Acreedores de Argentina temen lo peor en medio de conversaciones con el FMI

A la vez que Argentina intenta ganar el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para una reestructuración de la deuda de US$100 mil millones, los comentarios provocativos del gobierno izquierdista han suscitado temores entre los acreedores de la posibilidad de un incumplimiento.

Las conversaciones formales entre el FMI y Buenos Aires comenzaron la semana pasada y ya han proporcionado pistas sobre lo difícil que podría ser el proceso para los tenedores de bonos. El precio de los bonos del gobierno argentino se hundió después de que Martín Guzmán, el ministro de Economía de 37 años, les dijo a los legisladores el miércoles que se requeriría una “profunda reestructuración de la deuda”, y que el gobierno no trataría de equilibrar su presupuesto hasta 2023.

El bono de cien años del país — visto como un hito en su recuperación económica cuando se emitió hace tres años — cayó casi 3 por ciento el siguiente día de negociación a 43 centavos por dólar, habiendo comenzado el año en más de 50 centavos. El precio de otro bono del gobierno con vencimiento en 2028 cayó a menos de 45 centavos. El lunes se mantuvieron cerca de estos niveles, lo que indica una alta probabilidad de incumplimiento.

No todos estaban convencidos por la retórica dura del Sr. Guzmán. “El joven vive en la Ciudad de las Estrellas peronista”, dijo Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de Portfolio Personal Inversiones, un banco de inversión. Según el Sr. Stoeppelwerth, ni el FMI ni los acreedores del país aceptarían un acuerdo basado en la posición declarada del gobierno.

Sin embargo, las preocupaciones entre los inversores aumentaron después de que el nuevo presidente izquierdista Alberto Fernández apareció el jueves para respaldar los comentarios anti-FMI de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La Sra. Fernández de Kirchner, la ex presidenta combativa que ejerció el cargo de 2007 a 2015, había comentado que el fondo también debería aceptar un “haircut”, o quita, sustancial después de haberle prestado US$44 mil millones a Argentina desde la crisis monetaria de 2018. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, le dijo a Bloomberg el domingo que una quita de la deuda no sería posible.

La semana pasada, Argentina también pospuso unilateralmente los pagos de intereses de un bono soberano denominado en moneda local, después de que no pudo convencer a suficientes inversores a que aceptaran una pérdida en el valor nominal de sus deudas.

Patrick Esteruelas, jefe de investigación de Emso Asset Management, dijo que la postura dura del gobierno — que insistió en que no sería un “rehén” de los tenedores extranjeros del bono — fue un intento de limpiar un “desastre” creado por un reciente enfrentamiento entre la Provincia de Buenos Aires (PBA) y sus acreedores.

El gobierno local había tratado de posponer un pago de US$250 millones de enero hasta mayo, pero no logró convencer a su mayor tenedor de deuda, Fidelity, que posee aproximadamente una cuarta parte de los bonos de la provincia para 2021. Al final, la provincia acordó pagar el dinero adeudado y se comprometió a reestructurar su saldo restante de la deuda externa.

Marcos Buscaglia, socio fundador de Alberdi Partners, una consultora económica en Buenos Aires, dijo que el episodio de la PBA mostró que los políticos argentinos le tenían “miedo a un incumplimiento”, lo que podría desencadenar una retirada masiva del peso y provocar un mayor aumento de la inflación la cual superó 50 por ciento en 2019. La economía argentina está en su tercer año consecutivo de recesión.

Pero según el Sr. Esteruelas, la decisión del gobierno de asumir una postura dura con los tenedores del bono soberano local muestra que “internalizó algunas de las lecciones” extraídas del asunto de la PBA. “Esto restablece el escenario”, dijo.

Los inversores ahora insisten en que el gobierno debe presentar un plan económico que explique de manera convincente cómo planea pagarles a los acreedores, si quiere una resolución rápida y amigable del enfrentamiento. Hasta ahora, se ha negado a hacerlo.

Es probable que pocos inversores acepten una quita de hasta 40 o 50 por ciento, como lo implican los planes de gasto del Sr. Guzmán. Eso podría dificultar que el gobierno resuelva la crisis de la deuda antes de la fecha límite autoimpuesta del 31 de marzo.

“No va a ser fácil convencerlos porque el tiempo está del lado de los tenedores de bonos”, dijo Gustavo Medeiros, subdirector de investigación de Ashmore Group, otro inversionista de bonos. “Si proponen una quita del 50 por ciento y dicen que no pagarán cupones por algunos años, olvídalo. No habrá trato”.

A pesar de las claras tensiones entre el gobierno y los acreedores privados, el papel del FMI es más ambiguo. Buenos Aires ha tenido tormentosas relaciones con el fondo en el pasado, pero su respaldo del programa financiero del gobierno ayudaría a sellar un acuerdo con los acreedores.

Los analistas sugieren que el FMI tal vez está a favor de una mayor quita de la deuda de Argentina para garantizar que sus propios préstamos también puedan pagarse. “Paradójicamente, el FMI será el mejor aliado del gobierno en las negociaciones con los tenedores de bonos”, dijo el Sr. Buscaglia.

Pero eso podría cambiar. Si el gobierno no cumple con la fecha límite de marzo para un acuerdo con sus tenedores de deuda, las condiciones fiscales impuestas por el FMI al gobierno “pueden aumentar”, dijo Eduardo Levy Yeyati, un economista en Buenos Aires.

Financial Times