La comisión de la Ley 16-26 aprueba protocolo para iniciar pago de deudas a contratistas
La comisión busca agilizar el pago a contratistas de obras ejecutadas para instituciones públicas
Diario Libre
La comisión creada por la Ley 16-26 realizó la primera sesión de trabajo con la que se aprobó un protocolo para la aplicación de la referida legislación con el objetivo avanzar con el pago de las deudas del Estado con contratistas que cumplan los requisitos establecidos.
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda y Economía, el protocolo establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, el cual será de conocimiento público.
Los miembros de la comisión sancionaron decisiones fundamentales que están orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la referida legislación, y avanzar con el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa bajo lineamientos de transparencia.
Integrantes de la comisión
La comisión está integrada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
Esta comisión dispuso su remisión a los veedores y todas las instituciones comprendidas en dicha legislación, a fin de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, incluyendo la supervisión y rendición de cuentas contemplados.
Reiteró que constituye un objetivo prioritario avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación efectiva de la referida ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para dar inicio al proceso de pago de las deudas reconocidas por esta legislación.
De acuerdo al comunicado del ministerio, se dará prioridad a aquellos expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, se encontraban en proceso de revisión por la Contraloría General de la República.
La legislación impacta a contratistas de obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y otras instituciones estatales.
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