben.
A Fenatrano le corresponden 686,700 galones por mes, por un valor exento de 33.2 millones de pesos, mientras que a Conatra le asignaron 1.7 millones de galones, para un subsidio de 84.4 millones de pesos.
Esa cantidad representa el 53.35 % de los 3.27 millones de galones que, según indica Marte, consumen cada día sus vehículos.
A Fenatrado, encargada del transporte de mercancías en vehículos pesados, le corresponde una partida de 1.4 millones de galones y un valor exento de 65.3 millones de pesos cada mes.
Fenacho, presidida por Alexis Disla, recibe 387,919 galones. Le siguen el Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) con 250,000 galones; Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) con 225,000 galones; la Unión de Propietarios con 180,000; la Asociación Dominicana de Transporte Turístico (Adotratur) con 150,000 galones y la Unet con 110,000 galones.
El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) es el encargado de vigilar e intervenir cuando detecta la venta externa del gasoil destinado al transporte público. La institución reportó a Diario Libre haber realizado, en los últimos 10 años, unos 230 allanamientos a los llamados sindicatos.
Allí se incautaron 344,832 galones y los responsables del ilícito fueron remitidos al Ministerio Público. Aunque los infractores no sean sometidos a la justicia, son sancionados con la pérdida del combustible retenido, del cual toma posesión el Estado.
"Cuando hay una falla, ellos (Ceccom) están ahí, no sé cómo, parece que son brujos. Pero ellos están vigilando. Eso no se presta a mucha distorsión porque somos gente seria los que estamos en ese círculo de abastecimiento", afirma el dirigente Mario Díaz.
Balbiery RosarioPeriodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.