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Indotel anuncia trabajos para modificar ley General de Telecomunicaciones

Nelson Arroyo explica que la ley actual tiene 23 años y urge ser actualizada

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Indotel anuncia trabajos para modificar ley General de Telecomunicaciones
Edificio que aloja las principales oficinas del Indotel.

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Nelson Arroyo, anunció que se iniciaron los pasos para la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que regula este servicio en el país, que tiene 23 años y debe adaptarse a los cambios en el mercado de las telecomunicaciones y a los avances tecnológicos.

Explicó que es urgente y necesario revisar y actualizar el marco legal que rige los servicios de telecomunicaciones, por lo cual está llamando a consulta pública para escuchar a todos los interesados.

Arroyo resaltó que las TIC representan un aliado indispensable para lograr el desarrollo y la inclusión social.

Afirmó que la ley permitirá enfrentar la brecha digital que existe en la República Dominicana.

“Se necesita una nueva ley para profundizar la masificación del acceso a Internet y el desarrollo de los mercados de telecomunicaciones y ecosistemas digitales nacionales, como también los niveles de competitividad del país y lograr la plena inserción en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”, indicó.

La consulta

Expresó que el Consejo Directivo del Indotel abrió una consulta pública para tratar el documento creado bajo la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con miras a modificar la Ley 153-98 y crear una nueva Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

En el proceso, además, participaron empresas prestadoras de la industria, representantes de los usuarios, de la academia y autoridades estatales.

El documento se encuentra disponible en el portal web del Indotel y se otorgó un plazo de sesenta días, que finalizan el 31 de mayo del 2021 para que los interesados contribuyan a identificar aquellos aspectos esenciales que deberían ser incorporados en la propuesta de reforma de la ley. Estos podrán ser presentados en las oficinas del Indotel o dirigidos al correo electrónico consultapublica@indotel.gob.do.

Arroyo resaltó que es importante reducir la desigualdad en el acceso a tecnología, es decir, alcanzar el mayor grado de acceso, conectividad y uso productivo de las TIC, lo cual permitirá al país elevar su nivel de competitividad, lo que se traduce en progreso económico e inclusión social para toda la población dominicana.

“Esto porque, en definitiva, un marco regulatorio sólido en materia de tecnologías de la información genera un ambiente propicio para la inversión nacional y extranjera que redunda en avance económico para toda la nación”, dijo.

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Infografía
Nelson Arroyo, presidente del Indotel. (FOTO INDOTEL)

Anteproyecto de ley

El borrador debe ser consensuado con todos los sectores para elaborar un anteproyecto de ley que contemple la actualización y modernización de la normativa y alcance de sus disposiciones, considerando la evolución tecnológica y del mercado que caracteriza la instalación y operación de las redes y la prestación de los servicios tecnológicos.

La propuesta incluiría además la incorporación de conceptos y elementos estratégicos en el marco legal como consecuencia de esa evolución, y la revisión de mejores prácticas y tendencias legales en Latinoamérica y el Caribe; también, el fortalecimiento de los instrumentos asociados a la definición de políticas públicas, la regulación y la inspección, control y vigilancia sectorial.

El documento elaborado entre Indotel y el BID reconoce que, tras más de 20 años de vigencia, la Ley General de Telecomunicaciones, 153-98, ha jugado un papel determinante en el desarrollo que ha logrado este sector en la República Dominicana.

Bajo la normativa actual ha sido regulada la instalación, mantenimiento y operación de redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, pero al mismo tiempo se identificó la oportunidad y necesidad de evolucionar hacia un marco legal moderno.

En tal sentido, la propuesta de dicho anteproyecto de ley es que defina claramente todos los elementos que la tecnología de hoy pone a disposición de la colectividad, a fin de actualizar toda la reglamentación en torno a este tema, incorporar estrategias, implementar mejores prácticas legales y, en definitiva, fortalecer las políticas públicas, la regulación y la vigilancia relativa a todo lo relacionado con el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones.

La norma debe ser vista como un elemento que, entre otros aspectos, promueva de manera efectiva y segura la inversión, la competencia, el uso eficiente de la infraestructura y la cooperación entre el Estado y el sector privado.

Para la elaboración de dicha normativa es necesario identificar mejoras o novedades regulatorias que sirvan a los propósitos de complementar un marco legal flexible y coherente, orientado hacia un sector de las telecomunicaciones robusto como cimiento de la transformación digital.

Importante destacar que, mediante el Decreto 539-20 del 7 de octubre de 2020, se declaró de interés nacional, el derecho de acceso universal a Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las TIC, y se dieron instrucciones al Indotel para la formulación de un Plan Nacional de Banda Ancha y el desarrollo de un concurso público para asignar las frecuencias radioeléctricas en las bandas de 700 MHz y de 3,300 a 3,460 MHz.

Además, mediante el Decreto 71-21, del 8 de febrero de 2021, se creó el Gabinete de Transformación Digital para formular la agenda digital o estrategia nacional de transformación digital, compuesta por diferentes mesas de trabajo o comités temáticos, uno de los cuales se refiere a la conectividad y acceso, bajo la coordinación del Indotel.

Con miras a lograr estos objetivos, el Indotel cuenta con el apoyo técnico de dos expertos en la materia a nivel nacional e internacional, Joelle Exarhakos y Christian Lizcano, consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quienes vienen realizando los análisis necesarios para estructurar una propuesta de Ley TIC, proceso en el cual también participaron empresas prestadoras de la industria, representantes de los usuarios, de la academia y de autoridades estatales involucradas.

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