Purga de la corte suprema de Polonia es un desafío a los valores de la UE

Las reformas representan una apropiación progresiva del sistema de justicia

El enfrentamiento entre la corte suprema de Varsovia y el gobierno nacional-populista es una crisis no sólo para Polonia, sino para toda la Unión Europea (UE). Si el bloque de 28 naciones no puede imponer valores tan fundamentales como la democracia y el estado de derecho, su futuro luce sombrío. Con Polonia, al igual que lo que sucedió antes con Hungría, las instituciones de la UE y los estados miembros se han quedado cortos.

La ley sobre el máximo tribunal de Polonia que entró en vigor el martes completa de forma efectiva una apropiación progresiva del sistema judicial por parte del partido gobernante Ley y Justicia. El gobierno tomó medidas rápidamente después de que fue elegido en 2015 para llenar el tribunal constitucional — el cual dictamina si las leyes cumplen con la constitución — de partidarios fieles. El año pasado, les dio a los políticos influencia sobre el órgano que nombra a los jueces, y aprobó una ley que permite reemplazar a los presidentes de los tribunales.

La medida más reciente obliga a los jueces de la corte suprema a retirarse a los 65 años, a menos que reciban una exención especial del presidente, Andrzej Duda, quien está vinculado a Ley y Justicia. Aproximadamente 27 de los 72 jueces en activo superan ese límite y podrían ser obligados a renunciar. Algunos se han negado a reconocer el cambio, calificando la ley como inconstitucional. Entre ellos se incluye la jefa de la corte suprema, Malgorzata Gersdorf, quien el miércoles asistió encomiablemente a su oficina como de costumbre.

El ineficiente sistema de justicia de Polonia sin duda necesitaba una reforma. Pero la forma en que Ley y Justicia ha realizado la tarea ha dejado el sistema vulnerable a la interferencia política.

Para ser justos, la UE reaccionó más rápidamente ante las amenazas al estado de derecho en Polonia que ante acciones similares previas del gobierno Fidesz de Viktor Orban en Hungría. Al carecer de muchas otras herramientas, lanzó el año pasado la llamada “opción nuclear” de un procedimiento contemplado bajo el artículo 7 del tratado de la UE. En teoría, dicho procedimiento podría privar a Varsovia de sus derechos de voto. Sin embargo, para hacerlo, necesitaría el voto unánime de los 27 Estados restantes, y Hungría ha dejado en claro que utilizaría su veto. Algunos otros Estados no han estado de acuerdo con el proceso, dejándolo en el limbo y exponiendo a la UE a un desafío creciente.

Aunque Hungría y Polonia fueron los primeros países de la UE que tuvieron populistas nacionalistas en el poder, desde entonces los partidos de extrema derecha se han unido a los gobiernos de Austria e Italia. El populismo está en auge en todo el continente. Las instituciones inmaduras hacen que los miembros más nuevos de la UE sean más vulnerables a la erosión de los controles y equilibrios democráticos. Pero si el bloque no puede defender sus valores aquí, los populistas de las democracias más establecidas — que afirman representar la verdadera “voluntad” de la gente — podrían verse tentados a comenzar a socavar las normas también.

¿Qué se puede hacer? Todavía hay esperanza para el poder popular en Polonia. En el pasado, manifestaciones masivas han obligado al gobierno a retractarse o llegar a arreglos en cuanto a medidas impopulares, como una propuesta de prohibición del aborto. Pero las protestas sobre la ley de la corte suprema aún no han alcanzado los niveles registrados el año pasado.

A nivel de la UE, el Partido Popular Europeo de centroderecha debería tomar la medida, ya pendiente desde hace mucho tiempo, de expulsar de sus filas al Fidesz de Hungría, cuyo comportamiento ha representado un modelo para los populistas en Polonia y en otros países.

La Comisión Europea debería remitir más rápidamente las posibles infracciones al Tribunal de Justicia Europeo, como lo hizo de forma tardía con la corte suprema de Polonia la semana pasada. Los estados miembros también deberían adoptar propuestas para vincular el pago de los fondos estructurales de la UE con la adhesión a los principios fundamentales. Si el bloque debe enfrentar el desafío existencial de defender sus valores, primero debe crear herramientas más robustas y efectivas para hacerlo.

Financial Times