Medidas severas en contra del robo de combustible desatan respuesta negativa en México

$!Medidas severas en contra del robo de combustible desatan respuesta negativa en México
El presidente libra una guerra contra el crimen y la corrupción en la bomba de gasolina

Cierran cientos de gasolineras conforme el presidente libra una guerra contra el crimen y la corrupción en la bomba de gasolina

Con largas colas en las gasolineras, y con alarmados clientes haciendo cola con sus latones de gasolina, el nuevo presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enojado al público conforme él libra la primera batalla de su guerra contra el crimen y la corrupción en la bomba de gasolina.

El creciente nivel de robo de combustible de la petrolera estatal Pemex, a la cual, Sr. López Obrador indicó, le costó US$3 mil millones el año pasado — más del doble de la ganancia neta del tercer trimestre — impulsó al gobierno a cerrar algunos oleoductos a fines de diciembre y a distribuir el combustible por camión en vez.

Eso ha provocado significativos retrasos en la llegada de combustible a las gasolineras esta semana, con colas de automovilistas de hasta 1 km esperando para llenar los tanques de sus automóviles y con cientos de estaciones de servicio cerradas a lo largo del país.

El Sr. López Obrador ha instado al público a ser paciente y a apoyar sus esfuerzos para enfrentárseles a los ladrones de combustible mientras busca apresurar la creación de una controversial nueva fuerza policial bajo control militar para combatir el crimen. El Congreso pudiera aprobar esa medida la próxima semana.

Aunque él ha sido aclamado por sus esfuerzos para combatir el robo de combustible, llamado ‘huachicoleo’, después del fracaso de su antecesor Enrique Peña Nieto, los analistas han comentado que su estrategia parecía improvisada y que pudiera resultar ser insostenible.

De la misma manera que su apuro por establecer la nueva fuerza policial bajo una Guardia Nacional e implementar algunos de sus proyectos de infraestructura predilectos — incluyendo una refinería y una línea de tren en el sur de México, y una alternativa al desechado proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, incluso antes de que se hayan llevado a cabo los estudios técnicos —, la severa postura ante el problema del combustible ilustra el enfoque de “yo sé lo que es mejor” en materia de legislación del obstinado presidente. “Vamos a resistir todas las presiones”, les prometió a los reporteros esta semana el nacionalista de izquierda de 65 años, quien se describe a sí mismo como “obstinado”.

“Continuaremos con todos los esfuerzos necesarios. No daremos ni un paso atrás”, apuntó el jueves el presidente, diciendo que aumentaría la seguridad en las principales rutas del oleoducto. “Estas personas corruptas no nos ganarán”. Un día después de pedirles a los propietarios privados de camiones petroleros que ayudaran a distribuir el combustible, el Sr. López Obrador también les pidió a los mexicanos que se unieran a unos 4000 soldados que estaban siendo movilizados para proteger 1600 km de oleoductos.

Pero Gonzalo Monroy, un consultor de la industria de la energía, comentó que cerrar los oleoductos era, en el mejor de los casos, una solución a corto plazo. “Los soldados no pueden permanecer vigilando los camiones e instalaciones petroleros. Es muy costoso usar camiones petroleros. Regresaremos a los oleoductos. Y, cuando lo hagamos, ellos simplemente van a perforar y a robar de nuevo. Es un juego perpetuo del gato y el ratón”, tuiteó el Sr. Monroy.

Un prolongado cierre de los oleoductos pudiera tener serias repercusiones en la economía de México, frenando la capacidad de las personas de desplazarse para ir al trabajo o de compras, y afectando los viajes aéreos si se agotan los suministros de combustible de aviones en un país en el que la capacidad de almacenamiento de combustible, a nivel nacional, es de uno a tres días, él comentó.

Si bien el gobierno del Sr. López Obrador ha sorprendido gratamente a los mercados durante las cinco semanas transcurridas desde que asumió el cargo — no generando desagradables sorpresas en el presupuesto de 2019, alcanzando un acuerdo con los tenedores de bonos del aeropuerto e implementando aplaudidas reformas del mercado financiero en lugar de las políticas populistas para las que se habían preparado los inversionistas —, la escasez de combustible ha puesto a prueba el apoyo público.

“Está creando caos”, señaló un conductor de Uber llamado Leonardo González, quien había estado esperando durante una hora en una cola para llenar su tanque en la Ciudad de México, el principal bastión del partido Morena del Sr. López Obrador. “Es horrible. Deberían haber hecho las cosas de otra manera”.

El robo de combustible se ha convertido en un lucrativo negocio para los carteles de la droga. El Sr. López Obrador ha dicho que el 80 por ciento del robo proviene de dentro de Pemex misma. Una poderosa mafia controla el comercio ilícito, cuyos métodos incluyen una manguera de 3 km que extrae combustible directamente de la refinería de Salamanca. El robo de combustible es la punta del iceberg cuando se trata de los problemas de seguridad de México.

Los asesinatos han alcanzado un récord histórico, y el presidente ha comenzado a publicar diariamente los datos de homicidios, de robos de automóviles y de robos de combustible para monitorear su prometido progreso en frenar el crimen. Su principal estrategia de seguridad es la creación de la Guardia Nacional, pero se le ha criticado por lanzar una campaña de reclutamiento y por seleccionar uniformes antes de que el Congreso apruebe los cambios constitucionales necesarios para establecer el nuevo grupo.

El Sr. López Obrador no presta atención a las preocupaciones de que él está pisoteando la ley, pero incluso su ex directora de campaña, Tatiana Clouthier, una diputada de Morena, ha sido crítica. “No entiendo la prisa”, dijo ella el mes pasado. “Yo quiero una Guardia Nacional, pero no como la estamos planeando”.

Una de las principales preocupaciones es que perpetuará la fallida estrategia de los últimos doce años de usar las fuerzas armadas para realizar trabajo policial. Una Guardia Nacional con entrenamiento militar corre el riesgo de acabar con la policía comunitaria, explicó Catalina Pérez Correa, una experta en materia de seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Lo que están haciendo no es sólo dándoles control estratégico a los militares, sino reformando la constitución para que estén permanentemente a cargo de la seguridad”, ella agregó. “Es muy peligroso”.

20190111 https://www.diariolibre.com

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