Aprobada finalmente

Decir que es perfecta sería una exageración, pues la recién aprobada ley de mercado de valores contiene aspectos discutibles que requieren de una mayor definición. Igual que en otras iniciativas legales, se demuestra que la longitud del período de conocimiento por las cámaras no garantiza que sus versiones finales sean depuradas del todo. Más bien puede suceder lo opuesto, si terminan siendo aprobadas contra reloj por alguna circunstancia que hace imperativo su entrada en vigor.

La nueva ley pone al país en condiciones de cumplir con los requerimientos de las normativas internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Por razones de costos de documentación y responsabilidades contingentes, ya está en marcha un proceso de cierre de facilidades financieras a países expuestos. En nuestro caso, ese proceso se agravaría si la próxima evaluación de los organismos encargados de monitorear nuestro nivel de cumplimiento fuese negativa.

Pero además de la premura por ese asunto, la ley actualiza muchos puntos de la legislación anterior, abriendo posibilidades para la diversificación de los instrumentos negociados en el mercado. Se espera que las transacciones puedan ser más ágiles y que podamos finalmente disponer de acciones y otros valores de capital, paso esencial hacia un mercado que permita el acceso de los inversionistas a los frutos del crecimiento económico logrado por el país. Particular atención se otorga a la seguridad operativa y la idoneidad de los emisores, intermediarios y demás participantes.

En la ley se incrementan la autonomía y las facultades de las entidades regulatorias, lo que abre siempre interrogantes acerca de su aplicación en circunstancias diferentes a las que hoy prevalecen. La precisión de muchos aspectos críticos se deja para la reglamentación, haciendo imprescindible que ésta incorpore los puntos de vista de los diferentes sectores involucrados.

Gustavo Volmar