Mitigación de riesgos fiscales: someten leyes, obtienen créditos contingentes, pagan subsidios, y crean organismos

La identificación de medidas de mitigación es la estrategia del Gobierno para enfrentar desastres como los naturales cuyo daño potencial en los bienes inmobiliarios expuestos se ha estimado en US$153,000 millones.

A los naturales, se les suman otros riesgos como los asociados al sistema de pensiones de repartos, a los choques macroeconómicos externos, y las alianzas público-privada. Y para enfrentarlos, en 2002 fue promulgada la Ley de Gestión de Riesgos, No. 147-02, “la cual define una política de gestión de riesgos con el propósito principal de evitar o reducir las pérdidas de vidas y los daños que pueden ocurrir sobre los bienes públicos, materiales y ambientales”, explica el primer Informe de Riesgos Fiscales, incluido en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el 2020.

Esta ley define los instrumentos, como el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos, el Plan Nacional de Emergencia, el Sistema Integrado Nacional de Información; y el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Fondos para emergencias

En el caso de los desastres naturales, la Ley Orgánica de Presupuesto, número 423-06, asigna un 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central para cubrir imprevistos por calamidad pública. Desde el 2018, a este porcentaje se le puede adicionar un 0.5% del PIB nominal del año del suceso, debido a que, desde ese año, se introduce en el Presupuesto General del Estado un artículo que lo autoriza.

Asimismo, el Gobierno dominicano firmó dos préstamos de contingencias “para dar respuesta inmediata ante la ocurrencia de desastres naturales”. Uno firmado con el Banco Mundial, por un monto de 150 millones de dólares; y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto máximo de 300 millones de dólares.

También, con la asistencia del Banco Mundial, se creó una plataforma tecnológica diseñada para cuantificar los potenciales daños sectoriales por desastres naturales en el territorio nacional, que es denominado como el “Sistema de Recopilación y Evaluación de Daños para la República Dominicana (SIREDRD)”.

Asimismo, se creó el equipo de Evaluación del Impacto Socioeconómico y Fiscal de los Desastres Originados por Fenómenos Naturales, (EEISEF), en República Dominicana.

El peaje sombra

Otro riesgo fiscal es el asociado a las alianzas público-privada. Y como parte de la estrategia de mitigación, en 2018 el Poder Ejecutivo sometió el anteproyecto de ley sobre alianzas público-privada, que “asigna funciones al Ministerio de Hacienda sobre el análisis de riesgo fiscal y pasivos contingentes que debe llevarse a cabo antes y después de cada iniciativa”.

Sobre esta modalidad de riesgo fiscal, hay que recordar el caso de la autopista Santo Domingo-Samaná, que en la práctica se ha convertido en parte de la deuda pública, al tener el Estado que pagar un subsidio denominado “peaje sombra”. Este monto crece cada vez que el Consorcio del Nordeste decide aumentar el peaje. Para el 2019 el Gobierno destina a ese subsidio RD$3,566.9 millones, RD$978.8 millones más que la cantidad pautada en el presupuesto vigente.

Para el 2020, ese subsidio es mucho mayor. Asciende a 4,647.9 millones de pesos, RD$1,081 millones más que en el presente año.

Edwin Ruiz