Analizando el proyecto tributario (1 de 2)

Al leer las 46 páginas del proyecto de Ley Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, queda claro que tiene elementos positivos. Sin embargo, su diseño revela que la intención no es corregir las distorsiones del sistema tributario. La intención principal es recaudatoria e introducir algunas medidas de corte popular. Pero lo popular no equivale a buenas políticas públicas. El conjunto de medidas no mejoraría el crecimiento de la economía por medio de más ahorro, inversión y producción. 

Uno de los elementos más mencionados del nuevo conjunto de medidas fiscales es que tendrá mayor impacto sobre quienes más ingresos generan. En tal sentido, el proyecto de ley eleva el impuesto sobre la renta a 30 % a las personas jurídicas con ingresos por encima de 1,000 millones de pesos. Con respecto a esta decisión es importante puntualizar las señales que envía y las distorsiones que crea. 

¿La mayor tasa será pagada por los emprendedores de altos ingresos? Los efectos de los impuestos llevan a distinguir entre quién hace la transferencia del impuesto y sobre quién incide. En la medida en que una proporción sea transferida a los precios de los bienes y los servicios producidos, el efecto caerá sobre los consumidores. Una parte del perjuicio lo sufrirá el asalariado. Menos inversiones y un aumento limitado de la productividad por falta de más capital representarían menos puestos de trabajo y una tasa más baja de aumento en la productividad por la reducción en el incremento en el capital. Un impuesto a las ganancias de las empresas es un impuesto a la producción y al consumo.

La decisión de aumentar el impuesto a las personas jurídicas al 30 % por un periodo de tres años no toma en cuenta la competitividad tributaria. Con la tasa de 27 %, la República Dominicana no es competitiva. Se encuentra por encima del 67 % de las 162 economías más importantes del mundo. Con el cambio, quedaría con una tasa más elevada que el 75 % de esos países. La señal enviada es la de un país en el cual el principal tributo que afecta a las empresas se puede cambiar con facilidad. Este cambio se produciría en una economía que se caracteriza por tener costos altos y un clima de negocio que no favorece los emprendimientos. En un ambiente internacional incierto y de aumento de costos recientes, el efecto del aumento sería peor.

Dentro del régimen normal de tributación, el proyecto plantea la creación de dos regímenes. Unos pagarán al fisco aplicando una tasa de 30 % y el resto lo hará a la tasa actual de 27 %. Es hacer más complejo el sistema tributario. 

La medida crearía mayor necesidad de demandar exenciones y exoneraciones por parte de emprendedores para invertir en la República Dominicana.

El proyecto de ley introduce una nueva escala para que los ingresos de las personas físicas sean gravados al 27 %. El sistema tributario se hace más complejo, pasa de tres a cuatro escalas. La ley crearía un desincentivo mayor a generar riqueza, aumentando el incentivo a la elusión fiscal. Es una medida con perjuicios económicos evidentes. Los impuestos progresivos son populares. Atraen la atención de una parte de la población, aunque sus efectos económicos son perjudiciales. 

Gravar con tasas más altas a las personas que son capaces de generar mayores ingresos equivale a penalizar a quienes mejor sirven a los consumidores. En lo adelante, estas personas tendrían menos recursos para ahorrar e invertir; en consecuencia, perjudica a trabajadores que se benefician de las inversiones y del ahorro previo transformado en más capital. 

Desde el punto de vista económico, las modificaciones al impuesto sobre la renta (ISR) afectarían a consumidores, trabajadores y al crecimiento económico. Se busca recaudar más obviando los efectos sobre hogares y empresas.

Desde el punto de vista tributario, el sistema sería más complejo y se crearían mayores incentivos para eludir o evadir los impuestos.

Con respecto al anticipo, el régimen también crea diferentes regímenes. Si bien el anticipo no es un impuesto, el tratamiento será diferenciado para empresas medianas y grandes, para las pequeñas y para el resto. Tres regímenes de anticipos.

En lugar de simplificar el sistema, estableciendo cuatro o tres anticipos al año, se hace más complejo; con estímulos para que los agentes económicos alteren su comportamiento. Establecer anticipos diferenciados para micro y pequeñas empresas representa un incentivo para caer en la trampa de tamaño. Es decir, se estimula a las empresas a no crecer. Por otro lado, se introduce un incentivo para que empresas medianas y grandes busquen la manera de beneficiarse de los tratamientos a las demás. 

Las distorsiones en el ISR y en el anticipo obligarían a realizar una modificación. Se está introduciendo un proyecto que, de aprobarse tal y como está redactado, conducirá a que en poco tiempo sea necesaria la transformación del sistema tributario. Se haría más complejo el sistema, para que sea más difícil su inevitable transformación estructural futura.

En la segunda parte analizaremos el gasto público en el entorno de las medidas y otros elementos del proyecto de ley, incluyendo aspectos positivos introducidos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

Miguel Collado Di Franco