EEUU permitirá demandas por propiedades expropiadas en Cuba

La decisión que podría exponer negocios estadounidenses y europeos a acciones legales, se produce cuando Washington aumenta su presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien la administración Trump ha acusado de recibir apoyo de Cuba.

La legislación, conocida como Título III de la Ley Helms-Burton, es una pieza que permite a los cubanos americanos y a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías extranjeras en posesión de propiedad confiscada.

Ha sido ignorada por presidentes estadounidenses por más de dos décadas, sin embargo, y nunca antes se ha cumplido. Anunciando que la administración Trump no ignorará más la ley desde el 2 de mayo, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el waiver había sido visto en Cuba como “debilidad”.

“La administración Trump reconoce la realidad”, dijo Pompeo. “La tiranía en la región solo ha empeorado porque los dictadores ven el apaciguamiento como debilidad, no fortaleza”.

Pompeo agregó que “el comportamiento de Cuba en el hemisferio occidental” afectaba directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, acusando a La Habana de “exportar represión”.

Kim Breiter, subsecretario del hemisferio occidental en el departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que la comisión de demandas internacionales en el departamento de justicia ya había certificado 6,000 demandas por propiedad cubana, con valores de US$8 mil millones, incluyendo intereses.

Breier dijo que la comisión conocía otras 200,000 demandas, que podría valer “decenas de miles de millones de dólares”.

El anuncio probablemente agregará más desacuerdos entre Estados Unidos y sus aliados en Europa. La UE ya ha expresado su desacuerdo con la posición estadounidense, sugiriendo que podría retar dicha medida con la Organización Mundial de Comercio.

Breier dijo que aunque Estados Unidos y sus aliados estaban de acuerdo en la necesidad de “promover la democracia” a veces “entraban en desacuerdo” sobre el método.

“Las compañías europeas operando en Cuba no tienen nada por qué preocuparse si no están operando en propiedad robada a los estadounidenses”, dijo Breier.

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