Gravar compras por la Internet tendría de frente la Constitución

  • Comisión planteó son un mecanismo de evasión y distorsión
El dominicano compra unos US$139 al mes por la Internet.

SD. Sería inconstitucional que la Cámara de Diputados apruebe en el proyecto de reforma fiscal un gravamen a las compras por internet cuyo valor FOB sea inferior o igual a los US$200, ya que la Constitución protege los tratados internacionales como una fuerza normativa.

Así lo afirmaron ayer los juristas en materia constitucional Olivo Rodríguez Huertas y Cristóbal Rodríguez. Este último confirmó la violación al DR-CAFTA de la propuesta de gravamen y recordó que muchas empresas "couriers" son norteamericanas, protegidas por el citado tratado que provee de un tratamiento preferencial a esas compañías.

"Cualquier norma que contenga una disposición contraria al tratado (DR-CAFTA), chocaría con la Constitución dominicana en sus artículos 74 y 26, y por tanto deviene en nula", afirmó.

Al cuestionarle el porqué considera que los legisladores incluyen en la propuesta un impuesto que se opone a las leyes y que ya fue aprobado la semana pasada por el Senado, Rodríguez aseguró: "Lo que el Gobierno quiere es dinero y no le interesa que haya un pacto fiscal ni un ajuste real y una mayor disciplina en el gasto".

En el seno de la Comisión Bicameral que estudió la reforma se planteó que estas ventas están creando distorsiones y son un mecanismo de evasión a base de subvaluación y fraccionamiento de facturas. Además que el Estado había dejado de percibir US$2,300 millones en cinco años, lesionando al comercio local.

Esas conclusiones habrían surgido de las discusiones y de un estudio económico de impacto de las ventas por Internet con tarjetas.

La Asociación Dominicana de Empresas Courier (Asodec) ha hecho pública su oposición al impuesto que se aplicaría a las mercancías incluidas en el artículo 4 del decreto 402-05. Consideran que la medida reduciría el nivel de apertura del mercado y vulneraría los compromisos internacionales contraídos por el país.

A ella se sumó ayer la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec) que entiende necesario que ProConsumidor intervenga en defensa de los derechos de los usuarios.

Desde que el Senado aprobó la reforma en dos lecturas consecutivas el pasado viernes, los internautas han manifestado en las redes sociales su descontento. "Comprar por Internet se ha vuelto una salida, pero nos están cerrando todas las puertas", dijo una twittera.

El artículo 74 de la Constitución dice que "los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado".

El jurista Rodríguez Huertas manifestó que es valedero que se eleve un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales competentes si el Congreso aprueba la reforma tributaria con el impuesto en cuestión.

Las compras por Internet son un mecanismo muy utilizado por miles de dominicanos quienes aprovechan las ofertas de tiendas estadounidenses. También, adquieren insumos que no se expenden en el país.

El promedio mensual que compra un dominicano por esta vía es de US$139, según estudios.

20121106 http://www.diariolibre.com

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